¿Baja de la edad de imputabilidad?

«Cualquier intento de disminuir la edad penal y aplicar el régimen de adultos a los adolescentes, implicaría, de concretarse, un lamentable e inaceptable retroceso en materia de protección de derechos humanos para nuestra región» (VII Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur-Asunción, 29 y 30 de marzo de 2007)

Hubo pleno acuerdo en las delegaciones de nuestros países en el marco de las reuniones previas –­realizadas en Brasilia y Asunción­ en expresar profunda preocupación ante las recurrentes iniciativas que pretenden aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley, el régimen penal de adultos desde edades cada vez más tempranas, asociando la inseguridad al mundo adolescente y generando reclamos de más punición o de baja de la imputabilidad.

El miércoles 29 de junio, a las 18.30 hs, tuvo lugar en el Salón de Actos del Pit-Cnt, el lanzamiento de la Comisión Nacional No a la Baja, contra la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad propuesta por el Partido Colorado y apoyada por gran parte del Partido Nacional, a través de una re-

 

forma constitucional.

La discusión acerca de la inseguridad y el rol que se asigna a los adolescentes como principales protagonistas de la misma es cíclica y recurrente en nuestro país. En un taller para periodistas organizado por Ielsur y la Organización Mundial contra la Tortura en octubre de 2010, Luis Eduardo Morás, doctor en Sociología e investigador de la Agencia de Investigación e Innovación(ANII), leyó un editorial de un diario actual donde se mencionaba la necesidad de «atacar el aumento pavoroso del delito juvenil»; luego se refirió a un editorial de 1985 donde se hablaba de los adolescentes infractores y por último tomó un libro de Washington Beltrán escrito en 1910 donde se hablaba de «una preocupación honda y noble, que desvela a los sociólogos» y «el pavoroso problema que presenta ante los ojos de la humanidad asombrada el creciente aumento de la criminalidad infantil». Morás afirmó que la baja de la edad de imputabilidad es una solución que empeora el problema, y que el nudo de este radica en que los adultos no logran hacer que las instituciones rehabiliten.

Intentemos pensar ubicándonos en un marco general que nos permita visualizar un cambio de mirada, fijando la atención en nuevas problemáticas, nuevos métodos y dando respuesta a nuevas preguntas. Quienes promueven la iniciativa de reforma constitucional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos parten de falsas premisas. Los adolescentes ya son responsables por sus delitos desde los 13 años, están sometidos a una justicia penal especializada y son sancionados en la mayoría de las ocasiones con medidas privativas de su libertad, a pesar de que tanto la Convención Interamericana del Niño como el Código de la Niñez y la Adolescencia establecen la privación de libertad como alternativa de último recurso, priorizando las medidas socio-educativas no privativas de libertad.

Se dice que las sanciones son muy cortas y que la policía los detiene y los jueces los sueltan, pero para establecer las penas hay que tener en cuenta la edad de las personas; no es lo mismo 5 años en la vida de un adolescente, que está en proceso de maduración, que 5 años en la vida de un adulto.

Se plantea que bajar la edad de imputabilidad mejorará la seguridad: a mi juicio este planteo tendría efectos contrarios a los procurados; recurrir al encierro a edades más tempranas postergaría el problema para posteriormente restituirlo potenciado, o ¿es que se pretende que no sean liberados?

Se argumenta que la tolerancia cero funcionó en otros países y acá deberíamos aplicarla. En nuestro país, a diferencia de lo que sucede en los países del primer mundo, contamos aún con una pobreza estructural, que se focaliza en niños, niñas y adolescentes, por lo que preferimos aplicar políticas sociales de inclusión, que incluyan la responsabilización por las infracciones cometidas antes que políticas criminales.

Seguiremos abordando las teorías de «re»: rehabilitación, reeducación, reintegración, reinserción, recuperación, resocialización, tal como las define Eugenio Zaffaroni, como formas de asignarle a la pena la función de prevenir futuras conductas delictivas mediante el tratamiento institucional del adolescente en infracción, ¿o tendremos que suprimir el «re» tendiendo a la habilitación, al cambio de sus valores y actitudes como forma de que se conduzcan en el futuro sin cometer delitos? ¿Hablaremos de la sanción como un elemento de disuasión o como un instrumento de justicia, de restauración de derechos vulnerados y de responsabilización penal?

Las carencias innegables del actual sistema en materia de seguridad edilicia, la falta de profesionalización y especialización de recursos humanos para el trabajo con adolescentes en infracción a la ley penal y la ausencia de un programa marco de responsabilidad y reparación del daño cometido, contribuyen a incrementar la demanda ciudadana de medidas más rigurosas y sanciones más severas.

Es por ello que quiero mencionar la reciente aprobación parlamentaria por parte de todos los partidos políticos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), órgano desconcentrado cuyo objetivo específico será el de la ejecución de medidas socio-educativas en el marco del Código de la Niñez y la Adolescencia y que pondrá en práctica cinco programas: a) de ingreso y derivación ,b) de medidas socio educativas no privativas de libertad, c) de medidas privativas de libertad y de semi libertad, d) de medidas curativas, e) de medidas de inserción social y comunitaria (egreso) .

Buscar soluciones y alternativas requiere dejar de lado la demagogia, las iniciativas mágicas e inconducentes que violan los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, y seguir encontrando respuestas para cambiar la cultura de la violencia muchas veces disfrazada de diversión. Quienes plantean la baja de la edad de imputabilidad como la alternativa desconocen o no quieren ver el proceso de exclusión social de muchos sectores de nuestra población a lo largo de las últimas décadas, exclusión social que incide en los niveles de vulnerabilidad de los adolescentes y en el proceso por el cual los adultos van dejando de ser referentes significativos para los jóvenes en su proceso progresivo de obtención de autonomías relativas. En síntesis, volviendo a Morás: «Los incorregibles no son los menores, es el sistema» y para bien de nuestra sociedad, estamos empezando a cambiarlo.