Una hipótesis descabellada

Felizmente, la peregrina hipótesis de que el Frente Amplio podría no entregar el poder en caso de sufrir una derrota electoral en 2014 ha sido desechada por casi todo el espectro político.

Llama la atención que una idea tan descabellada haya podido ser emitida y reiterada y defendida con ahínco al día siguiente. El Uruguay de comienzos del tercer milenio ha sufrido una más que positiva evolución, y nada de la realidad actual puede hacer abrigar ni la más mínima sospecha de una intentona golpista: hemos logrado la sumisión de las Fuerzas Armadas al poder civil y nadie en el sistema político ­ningún dirigente de ninguno de los partidos­ consideraría seriamente la posibilidad de pisotear las instituciones.

Después de la trágica experiencia del pachecato y de la dictadura cívico-militar, no hay ni un solo uruguayo dispuesto a apoyar ninguna violación a la Constitución ni a las leyes. Todos hemos aprendido de aquella peripecia y hemos incorporado definitivamente los valores de la democracia y del Estado de Derecho; no hay espacio para soluciones autoritarias, ni de derecha ni de izquierda.

Esto que afirmamos ha sido públicamente expresado por figuras de primera línea de los partidos tradicionales. El senador colorado José Amorín Batlle se desmarcó inmediatamente al rechazar de plano la hipótesis planteada y señalar que «hoy todos los partidos políticos creen en la democracia»; agregó, asimismo, que grupos y movimientos que en otra época desdeñaron la democracia formal tienen hoy un desempeño democrático «y lo han demostrado».

El líder de Alianza Nacional, por su parte, también fue categórico al respecto al afirmar que actualmente en el país «no se dan las condiciones objetivas ni subjetivas para manejar una hipótesis de golpe de Estado o de ruptura institucional». Al mismo tiempo, Larrañaga señaló que hay una diferencia importante entre impulsar la anulación de la Ley de Caducidad ­a pesar de los dos plebiscitos que la ratificaron­ y una eventual negativa a entregar el poder a las autoridades electas.

El razonamiento en que se basa la hipótesis es precisamente ese. El cuerpo electoral se pronunció en dos ocasiones rechazando la derogación o la anulación de la Ley de Caducidad; el Frente Amplio impulsa una solución legislativa que la deje sin efecto; como ello implica desconocer dos pronunciamientos populares, es posible que también desconozca un eventual resultado electoral adverso.

No caben dudas de que estamos ante un razonamiento sofístico. En efecto, la Suprema Corte de Justicia, en su fallo que declara inconstitucional la Ley 15.848, establece en forma clara que la ratificación plebiscitaria de dicha norma no le otorga legitimidad alguna ni la torna constitucional; la Ley de Caducidad sigue siendo absolutamente contraria al ordenamiento jurídico y a los principios elementales del Derecho a pesar de que el electorado haya considerado que no era conveniente derogarla.