La aftosa no sólo afecta a las vacas

José Balbo

 

En momentos en que en nuestro campo la aftosa se convierte en una epidemia nacional y atenta contra la producción pecuaria y por ende contra la vida de los productores y sus familias; los asalariados rurales también sufren las consecuencias de las pérdidas de sus puestos de trabajo y no tienen ningún subsidio que los ampare. La ciudadanía de los asalariados rurales sigue siendo una asignatura pendiente.

Si tal como lo afirmó el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ingeniero Federico Bosch, el seguro de paro para los asalariados rurales es un tema de justicia.

Si tal beneficio es de utilidad no sólo para los trabajadores, sino que también ayudará a los productores, al mantener trabajadores calificados en el sector.

Si además consideramos que en los últimos tiempos, este grupo de trabajadores tuvo un brutal aumento en sus contribuciones a la Seguridad Social.

¿Cuál es la razón para no brindarle el derecho al seguro de paro a este importante conjunto de trabajadores y familias?

Debería ser de interés tanto para el gobierno como para el sector empresarial rural, mantener arraigados en el campo a los asalariados rurales y no empujarlos a emigrar, primero a las ciudades del interior y luego a los cinturones de pobreza de Montevideo.

Sería lógico que la preocupación oficial fuera conservar en el sector las capacidades adquiridas que son tan necesarias para el desarrollo productivo de nuestro interior. Más aun, en función de las necesidades actuales de capacitación, se debería estar poniendo énfasis en las formas de mejorar las calificaciones existentes a través de la Junta Nacional de Empleo.

Porque, la necesidad urgente que tienen los asalariados rurales (los peones, los zafreros, los cosechadores que aquí y allá producen y participan en la elaboración de la mayor parte de los bienes primarios que consume nuestra sociedad), es contar con el beneficio del seguro de paro ya que hoy realizan los mismos aportes al BPS que los demás sectores de la actividad nacional y no pueden contar con esa posibilidad, que sí la tienen los trabajadores de la industria, comercio y servicios. Se los trata como ciudadanos de segunda en la medida en que no cuentan con los derechos que tienen hoy los demás trabajadores.

 

El seguro de paro para los trabajadores rurales es un tema de justicia

Recientemente, el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ingeniero Federico Bosch, opinó que está en contacto con otros actores rurales para convocar a la instalación de una Comisión Tripartita Rural donde se analizarán algunos temas en común, entre empresarios, trabajadores y gobierno. Manifestó que el seguro de paro para los trabajadores rurales es un tema de justicia y que el Ministerio está dando pasos para instrumentarlo en el corto plazo.

A su vez, el representante de los trabajadores, Segundo Rodríguez, señaló la necesidad de contar con el beneficio del seguro de paro ya que los que trabajan como peones rurales, zafreros, changadores, cosechadores, lo hacen por períodos y luego se quedan sin trabajo, sin contar con subsidios. «En 1993, los asalariados rurales a través de los sindicatos dijimos que si se trataba de aportar un poco más a la seguridad social, lo aceptábamos con tal de obtener el seguro de paro. Nos aumentaron los aportes de los peones al BPS pero seguimos sin tener el derecho al seguro de paro».

Diversas agremiaciones de productores comparten la preocupación de los trabajadores en la necesidad de contar con el seguro de paro rural.

Varios legisladores nacionales han manifestado su preocupación al respecto.

El director Ernesto Murro, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, entre otras cosas afirmó: «Con los dos puntos del aumento se financia el seguro de paro y también se benefician las empresas».

No son comprensibles las demoras que tiene el gobierno en dar respuesta al sector rural, que viene siendo golpeado constantemente, tanto por «desarreglos» climáticos, como por una apertura indiscriminada de importación de bienes del exterior, como por la falta de políticas de complementación productivas dentro del Mercosur, como la agudización de la crisis como consecuencia de la epidemia de aftosa.

El seguro de paro rural y la convocatoria de la Comisión Tripartita Rural, no producirán un efecto mágico que solucione todos los problemas del agro, pero sin dudas que serán una voz de aliento para los postergados asalariados rurales, sus familias, para los productores y para todos nosotros, los consumidores.

No es un gesto de solidaridad con este sector, es un estricto acto de justicia. Hoy más que nunca impostergable: es socialmente necesario y financieramente posible. La voluntad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe transformarse en acciones concretas.

* Representante del PIT-CNT en la Junta Nacional de Empleo (Junae)