La justicia como un hecho natural

CARLOS SANTIAGO

 

Nuestra sociedad, agredida por años por una dictadura militar–quizá la más tiránica en el sentido globalizador de la palabra, de cuantas asolaron la región– tuvo una justificación comprensible para dividirse en dos grupos opuestos en el plebiscito convocado para anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Todavía había mucho temor por lo que se había vivido, por que se repitieran las torturas, los asesinatos, las desapariciones, que siguiera funcionando el «terrorismo de Estado», la más repugnante fórmula represiva.

Que siguieran los piquetes de soldados en las calles, que se persiguiera por las ideas a hombres y mujeres que en alguna ocasión se hubieran expresado (o no) contra los que violaron la Constitución, que se prohibiera el pelo largo y la barba, que se vigilaran las lecturas, se clausuraran y censuraran los medios de prensa, las obras teatrales, que se «tacharan» palabras y, además, que hubiera hijos, entenados y defenestrados para cualquier actividad que alguien pudiera llevar adelante. Recordemos las actas institucionales que calificaron a la población bajo tres letras.

La mayoría de la gente que consagró la Ley de «impunidad», no lo hizo por estar de acuerdo en que no se castigara a quienes, como Gavazzo, Cordero, Silveira y Campos Hermida, están acusados de crímenes de lesa humanidad, tanto en nuestro país como en el exterior, sino por creer que esa salida aventaba para siempre la posibilidad de que otro grupo mesiánico, adorador del odio y la discriminación, asaltara el poder.

Ese proceso, ya a décadas de aquellas jornadas históricas, dada la traumatizante coyuntura vivida, es comprensible. Mucha gente sumó a lo vivido durante los años de oscuridad, la machacona propaganda del gobierno de Julio María Sanguinetti que, seguramente, debió haber levantado su copa junto al general Medina por el resultado de aquella consulta popular en que, objetivamente, se pisoteaba a la justicia.

Sin embargo, lo vivido hasta nuestros días nos hace coincidir con lo que sostienen algunos autores, que aseguran que la justicia es un hecho natural, que tiene vinculación con el individuo y su organización en sociedad. Que las leyes son la expresión de esa forma de vida, y que las que son antinaturales, comienzan a agrietarse, como los muros de adobe, para derrumbarse ante cualquier tempestad.

Los hechos se suceden y porfiados vuelven nuevamente a lo ocurrido por aquellos años. El juez argentino Canicoba Corral, luego de analizar una copiosa documentación que incluye los «archivos del terror», ha podido probar fehacientemente la existencia del llamado «Plan Condor», decretando el procesamiento del dictador argentino Jorge Rafael Videla. En el marco de la misma investigación es que solicitó la detención en nuestro país de los tres ex militares y el ex policía, partícipes en delitos de todo tipo en el local de detención llamado «Automotores Orletti». Fue la vesania más atroz, la expresión más cobarde de un régimen dictatorial implantado desde el norte con el fin de comenzar el proceso de aplicación de las recetas neoliberales.

Por supuesto, estos cuatro tristes personajes, no fueron los únicos responsables de lo ocurrido, sino las manos ejecutoras de órdenes cuyos mentores nunca quisieron dar la cara, algunas provenientes de golpistas que nunca llevaron uniforme pero que, tarde o temprano, la historia marcará a fuego.

Son los mismos, la misma especie, que hoy pretenden mantener a las Fuerzas Armadas en hibernación, como reaseguro de sus intereses. Es que temen que algún día ocurra que los jefes de familia sin trabajo, sin comida para sus hijos, los jóvenes, las madres desesperadas, se organicen para protestar e integren «piquetes» de protesta, como pasó en Salta, Argentina. Allí se aplacó la movilización con francotiradores de la gendarmería que asesinaron a varios de los que manifestaban, tal como lo demostró el periodista Jorge Lanata en su programa.

Aquí, quizás algunos piensen en alguna otra estrategia, para la que tendrían que sacar a los uniformados de los cuarteles. ¿Quizá piensen que habría que desempolvar los «tachos» y las «picanas»? Si ello ocurriera, ¡qué triste el papel el de los uniformados! Utilizados una vez y utilizados otra con el mismo objetivo; no defender a la Patria ni atrincherarse a favor de la Constitución, sino salir a la calle a agredir a la gente por los intereses de una minoría. Y luego de ese accionar, cargados de odio y delitos, volver a estar confinados en sus cuarteles, para la nada.

Por ello al comienzo de esta nota hablamos de la justicia como un hecho casi natural en la organización social que, a la corta o a la larga, puede ser ratificada por los tribunales o por el veredicto de la historia. Que los cuatro tristes personajes sigan siendo amparados en nuestro territorio no es un hecho trascendente, pues tarde o temprano se hará justicia.

Es, más bien, un tema que califica a quienes toman la decisión. *