El ministro Stirling tiene la palabra

Carlos Santiago

 

Los últimos acontecimientos ocurridos en nuestra ciudad, en que la Policía ha tenido una tarea represiva, han servido para mostrar –pese a los esfuerzos del ministro Stirling– que los efectivos de ese organismo carecen del más mínimo entrenamiento y que quienes los dirigen, adoptan, como única metodología, la represión para tratar de solucionar problemas que muchas veces nos les competen.

En el episodio de la agencia EGA, donde un grupo de malhechores intentaron cometer un atraco, todos vimos por TV el malón policial que, sin método ni conducta, ingresó a sangre y fuego al edificio de la calle Río Branco, pudiendo haber causado una tragedia, ya que en todo el escenario había civiles que nada tenían que ver con los hechos. La policía hirió a un hombre que compraba pasajes en la empresa, baleó a unos jóvenes que salían de un ascensor y llevó a los propios empleados de la agencia asaltada, tomados por el cuello, hacia las camionetas policiales.

A ningún jefe policial se le ocurrieron algunas cosas elementales, que se hacen siempre para resguardar las vidas inocentes, como acordonar la zona y negociar con los malhechores una rendición sin violencia. De esa forma se evitan tragedias irreparables.

Esa acción fue de una torpeza mayúscula y la policía mostró una ferocidad que, obviamente, violenta su razón de ser. No es posible que un instrumento de la ley actúe violándola. Es evidente que si ese malón, furioso, mal entrenado y sin reflejos democráticos, se hubiera enfrentado a los malhechores, los hubiese baleado hasta la muerte.

Una escena de esa acción todavía es recordada con horror por quien esto escribe, que fue puesta en pantalla por uno de los canales de Montevideo. Se ve cuando un policía, que tiene en sus manos a uno de los delincuentes aprehendidos, le golpea la cabeza brutalmente contra la camioneta a la que había sido subido. Y allí aparecen las complicidades que se dan en nuestra sociedad. Esa escena, en las reiteraciones hechas por el referido canal, fue cortada con el fin de encubrir al bárbaro. Si ese es el tratamiento que se tiene con una persona ante los ojos de todo el mundo, lo que le podrá pasar cuando se encuentra en un lugar de detención. Nos gustaría saber qué ha hecho el ministro Stirling para evitar las flagrantes violaciones de los derechos humanos extremos que se caracterizan también, obviamente, cuando las víctimas son delincuentes e incluso los actores de hechos lamentables. Aceptar lo otro, esa vía libre a la violencia policial, no es otra cosa que hacerlo con una reminiscencia del llamado terrorismo de Estado.

Otro ejemplo es lo ocurrido en el Parque Posadas. En primera instancia nos preguntamos: ¿qué hacían policías, con revólveres en la mano, para terminar con una fiesta de despedida que se había excedido en diez minutos al plazo concedido por una entidad privada, dentro de un predio privado que es, además, propiedad de todos los vecinos del complejo?

¿Por qué desencadenar una batalla campal, cuando el asunto se debió arreglar de una forma amigable entre los representantes de la administración del complejo y los participantes de la fiesta? ¿O es que no se advierte, cuando se otorgan los permisos –a personas presumiblemente responsables– que los horarios son inamovibles, que existen normas de convivencia y que deben evitarse ruidos que perturben el sueño de los vecinos?

¿Y qué tenía que hacer la policía allí cuando, en todo caso, se estaba cometiendo una falta? Claro, muchas veces predominan criterios autoritarios y prejuicios, en este caso vinculados a los jóvenes, que provocan que los límites de la ley sean transgredidos y las cosas desemboquen en un joven de 27 años muerto por una bala policial, el cabo agresor procesado y una indignación general que nuevamente castiga a la institución policial.

Si realmente hubo alguna transgresión de los jóvenes que realizaban la fiesta, ésta era pasible, quizá, de una multa, por no haber terminado el ágape en horario, o un apercibimiento por ruidos molestos. De ninguna manera había que propiciar la actuación policial que reprimió a los festejantes con una violencia inaceptable. Se trataba de una fiesta privada, en un predio privado, que además es de propiedad de las familias de muchos de los que participaban en el asado. Violencia que fue instigada, según la crónica periodística, por un guardia de seguridad (realizaba un servicio 222), que no tuvo ningún justificativo. El administrador del Parque Posadas nunca debió impulsar la acción policial ni tampoco intentar resolver la situación desencadenando el insensato mecanismo de la violencia.

Como punto final debo reseñar otro vicio en que reiteradamente incurre la Policía, cuando aparece la solidaridad corporativa entre los uniformados, capaces de estampar en los partes policiales justificativos absurdos a la acción de uno de los suyos, especialmente cuando cometen delitos penados por la ley. La información emanada de fuentes policiales sobre los hechos ocurridos en el Parque Posadas es un cúmulo de inexactitudes, en que aparecen los peores prejuicios y justificativos tan absurdos como que la víctima había tomado alcohol, cuando cincuenta personas dicen lo contrario, o que otro de los participantes de los hechos tenía antecedentes.

Si no entendemos mal, lo que se está diciendo es que la policía tiene vía libre para emprenderla a balazos porque una persona se pasó en la bebida o, en su pasado, fue fichado por alguna razón no establecida. Me gustaría saber si ese concepto está estampado en algún manual operativo.

Lamentablemente tenemos una policía muy mal entrenada, sin metodología de acción, que no conoce límites de la represión y que en ocasiones actúa violentando las normas legales. Estos dos ejemplos ocurridos en las últimas semanas son aleccionantes.

El ministro Stirling tiene la palabra.

* Periodista