La "buena onda" de El Observador: una tergiversación inaceptable

Nadie puede razonablemente esperar del matutino El Observador que asuma posturas progresistas en el tema que sea. Ni respecto de la política económica, ni del proyecto de país, ni del papel del Estado; tampoco puede pretenderse que convoque a las marchas que se realizan los 20 de mayo.

Pero de ahí a la grosera tergiversación tendenciosa en que incurre en una nota editorial publicada en su edición de ayer, bajo el título ‘Una buena onda’, hay un trecho bastante largo que ningún argumento válido puede franquear.

Comentando el informe anual de Amnistía Internacional sobre el respeto a los derechos humanos, el editorialista se regocija por el capítulo dedicado a nuestro país: «Uruguay fue uno de los pocos países del mundo elogiados en el informe anual de Amnistía Internacional». Hasta aquí, nada que objetar dado que todos coincidimos en cuanto a la notoria diferencia entre el gobierno del doctor Batlle y las tres administraciones democráticas que lo precedieron (las dos de Sanguinetti y la de Lacalle).

Sin embargo, más adelante puede leerse lo que sigue y que es motivo de esta nota: «… destacó los esfuerzos del gobierno por esclarecer el destino de los desaparecidos durante los años de la represión militar de la insurrección tupamara.« (El subrayado es nuestro).

La sorprendente afirmación contenida en lo que acabamos de transcribir resulta particularmente sublevante además de configurar un error histórico inaceptable.

En el opus pergeñado por el régimen cívico-militar ‘Las Fuerzas Armadas al pueblo oriental’, los propios militares señalan que la guerrilla urbana había sido aniquilada en 1972 y que por tanto, la ‘guerra interna’ –esgrimida como justificativo inapelable para el quiebre institucional– había concluido ese año; es decir varios meses antes del golpe. Ahora bien; de los ciento treinta y siete compatriotas considerados como desaparecidos y cuyo destino final no es posible conocer en razón del silencio cobarde de los implicados en terrorismo de Estado, solamente dos (Abel Adán en 1971 y Héctor Castagnetto en 1972, ambos militantes del MLN) lo fueron «durante los años de la represión militar de la insurrección tupamara», al decir del editorialista confundido o desmemoriado. Menos del dos por ciento (menos del uno y medio por ciento, para ser más exacto) de los uruguayos desaparecidos puede atribuirse al argumento de la ‘guerra interna’ que libraron los militares contra la guerrilla. Los restantes ciento treinta y cinco uruguayos desaparecidos lo fueron merced a la siniestra coordinación represiva desatada en el Cono Sur después de derrotada la «insurrección tupamara». Y en esa segunda etapa –como todos saben, y el editorialista no tiene derecho a ignorar– la represión se centró en militantes de organizaciones políticas y sociales opositoras al régimen de facto instalado por Bordaberry y sus motineros. Incluso cabría mencionar a Félix Ortiz, desaparecido en 1981 o a Miguel Matto, en 1982, año en que se celebraron elecciones internas de los partidos desproscriptos.

Algunas interrogantes se imponen una vez superados el asombro y la indignación causados por la lectura de la nota en cuestión.

¿A qué debemos atribuir el error en que incurre el editorialista?

¿Estamos en presencia de una supuestamente sutil manipulación de la verdad histórica?

Preferiríamos suponer que se trata de simple ignorancia; algo que, aunque imperdonable en un profesional de la prensa, es menos grave que un deliberado propósito de tergiversar los hechos.

¿O habrá que inscribir este ‘lapsus’ en la campaña que desde la derecha más recalcitrante se está desatando para falsear la realidad histórica y disfrazar el terrorismo de Estado con el ropaje de una guerra?