Educación religiosa por parte del Estado

Heber Gatto *

 

Ingresando en el mes de mayo el debate sobre el laicismo parece perder el carácter difuso que lo caracterizó desde sus inicios para adquirir, por fin, perfiles más concretos. Nadie se opone a mantener la separación de la Iglesia y el Estado y lo más innovador a que se ha llegado en el tema educativo, ha sido la propuesta de enseñanza optativa de religiones en las escuelas estatales o, con distintas variantes, la instauración del sistema de bonos o promociones por parte del Estado para que los padres puedan escoger sin limitaciones económicas la enseñanza que prefieran para sus hijos. Salvo alguna aislada excepción nadie la ha emprendido contra el principio de obligatoriedad de la enseñanza, ni ha propuesto a nivel público una enseñanza selectiva, es decir aquella que exime a ciertos alumnos del aprendizaje de teorías contrarias a dogmáticas religiosas, como todavía hoy ocurre en algún condado de los Estados Unidos con la teoría evolucionista.

Pese a ese consenso temático que acota la polémica a términos más manejables no se trata de reducir el tema, como planteó el ministro de Cultura, a la diferencia entre «laicidad» y «laicismo», sustantivo este último que como versión hipertrofiada del primero, sería el que, de Varela en adelante, se habría aplicado en el país. Una afirmación que además de conceptualmente errónea –piénsese en palabras como liberalismo, idealismo, empirismo, etc.– omite que el vocablo «laicidad» no existe en nuestra lengua, lo que nos obliga a permanecer en el «ismo» del que tan peregrinamente el ministro pretende escapar.

En realidad, si el país hubiera aplicado una versión rigurosa del laicismo, una doctrina que independiza al hombre y al Estado de toda influencia religiosa, ni siquiera como se hizo, hubiera podido aceptarse la enseñanza religiosa privada. Lo que ahora se quiere no es combatir un laicismo «furioso», que salvo en la imaginación de sus detractores nunca existió en el Uruguay, sino, sencillamente, impartir enseñanza religiosa en las escuelas estales o distribuir ayuda económica entre los padres para que éstos elijan la escuela privada que prefieran. Extremos que es preferible enunciar con claridad y no encubrirlos con la urgencia en enseñar valores, los que, por regla general, poco tienen que ver con la religión, excepto que se suponga que la única fuente originaria de los mismos es la palabra de Dios. Dicho sea esto sin desconocer que es bueno que en ocasiones las sociedades debatan temas que exceden lo estrictamente económico.

Lo que es claro, para enmarcar el tema, es que vivimos en un Estado democrático liberal ajeno a toda confesión religiosa, neutral por tanto ante las diferentes concepciones del bien, ya sean religiosas o seculares. Un Estado de individuos, no de grupos –incluyendo en éstos las familias– embarcado en el propósito de formar seres autónomos capaces de escoger y revisar su vida con las menores interferencias ajenas. Listos además para el diálogo democrático y para adoptar puntos de vista generales, imparciales y desinteresados. Esto es sensible a la justicia.

Aceptado este marco, por lo menos como horizonte regulativo, la educación que se imparta debería estar dirigida a su promoción y a la aceptación de las restricciones que el mismo conlleva.

¿Corresponde entonces que el Estado, este Estado uruguayo definido por las características liberales reseñadas, enseñe religiones? ¿Es válido en él, como con su habitual claridad propone el diputado Pablo Mieres, «que la educación pública abriera cauces de formación religiosa opcionales para sus estudiantes de manera de sustituir su actual postura agnóstica por una verdadera apertura plural a lo religioso»?

Precisemos primero que la innovación propuesta excede la enseñanza de las religiones como fenómeno cultural, o sea a su consideración sociológica, histórica o antropológica, puesto que ese enfoque ya se practica en nuestra educación y nada tiene que ver con la laicidad. Lo que aquí se propugna, de allí su carácter innovador, es directamente la enseñanza por el Estado de las doctrinas religiosas desde el punto de vista interno a cada una de ellas, es decir, desde un ángulo catequístico, con la finalidad de conseguir adeptos para las mismas o educar moralmente en sus valores.

Seguramente el sistema estará organizado de tal modo que fuera de los cursos obligatorios los estudiantes que así lo quieran puedan concurrir a las clases de la religión que elijan, ellos o sus padres, las que serán dispensadas por expertos en las mismas, contratados y pagados por el Estado. Es obvio que para evitar discriminaciones el catecismo se deberá dictar sobre la religión que se solicite y dentro de ella se atenderá a las diferentes sectas, versiones o escuelas de las mismas. Un punto que plantea innegables complejidades.

No es mi propósito, sin embargo, descalificar la propuesta en razón de sus dificultades de implementación. Porque las mismas son en definitiva superables. También creo que si la mejor forma de conocer las debilidades y virtudes de una concepción del bien, para adoptarla o para desecharla libremente, es conocerla internamente y en alguna forma vivenciarla, nada se opone a la enseñanza de las religiones, en tanto sea claro que el Estado las enseña pero no se identifica con ellas. El asunto es que pienso que la inviabilidad de la propuesta es de otro orden y más importante.

Más arriba dijimos que el Estado no solamente debe formar individuos preparados para elegir y cambiar libremente su modo de vida, sino también capaces de poder adoptar una posición sobre la justicia. También dijimos que era importante que el educando internalizara las virtudes necesarias para la vida democrática, tales como la tolerancia, la disposición al diálogo y la razonabilidad (el respeto a otras posiciones). A ello tienden en nuestro país la instrucción primaria y secundaria obligatoria, sus programas comunes y sus fiscalizaciones.

Es innecesario decir que muchas religiones de las actualmente existentes, aunque ciertamente no todas, están lejos de cumplir con las exigencias valorativas arriba señaladas. Y esto lo digo sin siquiera entrar a considerar si la obediencia y la fe son congruentes con la autonomía moral que requiere una ética cívica. Un tema que la práctica liberalizadora de muchas religiones ha ido poco a poco solsayando.

Existen no obstantes religiones directamente contrarias, tanto en su doctrina como en su práctica a una ética cívica universalista con la que se identifica el Estado uruguayo, por lo que éste necesariamente tendría que discriminar qué religiones habilita para ser enseñadas con sus recursos y en sus aulas y cuáles no. O qué dogmas permite impartir y cuáles prohíbe. De manera de impedir la enseñanza oficial de aquellos catecismos contrarios, por propia definición y por práctica viva, a sus propósitos de una educación democrática. Catecismos que, por ejemplo, lo obligaran a enseñar en sus propias aulas porque es correcto asesinar a Salman Rushdie o proscribir a Charles Darwin. Un difícil y siempre objetable ejercicio de discriminación que por obvias razones resulta altamente inconveniente que realice el Estado, en cuanto lo colocaría como árbitro de las diversas concepciones del bien. Inconveniente que se extiende a los también propuestos vales escolares, que si bien aumentan la libertad de los padres para elegir escuelas, coloca a la autoridad pública en el mismo dilema discriminatorio.

Podrá decirse que en la actual situación los padres igualmente pueden elegir para sus hijos, pagándolas, enseñanzas eventualmente contradictorias con los ideales democrático liberales. Ello, con ser cierto, no cambi
a la situación. Si algunos padres prefieren para sus hijos una educación antidemocrática, por más que limitada por los programas estatales, pueden hacerlo a su costo –hasta allí llega la tolerancia de la democracia liberal– pero sería demasiado pedirle a ese mismo Estado que se comprometiera y financiara su propia destrucción. Menos sería aceptable que creara un Tribunal para juzgar a las buenas o a las malas religiones. Que una cosa es prohibir y otra promover.

Por lo demás, si se dictaran clases de religión, no se entiende por qué no habría que autorizar se impartiera instrucción estatal en logosofía, astrología, curanderismo, marxismo impartido únicamente por marxistas entusiastas, liberalismo por profesores de igual alienamiento o cursos sobre las flores de Bach por adeptos convencidos de las influencias benéficas de los aromas. Siempre y cuando, naturalmente, la salud y el tiempo de los exhaustos catecúmenos así lo permitiera.

* Analista político