Los argumentos de un debate

Según el diccionario, una falacia es un razonamiento lógicamente equivocado pero persuasivo. Algunas falacias son evidentes como por ejemplo decir que todos los pájaros vuelan y como los aviones vuelan entonces los aviones son pájaros. Otras son más difíciles de descubrir y las percibimos como verdades, sin reflexionar en profundidad sobre su contenido.

 

Por ejemplo la afirmación que en estos días hemos escuchado a políticos de distintos partidos diciendo que la Ley de Caducidad fue ratificada por la mayoría de la población en el plebiscito de octubre pasado y por lo tanto el Parlamento no la puede anular. Vamos a ver que esta afirmación no encierra una sino al menos tres falacias diferentes.

 

La primera falacia es la que plantea el plebiscito como la expresión de la ciudadanía a favor o en contra de la Ley de Caducidad. Algunos llevan esto más lejos y dicen que la ciudadanía se expresó a favor o en contra de la impunidad. Nada de esto es cierto porque en ese plebiscito nadie votó por apoyar esa ley. Lo único que en ese plebiscito estaba en juego era la posibilidad de anularla mediante una reforma constitucional. Y la única forma de expresarse a favor de la reforma era con una papeleta del SI. Aunque a los efectos de la reforma propuesta la ausencia de papeleta se contaba como un voto negativo -al igual que los votos anulados-, no había una papeleta del NO que permitiera expresarse a quienes quisieran mantener esa ley. Y si esa papeleta hubiera existido, ese voto tampoco expresaba un apoyo a la ley sino que solo hubiera expresado un rechazo a la reforma. Al no llegarse al mínimo requerido constitucionalmente la reforma propuesta no resultó aprobada y ese es el dato de la realidad. Por lo tanto, las únicas dos certezas que tenemos en cuanto a la expresión de la ciudadanía es que, -primero- el 47% quizo anularla mediante una reforma constitucional y -segundo- que no sabemos qué piensa el restante 53%. Ni siquiera sabemos si todos piensan lo mismo, aunque es de sentido común que ese porcentaje esté integrado por las más diversas opiniones, lo que nos lleva a la siguiente falacia.

 

La segunda falacia consiste en afirmar que la mayoría de la población apoya la Ley de Caducidad porque no votó SI. Como decíamos recién, en ese 53% de población que no puso la papeleta del SI hay de todo. Están sin duda quienes defienden la Ley de Caducidad y que lamentablemente no podemos cuantificar porque no había una papeleta que les permitiera expresarlo. Pero también están quienes estando en contra de esa ley no estaban de acuerdo con que se anulara mediante una reforma constitucional; quienes consideraban que el Frente Amplio no podía apoyar el plebiscito por los compromisos asumidos en la campaña del 2004; quienes votaron por SI pero se les anuló el voto; quienes creyeron que con el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia días antes de las elecciones ya no era necesario poner la papeleta del SI; quienes creyeron que anulando la Ley de Caducidad quedaban libres los militares presos; y quienes por desinformación ni siquiera se enteraron que había un plebiscito. Y sin duda habrá otros casos de quienes no quieren que la ley permanezca pero no pusieron la papeleta del SI. Para ponerlo en otros términos, se podría afirmar -y también sería una falacia- que toda la ciudadanía está en contra de la Ley de Caducidad porque en el plebiscito nadie votó expresamente por mantenerla.

La tercera falacia se expresa en esta frase: «no podemos votar por anular la ley contrariando la voluntad de la mayoría que votó por mantenerla». Esta es una falacia en dos pasos que consiste en hacerle decir a la mayoría de la población algo que uno piensa y atribuirse su representación. Mediante este mecanismo se podría defender casi cualquier postura sobre cualquier tema y es un camino peligroso. Defender la democracia implica no solo respetar la opinión de la mayoría. También es no apropiarse del discurso de quien no se expresó haciéndole decir lo que uno quiere. Esta es la mejor forma de respetar al ciudadano.

 

Hace casi 25 años que convivimos con la Ley de Caducidad y con el problema que representa para los valores democráticos de nuestra sociedad y su acceso a la justicia. Aún hoy -ya en el siglo XXI- todavía hay quienes creen que el derecho a la vida, a la integridad de las personas, el derecho a no ser torturado ni desaparecido, el derecho a ser defendido frente a la arbitrariedad y el poder del Estado, son derechos que pueden quitarse mediante una ley.

En los próximos días el Parlamento -que acaba de ser electo y que por ello tiene una representatividad indiscutible- tendrá nuevamente en su agenda un proyecto de ley para anular la Ley de Caducidad. Esto ocurre por dos razones. La primera es que anular la Ley de Caducidad fue un compromiso asumido por el Frente Amplio ante la ciudadanía durante la campaña electoral y que está escrito en su programa de gobierno. La segunda razón es que en función de los tratados internacionales a los que el país está obligado, si el Uruguay no anula la Ley de Caducidad en las próximas semanas será condenado por la Corte Internacional de Derechos Humanos.

El tema de la Ley de Caducidad ha mantenido y mantiene a la sociedad dividida y pese al tiempo transcurrido los uruguayos no hemos sabido discutir el problema de fondo desligándolo de cálculos estratégicos y argumentaciones oportunistas. Ahora, a través del Parlamento, tendremos una nueva -y quizá última- posibilidad de confrontar ideas y opiniones a partir de argumentos que -aún en el disenso- todos podamos racionalmente aceptar. Será la oportunidad para conocer las mejores razones de cada uno. Le haría bien a la democracia y al sistema político conocerlos y analizarlos.

 

El Parlamento tiene la palabra.