Dos visiones de país

«Para resolver los índices de desocupación, altos o bajos, las medidas son siempre las mismas. ¿Cómo se calcula un índice de desocupación? Se calcula por las personas que buscan trabajo, no por las que ya lo tienen. Mide cuántos salen a buscar trabajo, que antes no salían porque el jefe de familia tiene un empleo y no son necesarios mayores ingresos. O sea, cuando la desocupación está en el 9%, que es una cifra histórica del país, y que está siempre ahí, en un piso del 3, o del 4 o 5%, que es el que no baja en ningún país del mundo, porque son las amas de casa, los jóvenes que no buscan empleo, los estudiantes, ese plus que va del 4 al 9% es gente que está buscando empleo, que tiene la misma necesidad si pasa del 9 al 10, o 12%. Quiere decir, que las medidas son siempre las mismas».

Así opinó el doctor Jorge Batlle, en su visita a Salto, acerca del tema del desempleo. Esta es la visión y la respuesta del conductor del país, para los más de tres de cada diez conciudadanos afectados por el flagelo.

¡Y no es de extrañar esta postura casi desdeñosa del doctor Batlle! Al fin y al cabo, coincide con la de su ministro Bensión que en mayo pasado declaraba: «El empleo en el país ha venido subiendo en los últimos cinco meses en forma permanente y estuvo, en el primer trimestre de este año, entre los mayores valores de los últimos años».

Como también se encuadra en las afirmaciones del director «vitalicio» de la OPP, contador Davrieux, que en 1995 afirmaba que «la desocupación sólo creció un 0,1%, lo que equivale a 500 personas más»; en 1996 proclamaba que «Uruguay está en el primer mundo» y en 1997 prometía el «descenso del desempleo hasta el 8% en 2 años.

Todos, en una línea común de pensamiento que insiste en restar trascendencia a la problemática del desempleo, presentándolo como un tema coyuntural, ajeno a la endemia del modelo económico.

En tanto, la crisis ocupacional continúa su línea ascendente: de un 8,5% en 1989, pasa al 9,2% en 1994, se ubica en 11,8% en 1999 y llega a nuestros días con un índice superior al 15%, el mayor desde que en nuestro país se llevan estadísticas.

Este carácter excluyente del modelo económico que padece el país se expresa con crudeza en el último estudio del INE que establece que «en los dos últimos años se perdieron, como mínimo, 240.400 puestos de empleo de tiempo normal, debido al incremento de la desocupación y de la cantidad de personas con trabajo de poco horario». Según el informe que corresponde al año 2000, la desocupación, el subempleo o la precariedad alcanzaron a 432 mil personas, o sea el 35% de quienes están en condiciones de trabajo.

A la vez, los ingresos de los hogares medidos en dólares, se redujeron un 5,8% respecto del año anterior; ambos factores –desempleo y bajo ingresos– son los principales promotores del aumento de la marginación y de los asentamientos irregulares a razón del 10% anual.

No obstante, la soberbia dogmática de los conductores de la política económica del país, desprecia estos datos de la realidad, del mismo modo que desoye los reclamos de las organizaciones sociales y sindicales, de industriales y comerciantes, de productores, de la Iglesia y aún de sus propios correligionarios que sostienen que «el empleo ya no es un problema», sino que «pasó a ser una prioridad».

Es como si la obsesión en la aplicación y defensa de un modelo que el país soporta hace más de treinta años, les hubiera hecho perder la noción real de sus funciones al servicio del colectivo social.

En estos tiempos de rescate de los valores, cabe recordar que son aquellos consagrados en la Constitución, los que dan asiento y sustancia a nuestra comunidad. Y que en ese sentido, la Carta Magna sitúa al trabajo «bajo la protección especial de la ley» y fija en el Estado la responsabilidad de «ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de ganar su sustento a través de una actividad económica».

De ahí entonces, nuestro llamado a la responsabilidad a gobierno y conducción económica del país, nuestro reclamo de sensibilidad para con los cientos de miles de compatriotas que hoy padecen la crisis, la urgente instrumentación de medidas efectivas de solución al desempleo y la generación de ámbitos de participación que, como el Consejo de Economía Nacional previsto en la Constitución de la República, posibiliten el consenso necesario acerca del modelo económico que el país requiere. *