Ante las demandas de los familiares de detenidos desaparecidos

El Presidente saliente se ha caracterizado no sólo por su obstinación en la negativa a investigar lo que se le pedía.

También por su absoluta ceguera ante los cambios que se han venido produciendo en el mundo con relación al problema de la impunidad.

El hombre que precia de «estar siempre al día», de ser «el más, mejor y más tempranamente informado» de los líderes uruguayos, parece no haber entendido que otros vientos soplan en la comunidad internacional.

El viejo discurso sanguinettista de 1984 a 1989 ya no tiene aceptación ni en los organismos internacionales ni en los partidos ni en la opinión pública.

Sanguinetti trabajó con figurines viejos, con los modelos propios de la «guerra fría», de la confrontación a escala mundial entre el régimen soviético y las llamadas democracias occidentales, con las concepciones que lo llevan a adjetivar a los marxistas y socialistas como el «enemigo interior» y darle a la matraca con los demás raídos axiomas de hace diez o quince años.

En este plano, el de la impunidad, el mundo ha venido cambiando y la solución-sanguinettista ya no resulta apropiada.

Mientras en Argentina están presos todos los integrantes de las juntas militares del proceso acusados por su participación en el delito reitera de «robo de bebés», en nuestro país nada se ha hecho desde el gobierno para reparar esta situación.

En nuestro país desde el gobierno y el Estado se ha negado sistemáticamente a difundir lo que el Estado sabe.

El gobierno se ha negado a investigar lo que no se sabe.

En Uruguay se han violado todos los compromisos contraidos con los organismos internacionales con relación al derecho a la verdad que reclaman los familiares de desaparecidos.

Ayer mismo, en una conferencia de prensa brindada por el presidente electo de Chile, Ricardo Lagos sostuvo que la justicia de su país encararía la realización de las acciones judiciales correspondientes con relación a Pinochet. De no hacerlo expresó estaríamos viviendo en Chile en una democracia castrada.

Mientras potencias con una pesada responsabilidad en los males que padece América Latina, como los Estados Unidos, proceden a la «desclasificación» de los documentos secretos de los servicios diplomáticos, la CIA, el FBI, exponiendo descarnadamente sus criminales intervenciones (como las que culminaron con el derrocamiento del Presidente constitucional de Chile, Salvador Allende) en nuestro país prevalece el criterio de «barrer la suciedad para debajo de la alfombra».

Mientras en Francia se juzga y se condena, a fines del año pasado, al criminal de guerra Maurice Papon, de casi 90 años y se lo sentencia a diez años de prisión, en nuestro país todo el que aluda a la necesidad de verdad y justicia es un desestabilizador que pone en riesgo la paz social.

Mientras en Israel, después de cuarenta años el gobierno decide publicar las memorias de Adolf Eichman para incorporar nuevos testimonios objetivos y documentales sobre la siniestra mentalidad que condujo al holocausto, en el gobierno y en el Estado de nuestro país persiste la mentalidad de la negación, del anonimato. Ningún denunciado tiene rostro.

Ningún militar vio ni oyó nada.

Ningún acusado fue enfrentado a sus acusadores.

Los informes con nombre y apellido que imputan violaciones de los derechos humanos a funcionarios de la dictadura cívico-militar son ignorados.

El Ministro de Relaciones Exteriores que aprobó la decisión de «eliminar a la mujer» en el caso del secuestro de Elena Quinteros fue absuelto por una mayoría blanca y colorada en el Senado.

Por supuesto que frente a eso hay otro Uruguay.

En ese sentido la decisión del Sindicato Médico del Uruguay de expulsar a una funcionaria que ejercía funciones médicas en las cárceles de la dictadura muestra que desde la sociedad civil y su sensibilidad ética hay conciencia de la necesidad de luchar contra la impunidad y contra los asesinos de la memoria.