Crisis y presión fiscal

Carlos Fernández Rapetti

 

Se asegura que la capacidad económica uruguaya para hacer frente a un incremento de la presión fiscal ya pasó el límite socialmente aceptable. Esto es cierto con relación a la inmensa mayoría de la población, pero no es ni cercanamente cierto con relación a la totalidad de la misma.

A pesar de que en el decenio 1990/2000, el Producto Bruto Interno (PBI) creció a un nivel aproximado al 30%, ese crecimiento económico ha favorecido solamente a una minoría de la población y a su sistema financiero, en detrimento de la restante mayoría que ha visto cada vez más reducidos sus ingresos.

Se ha extendido a más de 500 mil trabajadores la precariedad laboral y el trabajo «en negro».

El porcentaje de desocupación abierta es mayor al 14% y el déficit fiscal es cada vez mayor.

Paralelamente a ello y como directa consecuencia del atraso cambiario, de la baja de aranceles, de la reducción de gastos, salarios y pasividades –característico del neocapitalismo impuesto– nos encontramos en un proceso de recesión que se viene incrementando con el correr de los últimos años, sin que se vislumbren soluciones –según mi opinión– pese a las promesas de nuestros gobernantes de la pronta recuperación.

Se ha culpado de esta situación al contrabando, al que sólo se ha atacado en forma superficial, afectando más aun a la clase de más bajos ingresos; a la aftosa; a la situación económica de los otros países del Mercosur; y a la falta de competitividad por el tamaño del Estado. Para solucionar esta última causa se propone la privatización (con seguridad extranjerización) de las empresas públicas, sin tener en cuenta el resultado del referéndum de 1992 que defendió la propiedad de esas empresas que son del todo el pueblo uruguayo y no de los gobernantes de turno, ni mirando hacia nuestros vecinos que las enajenaron con desastrosos resultados.

El verdadero culpable de la actual coyuntura económica es sin lugar a dudas el modelo económico aplicado originariamente por el gobierno de facto, dictado por el capitalismo internacional por intermedio de los organismos que a él responden y que ha sido mantenido, corregido y aumentado en sus aristas más perjudiciales por los cuatro gobiernos electos.

Constatada esta situación recesiva, ha habido una ausencia total de medidas económicas adecuadas para revertir esta situación. No se han apoyado en forma selectiva a los diversos sectores productivos, asistiéndolos con intereses adecuados a la casi ausencia de inflación, y no con las tasas usureras de la banca extranjerizada.

En función de la competitividad se ha mantenido una economía abierta, tratando de competir con mercaderías producidas –en el caso de algunos países– con mano de obra infantil y aun esclava. Asimismo se han reducido cada vez más los aportes patronales al BPS, y se han hecho desaparecer los convenios colectivos, rebajando los salarios y desfinanciando al organismo de previsión aun más de lo que lo hizo la Ley 16.713 (de las AFAPS).

Ante esta desoladora situación económica que afecta hondamente al pueblo uruguayo corresponde tomar ciertas medidas.

1 – Modificar sustantivamente el actual Impuesto al Patrimonio, para hacerlo realmente efectivo acentuando sus tasas en las más altas escalas patrimoniales y realmente persiguiendo su evasión.

2 – Debería reimplantarse el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que gravaría todos los ingresos, que rigió en nuestro país, instaurado por el Partido Nacional en 1958 y derogado por la dictadura en 1973. Tal impuesto, considerado el más justo de un sistema fiscal, rige en casi todos los países del mundo.

3 – Considero que se debe incrementar el Arancel Externo al Mercosur como lo ha hecho la República Argentina y lo ha aprobado Brasil, gravando discriminadamente los productos subvencionados por los países desarrollados y con las más altas tasas permitidas a los productos suntuarios. En este caso deben mantenerse los productos a importar para renovar el equipo productivo con arancel muy bajo o incluso cero.

4 – Reimplanta el Impuesto de Herencias y su Sustitutivo, (también derogado por la dictadura), al que deben aplicarse tasas progresivas en la medida del patrimonio y en función del más alejado grado de parentesco del heredero.

Conclusión:

Se obtendrían así los siguientes resultados:

En el caso 1 y 2 pagarían más los que tienen más, pagarían poco los que poco tienen y no pagarían nada los que obtuvieran ingresos menores a una determinada cantidad.

En el caso 3 se protegería –como lo hacen los países desarrollados– la producción nacional y se evitaría el ingreso de cualquier clase de mercadería con un arancel promedio del 14% como ocurre actualmente.

En el caso 4 se evitaría paulatinamente (como lo han pedido los propios 300 millonarios norteamericanos para que el presidente Bush no derogue el Impuesto de herencias) para evitar así que se mantengan y reproduzcan permanentemente los casos de extrema pobreza y extrema riqueza, en una actitud insólita e inesperada ante la injusticia de la prometida derogación.

La modificación del sistema fiscal sobre estas bases sería una importante palanca que nos ayudaría a salir del proceso recesivo con más trabajo y menos pobreza.

* Vicepresidente de la Agrupación Universitaria del Uruguay