Reactivación económica: el gobierno da marcha atrás

La reactivación económica que el Presidente se propone llevar adelante, y de la que se informó ayer, está en flagrante contradicción con el ideario impulsado desde el Ministerio de Economía y Finanzas. El más que austero mensaje presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo reflejaba con toda pulcritud la política de contención de gastos, en aras del equilibrio contable que el doctor Batlle presentaba como condición sine qua non para que el país no se desbarrancara.

Las afiladas e implacables tijeras salieron a relucir para recortar todo gasto considerado superfluo y, con ello, aventar toda legítima esperanza del funcionariado sumergido. Los argumentos esgrimidos por el gobierno y su coalición de manos enyesadas no fueron convincentes; pero la tenacidad gubernamental se hizo oír a diario defendiendo su tacañería. Tecnócratas y dirigentes políticos se afanaron por demostrar la prudencia y lo atinado de la tesitura: achicar todos los gastos, nada de inversiones, no aumentar retribuciones, limitar los créditos; sólo de esa forma vendría la reactivación por obra y gracia del benemérito mercado regulador que, como por arte de magia, haría venir a los inversores, se crearían fuentes de trabajo y aumentaría el nivel de ingresos.

No parece necesario hacer notar que, lejos de cumplirse el optimista pronóstico gubernamental, la crisis se fue ahondando y llegó a su punto culminante merced a la reaparición y al avance incontenible de la epizootia. En este sentido, vale la pena releer la proclama del PIT-CNT leída el 1º de Mayo, en la que se hace un preciso diagnóstico de la realidad nacional y se esbozan algunas medidas tendentes a resolver ciertos problemas que agobian a la población.

Muchas cosas dejó al desnudo la propagación de la aftosa; entre ellas, la imprevisión sanitaria del gobierno. Sin embargo, más allá de esta obvia constatación, el brote aftósico ha tenido la virtud de propiciar un cambio en la estrategia del gobierno, que se ve obligado a rever sus férreas convicciones en materia de política fiscal. Por desgracia, fue menester la reaparición del flagelo para que el divertido pero implacable gobierno del doctor Batlle admitiera la necesidad de una intervención estatal para salir de la crisis, con lo cual está reconociendo de hecho el papel fundamentalísimo que juega el Estado y al que no debe renunciar. No se trata, de más está aclararlo, de aplicar un estatismo a ultranza; pero sí de hacer que el Estado retome su papel regulador de la economía.

Sea por la razón que sea –por sensibilidad social frente a la dramática situación de los productores agropecuarios en particular y de los asalariados en general, o por necesidad de recaudación– el gobierno se propone implementar nada menos que un plan de obra pública, algo muy mal visto por los popes del neoliberalismo, al tiempo que estudia incentivos a la construcción.

Paralelamente, se analiza la posibilidad de «abrir la canilla crediticia», es decir, promover que el Banco República reasuma su función de banco de fomento otorgando créditos blandos a ciertos sectores de la actividad económica; otra medida contraria al dogma del neoliberalismo.

Bienvenidas sean estas medidas. Esperemos que no sea necesaria otra calamidad para que el gobierno revea sus postulados.