Un vigoroso paso contra la impunidad

La decisión adoptada por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral de procesar al ex dictador argentino Jorge R. Videla tiene una gran importancia para la Argentina, también para Uruguay, y constituye un vigoroso paso en la lucha que en la región se libra contra los hasta ahora impunes personeros del terrorismo de Estado.

La pieza documental que fundamenta la decisión del magistrado, de alrededor de 500 páginas, contiene a través de testimonios y documentos, los aspectos sustantivos de una hora ominosa para nuestros pueblos: desapariciones, crímenes, torturas, orquestadas por los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay con la paternal aquiescencia de las autoridades diplomáticas y políticas de los Estados Unidos.

Justamente, uno de los elementos en cierto sentido nuevos de la requisitoria del juez Canicoba lo constituye la incorporación de informes, recientemente desclasificados en los EEUU, fechados en Buenos Aires el 28 de setiembre de 1976, en pleno desarrollo del plan de secuestro y exterminio contra los militantes políticos uruguayos residentes en aquella ciudad. El contenido de una comunicación del agente del FBI Robert Scherrer viene a convalidar desde otra fuente las denuncias aportadas por algunos sobrevivientes de la masacre, como Sara Rita Méndez, y por otros testimonios procedentes de las filas de los represores.

En ese sentido, la pieza judicial preparada por el fiscal federal Miguel Angel Osorio y ahora refrendada por el juez Canicoba constituye un registro de la documentación que se ha venido reuniendo en los últimos 25 años sobre los crímenes del Estado terrorista. Desde el material hecho público del Archivo del Terror en Asunción del Paraguay, hasta las declaraciones de Otto Paladino, y los testimonios de Lautaro Arancibia Clavel y de Aníbal Gordon en Buenos Aires.

Es en el marco de estas acciones de justicia que las autoridades argentinas preparan el exhorto con los pedidos de captura de Silveira, Gavazzo, Cordero y Campos Hermida, que tanto preocupa a las autoridades uruguayas.

Junto con el pedido de captura de los funcionarios uruguayos, los magistrados argentinos solicitaron la del ex dictador Alfredo Stroessner. Según se prevé, el próximo paso sería el pedido de extradición del general Pinochet.

Dada la situación del general Videla, que ya está preso por el delito de «robo de bebés», y para eludir cualquier maniobra en favor del acusado por el argumento de que se trata de «cosa juzgada», Canicoba imputa a Videla su responsabilidad política y no como comandante en jefe del Ejército.

La contundencia del escrito, las numerosas y precisas referencias fácticas, la importancia política y simbólica no sólo de la prisión de Jorge Rafael Videla sino del conjunto de testimonios aportados por el magistrado hacen de esta decisión un elemento consistente, de peso, que genera en cualquier ciudadano la indignación por la gravedad de las acusaciones formuladas y la preocupación de que se sustancien cuanto antes las diligencias judiciales solicitadas.

Sólo medios de comunicación serviles pueden ignorar –como han hecho en nuestro país buena parte de los medios– la gravedad y contundencia de los hechos considerados.

Poner trabas al proceso de investigación judicial sobre el más repugnante plan de exterminio de opositores a las dictaduras, la Operación Cóndor, que se lleva adelante en Argentina, no es un hecho banal. Alzarse contra la Justicia argentina que investiga, y defender a los acusados de crímenes graves es entregar piezas esenciales en el ordenamiento democrático.

Si eso ocurre, para vergüenza del país, será difícil no concluir que los terroristas de Estado siguen teniendo en el país apoyos suficientes como para seguir siendo intocables. *