Dos desafíos para el gobierno

El Estado uruguayo enfrenta en estos días dos importantes desafíos de cuyo buen fin depende en gran medida la credibilidad del país.

Ambos tienen que ver con la Justicia argentina e involucran, obviamente, al Poder Judicial uruguayo; pero no sólo a éste, pues el Ejecutivo desempeña un papel nada despreciable, y en gran medida el resultado final está en función de la voluntad política que demuestre su titular.

Por un lado, el juez Urso –que investiga el escándalo de la venta de armas a Croacia– pide el levantamiento del secreto bancario para investigar ciertas cuentas que operan en esta plaza y que aparentemente dejarían al desnudo los manejos para blanquear el dinero producto del suculento negociado por el que se enriquecieron altos jerarcas del gobierno menemista y que motivó el procesamiento del propio ex presidente.

Por otro, el exhorto del juez Canicoba solicitando una orden internacional de captura y la posterior extradición de los cuatro tristemente célebres responsables de terrorismo de Estado. Son nombres vinculados a los peores crímenes desde hace más de veinte años. Primero mencionados en voz baja en las informaciones que circulaban a pesar del terror instaurado; más tarde, oficialmente reconocidos por las víctimas sobrevivientes del infierno represivo en ambas orillas del Plata. Fueron los grandes beneficiarios de la Ley de Caducidad.

Se trata, innecesario parece destacarlo, de dos hechos independientes que no guardan relación alguna entre sí. Uno tiene que ver con la corrupción del gobierno menemista y el otro, con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del Plan Cóndor.

Lo que sí tienen en común es que en ambos casos, un Estado vecino –un país hermano, como gustan decir los propios gobernantes– solicita la colaboración del nuestro para que la Justicia pueda cumplir cabalmente su cometido.

Ambos episodios fueron tratados en estas páginas y ambos merecieron nuestro pronunciamiento unívoco, por lo que no corresponde insistir en su análisis y reiterar lo ya suficientemente dicho.

No obstante, no es ocioso destacar la especial importancia que revisten.

En efecto, tanto desde el punto de vista interno como de la imagen exterior del país, todos los ojos están puestos en el Estado uruguayo y en la forma en que éste responderá a los dos pedidos de la Justicia argentina.

Las autoridades –nos referimos al Poder Ejecutivo pues el Judicial goza de una independencia técnica y de una especialización que lo obligan a ajustarse estrictamente a derecho y a mantenerse al margen del manejo político– deben sopesar con cautela y con responsabilidad si es preferible garantizar las seguridades de nuestra plaza financiera o alinearse de manera clara en el combate a la corrupción.

Del mismo modo, deberán resolver si hacen prevalecer la impunidad doméstica por encima de los compromisos internacionales asumidos por el país.

Entendemos que no es un tema menor y que en él está en juego nada menos que la credibilidad del Estado uruguayo. Están en juego la confianza en la institucionalidad democrática y el respeto al orden jurídico.

“Siempre el coraje es mejor”, afirma Jorge Luis Borges. Es hora de que el gobierno uruguayo entienda la sabiduría de tal afirmación.

Accediendo a los dos pedidos, el gobierno no compromete la soberanía de la nación; antes bien, reafirma su apego a la legalidad. *