El caso de Elena Quinteros: El pez por la boca muere

Seguramente muchos lectores no han percibido al referirse los medios de comunicación a una actividad delictiva, consistente en la explotación sexual de mujeres, que la forma que se denomina esa actividad conlleva una confesión. Cuando se habla de la «trata de blancas», pues de ese delito se trata, de alguna manera se está reconociendo que, alguna vez, la trata de negras no era delito.

Esta denominación, que seguramente hemos heredado de tiempos pasados y por suerte superados, nos servirá para referirnos –tal como lo habíamos anunciado en una nota anterior– al documento del Poder Ejecutivo de fecha 29/12/97 presentado por el Ministerio de Defensa Nacional como base y justificación de la omisión que, una vez más, cometió el Estado al no investigar seriamente la suerte de las víctimas de desaparición forzada.

Luego de conocido dicho documento, el PIT-CNT, con fecha 13/02/98, emitió una declaración que es importante recordar, en la que, entre otras cosas, se decía: «No debe olvidar ni ignorar el señor Presidente de la República, que todos los ciudadanos desaparecidos fueron objeto de una política represora y terrorista, en el marco de la lucha contra la dictadura y no en el marco de ninguna guerra».

«Conviene recordar y resaltar que entre 1973 y 1984, fechas entre las cuales se produjeron la detención y desaparición de ciudadanos uruguayos mediante acciones de las fuerzas armadas uruguayas, en Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile; la tortura, la prisión prolongada, el exilio, el asesinato, el secuestro y la desaparición, fueron los instrumentos centrales de una estrategia político-militar racional, pensada y coherentemente desarrollada desde el Estado para imponer determinado proyecto político».

«Los intentos de hacer borrón y cuenta nueva, de «dar vuelta la página», de «dejar de tener los ojos en la nuca», han fracasado sistemáticamente en nuestro país y en el resto de los países que atravesaron situaciones similares. El pasado que se quiere borrar no sólo está vivo en personas y grupos de la sociedad, sino que continúa actuando en el interior más íntimo del tejido social. El pasado es presente en el vacío que aún sigue acongojando a los familiares de los detenidos desaparecidos y/o asesinados. Lo está también en la herida que persiste en todos aquellos que, sobreviviendo al terrorismo, sufrieron prisión, torturas, persecución, exilio, etcétera».

«El documento del Poder Ejecutivo afirma que la Ley 15.848 ‘se aprobó con el objetivo de asegurar la convivencia pacifica del país’. Es en ese marco donde la Paz debió sacrificar a la Justicia. Esta postura que sostiene la necesidad política de superar el pasado como forma de evitar el conflicto y por lo tanto justificando el perdón y fundamentando una hipotética reconciliación, es un argumento al que no podemos despreciar habida cuenta del papel que el mismo jugó en oportunidad del plebiscito por la Ley de Caducidad».

«En otra parte del citado documento se expresa que realizar las investigaciones previstas por el artículo 4º de la Ley de caducidad ‘Constituiría un serio revés para los esfuerzos realizados por la sociedad uruguaya para superar los enfrentamientos del pasado, para crear las condiciones para una auténtica pacificación del país y lograr el reencuentro entre todos sus sectores’. Estas afirmaciones y otras realizadas públicamente durante todos estos años, constituyen un reconocimiento del carácter falsamente democrático de un ordenamiento hipotecado a la voluntad y la fuerza de los militares, el reconocimiento de que quienes ejercen el control de la violencia sostienen sobre la sociedad uruguaya una espada de Damocles cada vez que el cumplimiento de un ordenamiento legal o una orientación política afecte sus intereses. Justamente la postura mantenida por el Poder Ejecutivo, es contraria a la pacificación y el reencuentro».

«Por lo expuesto, consideramos imprescindible recalcar que quienes reclamamos esta porción de reparación social que implica, entre otras cosas, cumplir el articulo 4º de la Ley de Caducidad, no estamos pidiendo venganza, no adherimos a estrategia alguna que implique hacer más dificultoso este proceso histórico. Muy por el contrario, estamos promoviendo la concreción de una sociedad nueva, realmente democrática, donde violadores a los derechos humanos no puedan presumir de que lo que hicieron fue ‘lo correcto’ y aun amenazar con repetirlo».

«La búsqueda de los desaparecidos, el reclamo de que la verdad debe conocerse es una muestra concreta de la solidaridad que siente la sociedad uruguaya, con los desaparecidos y con sus familiares, es una cuenta pendiente y su mantenimiento tiene significados muy graves para las instituciones democráticas».

«La desaparición buscó, durante las dictaduras que asolaron el Cono Sur, la materialización de una refinada forma del terrorismo de estado: la ‘muerte sin fecha, sin circunstancias, sin lugar’. En esto radica su particular crueldad y su eficacia como instrumento de terror, ‘arrebatando el derecho a la vida, negando a la vez el derecho a la muerte'».

«Hoy ese mecanismo se perpetúa con la omisión del Poder Ejecutivo en cumplir el artículo 4º de la Ley de Caducidad. Es por esa razón… la citada omisión hace cómplice al Poder Ejecutivo de los delitos de lesa humanidad cometidos por personal de las fuerzas armadas».

«Por otra parte, no debe escapar al entendimiento de cualquier ser racional que lo que se reclama es el cumplimiento de una ley vigente, por lo tanto, la respuesta del Poder Ejecutivo debería estar encuadrada dentro de los fundamentos también jurídicos que podrían sostener y justificar dicho incumplimiento».

«La ausencia de estos pone de manifiesto una arbitrariedad y un abuso de poder del Poder Ejecutivo. Está muy claro que el artículo 4º de la ley 15.848 impone al Poder Ejecutivo el deber de investigar lo ocurrido con los ciudadanos desaparecidos, sin perjuicio de la caducidad penal que establece la propia ley, por lo que resulta ridículo y poco serio que se argumente que ‘los términos muy amplios del Artículo 1º de la Ley, que declara la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en relación a los delitos alcanzados por la misma impide también, como corolario, investigarlos'».

«¿Es que quiere el Presidente de la República decir a la ciudadanía que opinó por sí o por no en el referéndum sobre la Ley de Caducidad, que la inclusión del artículo 4 fue sólo una ropaje inútil puesto con el único objeto de engañar?».

«La apuesta del PIT-CNT no es al olvido del terror, que no libera el pasado, sino, por el contrario, que hace que sus efectos se trasladen a las diversas áreas de la vida social. Fomenta el individualismo, la filosofía del ‘no te metas’, el descrédito de iniciativas y proyectos colectivos».

«Por último, el Presidente resigna, derivándola a la órbita privada, su responsabilidad de investigar …. el Presidente no puede eludir su obligación legal de investigar. Los familiares necesitan del esclarecimiento que permita el sostén informativo necesario para enterrar a sus muertos y reencontrarse con la vida. Necesitan respuesta. No se le puede seguir negando al país, a las generaciones futuras, a la humanidad, el derecho a nombrar a sus muertos, a recobrar el sentido de su sacrificio, a reinscribirlos en la historia y en la memoria de la nación, posibilitando que las futuras generaciones hagan su interpretación de los hechos. En todo esto el Estado no puede eludir sus responsabilidades y menos aun sembrar confusión en torno a la honorabilidad de las víctimas protegiendo la ‘honorabilidad’ de los victimarios».

Lo que la lógica del doctor Sanguinetti trajo, lo vivimos hoy en la
s cosas que están pasando en nuestro país en el campo de los Derechos Humanos. ¿En este día de asunción de un nuevo titular del Poder Ejecutivo, será esta la misma lógica? ¿ Será la afirmación de que una investigación que deberá detenerse a la hora de identificar a un autor de violaciones a los DDHH no tiene objeto, la que confiesa que ningún familiar podrá saber qué paso con sus seres queridos, porque ello implicara siempre reconocer quién lo hizo?