El peligroso camino de la desregulación

VICTOR ROSSI

 

El país está viviendo transformaciones regresivas que pueden llevarnos a que un día no podamos reconocer ni al Río de la Plata.

Nuestra historia como sociedad estructurada e integrada, construida en base a múltiples pactos de solidaridad, se está desintegrando bajo el argumento de que los cambios mundiales nos obligan a un borrar y empezar de nuevo.

Claro que esto no se manifiesta así por los promotores del cambio regresivo, sino que lo adornan con discursos elaborados que apuntan a hacer creer a la población que la economía será reactivada, si se recurre a otros instrumentos e instituciones.

Por eso cuando hablan de economía, de enseñanza, de seguridad social o de salud –por sólo poner cuatro ejemplos– apuntan a destruir las bases de las construcciones históricas de nuestra sociedad.

Este largo proceso que comenzó a fines de la década del 60, ha logrado avanzar en medio de marchas y contramarchas. Y desde el 1º de marzo de 2000 la reversa ha sido el único cambio manejado por el gobierno.

Hace varias décadas que se vienen erosionando pilares básicos de aquel Estado de bienestar que se construyó con la confluencia, no pocas veces con conflictos internos importantes, del batllismo, la izquierda y el nacionalismo progresista.

Debilitaron a la enseñanza estatal, se empobreció a Salud Pública –se cuestiona ahora el mutualismo– ponen bandera de remate a lo mejor de las empresas públicas como Antel y Ancap y hoy se aprestan con la desregulación a dar por fenecidos todos los derechos laborales.

De esta forma las mejores conquistas sociales –esas que hacen a la calidad de vida de la gente–, comienzan a desintegrarse en el cajón de los desechos. Hoy miles de trabajadores negocian individualmente su trabajo –la posibilidad de empleo y el monto de su salario–, sin poder exigir salario vacacional y horas extras, al encontrarse absolutamente desprotegidos. Dicen que esa anunciada ley de desregulación laboral lo único que hará será reconocer la realidad, porque en la mayoría de los casos los empleadores y empleados han acordado cambios de similar envergadura.

Eso es una verdad a medias y toda verdad a medias es una mentira. No se conoce ningún sindicato, ni los que se han visto obligados a aceptar las nuevas reglas de juego, que haya dicho que lo mejor para los trabajadores es que no existan convenios colectivos, ni legislación que proteja sus derechos más elementales como el salario vacacional, goce de licencia, día de descanso, horario de trabajo.

Es que los sindicatos, no todos, se han vistos obligados a recorrer ese camino porque el proceso de desindustrialización del país es dramático y precipitado, lo que ha llevado a que la prioridad de los uruguayos sea la defensa y la conquista del empleo. La Cámara de Industrias ha sido clara en este aspecto, al referirse a lo ocurrido en la última década: «Tanto la cantidad de unidades productivas como el personal ocupado en el sector, se redujeron aproximadamente en un 40%».

Si los anuncios del gobierno confirman que todo quedará librado a la voluntad del empleador, siempre el más fuerte en un momento de crisis como la nuestra, no sólo van a saltar en pedazos los lazos gremiales que se construyeron durante décadas, sino que se van a vivir situaciones peores –del punto de vista laboral– a las experimentadas durante la dictadura. Será el ciudadano-trabajador aislado, solo, defendiendo su sobrevivencia y la de su familia, enfrentado a otro ciudadano-trabajador con la misma actitud. Ambos van a sufrir la inmediata baja de los salarios y una mayor inestabilidad en el trabajo. Y es una absoluta mentira decir que habrá más empleo, porque la desregulación y el trabajo en negro van a provocar una mayor desocupación. A lo sumo podrá haber un repunte del empleo de cuarta o quinta categoría, transformando a nuestra gente en simples maquiladores, como los que trabajan en la frontera México-EEUU o en las «fábricas flotantes» asiáticas.

Estaremos ante una sociedad disgregada, sin lazos de solidaridad, lo que va a dañar al individuo en concreto pero también a la democracia, que se ha sustentado no sólo en los partidos y en la Constitución de la República, sino también en los agrupamientos gremiales, que son fundamentales para lograr acuerdos sociales que tiren abajo la insultante tasa de desempleo del 16%.

Por el desarrollo, el trabajo, el empleo y la producción, por la democracia misma, el gobierno debe archivar la idea de la ley desreguladora, como lo hizo cuando tuvo que reconocer que se había equivocado con la irresponsable rebaja del boleto metropolitano. *