Un activo operador civil de la dictadura

«Un memorándum que causa repugnancia».

Carlos Cassina, Senado de la República

La fiscal Mirtha Guianze acaba de solicitar a la jueza Rosario Berro que cite a declarar al ex Ministro de Relaciones Exteriores durante la dictadura. De acuerdo con los datos proporcionados por fuentes consultadas por Búsqueda, las indagaciones en torno al secuestro y desaparición de Elena Quinteros llevarían también ante el fiscal a los diplomáticos Guido Michelín Salomón, Julio Lupinacci y Alvaro Alvarez, también activos gestores de la política exterior de la dictadura, verdaderos «comandos civiles» del Plan Cóndor.

El expediente de estos cuatro funcionarios de la dictadura tiene como particularidad el hecho de que es el único caso en el que, desde el Estado, se llevó adelante una investigación administrativa. Nos referimos a la realizada en 1986 y 1987 por la doctora Luján Flores de Sapriza, funcionaria letrada de la Cancillería que realizó un notable esfuerzo de documentación e indagación.

Entre los cientos de páginas oficiales reunidas por la doctora Flores surgió a luz pública un «memorándum secreto», elaborado por el director de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Alvaro Alvarez, con fecha 2 de julio de 1976, es decir, en plena crisis diplomática desatada por el asalto a la sede de la Embajada de Venezuela en Montevideo.

En el documento se examinaba, sin reticencias ni rubores, y sin apego a las leyes divinas ni a las humanas, «qué hacer con la mujer«, en un tácito reconocimiento de que se encontraba en manos de los servicios de seguridad del Estado. El contenido de este «memorándum» suscitó en 1990 un pedido de informes y luego una comisión investigadora y un debate en el Senado de la República.

En la comisión investigadora hubo más de una opinión. El informe «en minoría», sustentado por el senador Carlos Cassina, del Partido Por el Gobierno del Pueblo, fue contundente. También lo fue el informe exhaustivo y demoledor del senador frenteamplista Germán Araújo.

Después de analizar toda la actuación de la Cancillería en el episodio y los días que siguieron, el senador Cassina concluye: «Aun admitiendo, por un momento, que el memorándum constituyera una hipótesis de trabajo –lo que se ha demostrado fehacientemente que no es– qué decir del manejo frío, profunda e inexcusablemente inmoral que en él se hace de las ventajas y desventajas políticas de las alternativas de «entregar» o «no entregar» a «la mujer» objeto del acto que expresa y reiteradamente se reconoce como «ilícito»?

«Lo menos que puede decirse, concluye Casina, por parte de cualquier ser humano con sentimientos normales, es que causa repugnancia. Que constituye una abyección.

Basándose en un dictamen del doctor Gonzalo Fernández (actual integrante de la Comisión para la Paz) el senador Cassina sustenta la opinión de que es necesaria la acción penal.

Dice el doctor Gonzalo Fernández: «Con la información de que dispongo, me atengo a dos hechos concretos, teleológicamente vinculados entre sí, que asumen a mi entender relevancia penal:

a) haberle encomendado a uno de sus asesores inmediatos la elaboración de un memorándum, con el estudio de las diversas disyuntivas de acción,

b) haber participado en una reunión con los altos mandos castrenses, en la cual se habrían considerado los criterios en el momorándum de referencia, presumiblemente a efectos de adoptar una decisión»

 

La reactivación del presumario judicial es el resultado de la solicitud del abogado de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, doctor Pablo Chargoñia. *