También hay un capítulo uruguayo en la lucha contra el blanqueo y la corrupción

Contra algunos pronósticos bañados en escepticismo, finalmente el juez Jorge Urso decidió el procesamiento con prisión preventiva del ex presidente argentino Carlos Menem, como jefe de una asociación ilícita destinada a la venta de armas al exterior, entre otros delitos que incluyen el de falsificación ideológica. La sentencia agregó, además, el embargo de sus bienes por tres millones de dólares.

Para el juez actuante, «Menem actuó con acabado conocimiento de las conductas de los componentes del grupo que había formado no sólo por el papel ‘protector’ que ejecutó como garantía de impunidad sino también signando los decretos que oficiaron como cobertura y definiendo los roles dentro de la congregación».

Sin acudir a la ingenua pretensión de entender cabalmente el desarrollo de la acción política en la Argentina, alejada en sus estilos y modalidades de la nuestra, las decisiones del magistrado han permitido que aparezcan, como una «fractura expuesta», los estremecimientos –las lacras de la corrupción política y las virtudes de quienes con coraje las combaten– que sacuden la vida institucional y los escaños judiciales de nuestros vecinos.

En este contexto, resultan ilustrativas algunas respuestas formuladas para la edición de ayer de LA REPUBLICA por parte de la legisladora Elisa Carrió, de reciente y enérgica intervención en la campaña judicial y de opinión pública contra las maniobras de blanqueo encabezadas por el banquero menemista Raúl Moneta.

En su extrema complejidad el asunto tiene aristas que resultan de mucho interés para los uruguayos; como por ejemplo, las ramificaciones de la corrupción en Argentina. Como agudamente advierte Carrió en su diálogo con Isidoro Gilbert: «Deberíamos llegar a una cooperación donde exista una legislación en Uruguay que no permita estos secretos de sociedades que puedan ser utilizadas en ilícitos por los argentinos. Esto no le trae beneficios a Uruguay, pero sí muchas sospechas», y agrega: (si esto no cambia) «Uruguay quedará implicado si a través de su legislación facilita este tipo de operaciones (ilícitas)».

Volúmenes de dinero inimaginables, vínculos evidentes con el poder político y financiero, el poder de los grupos mafiosos en la región ha crecido a una velocidad sorprendente.

La batalla de la justicia en el caso de la venta de armas, la acción arrojada y certera de la doctora Carrió, las faenas de funcionarios policiales calificados como los inspectores Reynoso en Argentina o Rivero en Uruguay pueden terminar con éxitos –todo lo transitorio que se quiera, pero que son un paso atrás– de las fuerzas perversas de la corrupción, de los artífices del blanqueo, la coima y la utilización del Estado para el enriquecimiento ilícito.

De estos reveses de la lucha contra la corrupción da cuenta un reportaje que en estos días ha publicada la revista veintitrés, que dirige Jorge Lanata. En el mismo, el experto mexicano en la lucha contra el blanqueo, Juan Miguel Ponce Edmonson, sostiene: «La salida de (Abel) Reynoso de la Argentina fue incitada por alguien o por muchos. Lo mismo sucedió en Chile, con el jefe de la policía de investigaciones, Nelson Neri, que terminó procesado por la Justicia por haber detenido a personas importantes. Lo mismo le pasó al jefe de la Policía uruguaya, comisario general Roberto Rivero, que hizo una muy buena investigación».

La capacidad de recuperación de las fuerzas disolventes de la corrupción es infinita. Y el combate aparece, a menudo, como desigual. Pero como dijo Elisa Carrió: Es un largo y duro camino que es necesario emprender. El otro camino es la resignación y el escepticismo, que son justamente el modelo cultural que nos quieren aplicar. *