Más allá de la laicidad, los problemas acuciantes de la enseñanza pública

No es nuestra intención insistir con el tema de la laicidad en la enseñanza pública. Aunque no es una cuestión baladí, los ecos de la insólita propuesta del doctor Batlle –calurosamente aplaudida por ciertos sectores– de repensar la conveniencia de tener una educación estatal laica, parecen acallarse al tiempo que las aguas vuelven a su cauce normal.

Sin embargo, conviene recordar las circunstancias y el contexto en que el presidente aventuró su temeraria sugerencia. Se trataba de un almuerzo con los dirigentes cristianos de marketing, y el punto abordado por el disertante era la crisis de valores verificable en la sociedad actual. El doctor Batlle dudaba de la eficiencia de la educación pública para transmitir valores y pensó que tal vez la incorporación de preceptos religiosos a la enseñanza ayudaría a que se inculcaran principios morales a niños y jóvenes.

Sin dejar de reconocer que efectivamente asistimos –desde hace años– a un descaecimiento de los valores y a un entronizamiento de disvalores, entendemos que la solución al problema no es de resorte exclusivo del sistema educativo formal. Los valores, las metas a alcanzar, los principios morales y los comportamientos acordes con ellos no se imparten sólo en las aulas. Hay mil formas diferentes de inculcarlos; hay otros vehículos, otros medios, más sutiles y quizá más eficaces, por los cuales el inconsciente colectivo incorpora conductas y formas de ser y de pensar.

Pero más allá de esta acotación –y sin que ello signifique minimizar el problema de los valores o de la ausencia de ellos–, no debemos perder de vista los problemas reales y concretos que debe enfrentar la enseñanza pública y que no se resuelven con la incorporación de lecturas de la Biblia, el Corán o la Torá.

El sistema educativo estatal adolece de una falta de recursos ya endémica, debida a la mezquindad de los tecnócratas de los equipos económicos que se han sucedido desde hace demasiados años, cuyo ‘realismo’ les aconseja cerrar las canillas presupuestales a los entes u organismos no redituables.

Escuelas y liceos superpoblados, locales inapropiados o en estado deplorable, carencias de infraestructura material, y por último –pero no en importancia– sueldos administrativos y docentes casi indecorosos.

¿Cómo asombrarse entonces de que la educación pública haya bajado su nivel y que ya no sea motivo de orgullo como lo fue hasta el tercer cuarto del siglo pasado?

En esta misma edición –en la sección Tiene la Palabra– se publica la carta enviada por una joven estudiante, en la que se describe la alarmante situación que atraviesan las Escuelas Técnicas de UTU. Mientras ‘en el papel’ todo parece indicar que la educación pública se adecua a los avances del mundo moderno, la realidad dice una cosa muy otra: asignaturas que no se dictan; cargos docentes que no han podido ser provistos por concurso; y, como corolario, la incertidumbre de los estudiantes sobre las perspectivas de una adecuada inserción laboral.

La denuncia de esta situación nos habilita a formular un par de reflexiones. En primer lugar, cabe preguntarse de qué manera se compadece esta realidad con los propósitos enunciados a viva voz por toda la dirigencia política de impulsar la educación y de invertir en el conocimiento en razón de la prioridad incuestionable que éste tiene en el mundo globalizado. ¿Es coherente con esa tesitura el hecho de que el país invierta menos del 0,4 % de su producto bruto en investigación científica y tecnológica?

En segundo término, resulta de toda evidencia que no es la laicidad o la no laicidad el problema número uno de nuestra enseñanza pública. Hay otras prioridades mucho más acuciantes, que las autoridades de gobierno deben abordar para hallar soluciones reales a las carencias del sistema educativo. Entre ellas, una mejora sustancial en las retribuciones que perciben los funcionarios (docentes y no docentes), y no las migajas resultantes de pactos políticos coyunturales.