Seamos capaces de vivir y dejar vivir

Carlos Santiago

 

La función del periodismo en la democracia ha ido evolucionando para incluir la de ser vigilante de los poderes públicos. Es decir, se espera que los periodistas investiguen cuando los funcionarios elegidos violan los derechos y las libertades del ciudadano común, así como informen de otros hechos que hacen al correcto funcionamiento de un país.

Sin embargo, ello tiene su aspecto preocupante, porque sugiere que otras instituciones que regulan el poder en una democracia no están funcionando. La prensa se ha convertido en algunos países en el investigador, el fiscal y el juez, con el fin de llenar un vacío de poder. Ese es un papel muy peligroso para la prensa, por lo que es necesario delimitar funciones y conceptualizar los basamentos éticos con que actúa.

Por ello son bienvenidos los debates como el iniciado a partir de una fermental nota de Federico Fasano sobre el funcionamiento de esta actividad que, más allá de otras funciones vinculadas a democratizar el flujo de información, es esencial para la convivencia de las personas.

Es obvio que en democracia no existe otro camino posible que actualizar la legislación.

Partamos en primer lugar de una premisa: en Uruguay la libertad de prensa en los medios escritos pertenece al propietario del periódico, sea este un individuo, una empresa o una organización política o sindical. En la práctica se ponen en juego, ante cada conflicto, los criterios democráticos que se tengan, admitiendo respuestas y aclaraciones que hagan del medio periodístico un organismo abierto o cerrado, según la visión de cada responsable.

Otra cosa distinta ocurre en los medios electrónicos, donde se advierte el máximo nivel de arbitrariedad. Hay un ejemplo reciente de hasta dónde se llega en nuestro país en materia de censura. Hace pocas semanas los senadores del Encuentro Progresista   Frente Amplio (sector mayoritario en el Parlamento Nacional), realizaron una conferencia de prensa a fin de plantear algunas salidas a la crisis del país. La convocatoria determinó que varios canales de TV, entre otros medios de prensa, se hicieran presentes. Sin embargo, la trascendencia de la noticia para ellos fue menor, aunque la propuesta era más que espectacular para la gente. Varios de esos canales ni siquiera transmitieron la información, faltándole el respeto a sus televidentes. Sobre esos manejos hay más que decir: todos los que estamos vinculados a esta profesión sabemos muy bien los alambicados procesos de algún jefe de informativo que, cumpliendo órdenes, sólo admitía mencionar a un integrante del Frente Amplio, si previamente se hubieran emitido dos reportajes a colorados y uno a blancos.

¿Cuál es la diferencia que surge, entonces, entre los medios escritos y los electrónicos? Nada menos que los segundos usufructúan ondas que son del Estado, o sea, de todos los uruguayos, y que la mayoría de ellas ha sido concedida por la gracia y ¿responsabilidad? del partido político que se encontró eventualmente en el gobierno, a quien los agraciados propietarios (integrantes, tan solo, de tres familias) le deben favores. La obligación de informar –que tendría que estar considerada como un servicio público– se traslada a la decisión genuflexa de quienes siempre tienen facturas que pagar en el ámbito político. Es bueno recordar también lo ocurrido en torno al proyecto de TV cable de Federico Fasano, y de cómo el gobierno de turno consolidó un monopolio otorgándole a los canales de TV abierta el usufructo de su similar por cable, en una decisión claramente antidemocrática, que favoreció a un grupo de privilegiados (de nuevo las tres familias).

Por todo ello, los favorecidos –las empresas que usufructúan la televisión abierta– monopolizaron la por cable, además de varias radios (tratamos de no generalizar, pues existen algunos ejemplos dignos que defienden el derecho de la gente a estar informada), no tienden a hacer de la objetividad o la búsqueda de la justicia la pauta fundamental de la noticia.

Esteban Valenti en su nota del sábado pasado indicaba que el poderoso avance de las tecnologías está determinando que esos juegos malabares para desinformar que utilizan quienes usufructúan el monopolio, van deteriorándose. En ello tiene razón, pues la televisión cable, aunque sus propietarios sean los mismos censores de la TV abierta, siempre filtra elementos que hacen mejor y más democrática la información.

Este estado de cosas no tiene por qué ser siempre así ya que no hay un mal eterno que sea de naturaleza humana. No hay nada que no pueda ser cambiado por la acción social consciente e intencionada, provista de información y apoyada por la legitimidad. Hasta el poder monopólico de las tres familias.

Si las personas están informadas, si los medios de comunicación se convierten en mensajeros, en lugar de ser el mensaje, si los actores políticos reaccionan contra el cinismo y restauran la fe en la democracia. Si ello ocurre por nuestra decisión compartida, informada y consciente, entonces quizá seamos capaces de vivir y dejar vivir. *