Herramientas para un modelo en crisis

La superación de la actual crisis que padece el país –seguramente la de mayor entidad y de más profundas proyecciones que ha sufrido la República en este nuevo tiempo democrático–, así como la formulación y ejecución de una política de desarrollo económico social, tendiente a promover la prosperidad y la justicia social, requieren de un amplio consenso y de una honda solidaridad para asegurar su éxito.

Si bien debe partirse del reconocimiento que el trazado de los grandes objetivos nacionales es responsabilidad primaria del gobierno, en tanto representante legítimo del interés general, es igualmente cierto que todos los sectores de la actividad del país deben ser oídos, en un diálogo creador y fecundo y tener una participación efectiva desde el inicio, en la elaboración y la ejecución de todos los programas que se articulen, para el cumplimiento de las metas previstas.

En las actuales circunstancias, la superación de la crisis requiere de la concertación de un gran acuerdo nacional, que convoque a los distintos grupos sociales y al Estado.

En este orden de ideas, la propia Constitución de la República prevé en sus artículos 206 y 207, así como en el artículo 230, la creación de mecanismos de participación de la sociedad en la formulación y discusión de esas políticas de desarrollo que el país necesita con urgencia.

En efecto, en la Sección XII de la Carta Magna, a través de los dos artículos citados en primer término, se establece la facultad legal de crear un Consejo Nacional de Economía, compuesto por representantes de los intereses económicos y profesionales del país que, con carácter consultivo y honorario, refleje el pronunciamiento de la sociedad civil. Organismo al que permite incluso sostener sus puntos de vista ante las Comisiones del Legislativo.

Del mismo modo, el artículo 230 de la Constitución encomienda al Poder Ejecutivo, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la formación de Comisiones Sectoriales en las que deberán estar representados los trabajadores y las empresas públicas y privadas, a efectos de formular los planes y programas de desarrollo y las políticas de descentralización.

Como puede apreciarse, mecanismos ambos ideales para posibilitar y garantizar la más amplia participación de los sectores de la población que la actual crisis involucra; participación que deberá traducirse en instancias efectivas e insoslayables, y deberá abarcar a las organizaciones públicas y privadas y a los agrupamientos ciudadanos a nivel nacional y también departamental y local.

En lo que refiere al primero de estos instrumentos ha sido presentado hace pocos días en el Senado un nuevo proyecto de creación del Consejo de Economía Nacional, aspiración de larga data que cuenta con antecedentes de proyectos anteriores presentados por el Partido Colorado, el Nuevo Espacio y el Frente Amplio. Como puede verse, un amplio espectro del sector político del país, capaz de garantizar –de existir la voluntad imprescindible– la aprobación del proyecto.

En cuanto a las Comisiones Sectoriales en la órbita de la OPP corresponde al Poder Ejecutivo tomar iniciativa en el tema, a fin de garantizar esa participación imprescindible de los sectores sociales vinculados a la producción y el trabajo, en la elaboración de los planes de contención de la crisis primero y desarrollo productivo del país luego, que la hora requiere.

Como bien afirma el vicepresidente de la República, profesor Luis Hierro López, en un reportaje publicado por el matutino El País, «Uruguay no tiene tiempo» –porque «sabemos que hay gente que hoy está sufriendo», «que hay niños en la calle y que hay gente que no tiene trabajo, ni un plato de comida caliente»–, el país «está en un tiempo crucial de reformas» que deben hacerse «en el más breve plazo», pero –agregamos nosotros– deben hacerse igualmente, posibilitando la más amplia participación.

Es entonces que llamamos a dejar de lado los personalismos y mezquindades políticas, y asumir –todo el sistema político– la responsabilidad conjunta para con el colectivo social, poniendo en funcionamiento los mecanismos que la propia Constitución habilita para conjugar situaciones como la que hoy padece el país. *