La democracia bajo presión

Como más de una vez se ha hecho notar desde las corrientes más actuales de la sociología, en las democracias contemporáneas han tendido a acrecentar su gravitación los llamados «poderes fácticos».

En ese mismo rumbo teórico modulan sus conceptos quienes observan las dificultades de nuestras democracias desde la óptica del crecimiento excesivo del peso político de los órganos no electivos que componen el aparato estatal.

Una y otra observación, de porte académico, dan cuenta de fenómenos generales, característicos de los estados modernos y en particular de los regímenes institucionales que sobrevinieron con posterioridad a las dictaduras de los años setenta y ochenta.

Ajustando la observación al devenir político en Uruguay, vale la pena incorporar el análisis de una serie de mecanismos que desde los factores de poder del «statu quo» se emplean en forma sistemática como factor de inhibición del cambio.

La paleta conservadora es rica en variaciones y sus operadores fecundos en ocurrencias.

Así, por ejemplo, en el curso de un debate parlamentario acerca del destino de las empresas públicas, un senador del Partido Nacional sostuvo que la responsabilidad de la ausencia de inversores extranjeros era del Frente Amplio-Encuentro Progresista, ya que –según recordaba el legislador– en oportunidad de debatirse en el país la Ley de Empresas Públicas aprobada por el gobierno herrerista y aprobada por el Parlamento, los críticos de la ley habían difundido una publicidad que calificaba a los eventuales compradores extranjeros de empresas públicas uruguayas, como «piratas».

Algo similar ocurre con las críticas que desde posiciones afines al gobierno despiertan las propuestas del Plan de Emergencia. En particular todas las que tienen que ver con la aplicación de un modelo tributario más justo, que oriente la recaudación gravando a los sectores económicamente más favorecidos.

La sola insinuación de normas tributarias pensadas con sentido de justicia social es presentada como un «factor de inestabilidad». La lógica malévola de este tipo de razonamiento conduce a sostener que cualquier pretensión de establecer impuestos sobre las grandes fortunas provocaría la reacción de los mismos, el retiro de capitales, el cierre de empresas y, en última instancia, el agravamiento de la situación social que se procuraba atender con los recursos obtenidos.

A esto habría que agregar el conjunto de tópicos que tanto en la elección de 1994 como en la de 1999 se hizo circular ampliamente: en caso de un gobierno progresista la presión sobre el dólar sería tan fuerte que el país estaría al borde del caos.

Se trata de una exagerada presión sobre la ciudadanía. Con antecedentes y algunas innovaciones acordes con los últimos gritos de la moda. Por momentos esta presión recuerda a los mefíticos anuncios de que, en caso de triunfar la izquierda, Uruguay sería ocupado por los «tanques soviéticos» o que para realizar un eficiente «lavado de cerebros» los niños serían enviados a Rusia.

Formas de intimidación más o menos habilidosas operan también en otros planos, como en el de la vigencia de los derechos humanos. Para los defensores del «statu quo», hasta el cumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales puede resultar un factor de inestabilidad si remite a la responsabilidad de los «intocables», acusados desde hace más de veinticinco años de violaciones graves a los derechos humanos.

Hace unos años, el actual presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, escribió: «Sin reformas efectivas del sistema productivo y de las formas de distribución y apropiación de riquezas, no habrá Constitución ni estado de derecho capaz de suprimir el olor a farsa de la política democrática».

A eso huelen los ataques reiterados a las propuestas progresistas. *