La ética y las políticas sociales

Víctor Rossi

 

«Renunciar a la libertad, es renunciar a la calidad de hombre, a los derechos de la humanidad e incluso a los deberes. Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre». Juan Jacobo Rousseau.

El Artículo 45 de la Constitución de la República, establece: «Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin».

Apuntando en idéntico sentido, el legislador votó la creación del Fondo Nacional de Viviendas –promulgada por el Poder Ejecutivo como Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968– cuyo objetivo es hacer realidad el precepto consitucional.

Más de 30 años han transcurrido ya desde la creación del Fondo, y las necesidades habitacionales de los uruguayos, lejos de estar satisfechas, se encuentran en situación deficitaria, en un número que las organizaciones especializadas ubican en unas 60.000 viviendas.

A lo que corresponde agregar las deficiencias e insuficiencias en las soluciones a que han podido acceder decenas de miles de compatriotas, que se suman a aquellos casos de insatisfacción total de los asentamientos y poblaciones marginales que se multiplican con vértigo en todo el país.

El último informe de la revista Propiedades, correspondiente al año 2000, es bien elocuente al respecto. En él se establece que los permisos de construcción de vivienda para Montevideo, apenas alcanzan para cubrir poco más de la quinta parte de la demanda generada. Se señala además que, si a la escasa construcción de viviendas se le agrega la elevada tasa de desocupación y la caída en el ingreso familiar, se genera un rebrote del importante fenómeno de los asentamientos, con todas las connotaciones y consecuencias socioeconómicas que el mismo contiene y que degrada cada vez más la calidad de vida de nuestro pueblo.

Es por estas razones, entre otras, que no podemos recibir sino con asombro, las expresiones de impotencia confesadas por el ministro de la cartera, Ing. Carlos Cat, acerca de la situación habitacional del país. Y que concluyen en que, si bien hay en los papeles recursos que corresponden al Fondo Nacional de Vivienda, con destino específico para este asunto, los mismos no pueden ser utilizados sino sólo en parte, por cuanto el equipo económico ha dispuesto un recorte de la inversión para el quinquenio.

Es bien sabido que los recursos para el FNV provienen del sacrificio de los asalariados y jubilados del país –¡cuándo no!–, que mensualmente aportan un porcentaje de sus ingresos para robustecer esta importante herramienta.

Por lo tanto es injusto, arbitrario y hasta cuasi delictivo, el proceder del Poder Ejecutivo que retacea recursos específicos y con fines predeterminados, votados por los representantes de la ciudadanía para la construcción de viviendas y luego los mantiene socialmente improductivos (aunque tal vez económicamente rentables) en una cuenta a la espera de un nuevo Plan de Obras –tal como el propio ministro afirmó– o del retorno a la «gran canasta» de las Rentas Generales que el equipo económico maneja a discreción, agregamos nosotros.

Mientras tanto, la población ve agudizarse sus padecimientos y sus angustias en esta y otras materias.

El equipo económico, por su parte, anuncia ufano el cumplimiento de las metas comprometidas en su Carta de Intención con los organismos financieros internacionales, sin el menor atisbo de sensibilidad o preocupación por el deterioro social que las mismas han provocado.

Y el Presidente de todos los orientales, olvidando sus promesas electorales de transformar los asentamientos en viviendas dignas y dejarlas «hechas una pinturita», ocupa su tiempo haciendo buena letra ante el presidente de los Estados Unidos, más preocupado por el rédito político de su excursión que por expresar los intereses y las urgencias reales del pueblo uruguayo.

Tal vez –en estos tiempos de publicitada ventilación de la ética y la honestidad política– haya llegado la hora de dilucidar la disyuntiva que desde hace bastante tiempo está instalada en el corazón de la sociedad y que constituye el meollo de la crisis que padecemos: una Constitución, un contrato social, en definitiva una sociedad, ¿para qué?

¿Podemos realmente ufanarnos de ser dueños de nuestro destino, aun cuando estamos siendo condicionados y sujetos a los dictados de organismos que responden a los dictados de otras constituciones y otros intereses que apuntan a los fines de otras sociedades y con criterios sociales que no reflejan los convenidos por nuestro pueblo?

¿La prioridad de un país, de un Estado, de un gobierno es cumplir con las presentaciones hacia el exterior y anunciar cuentas prolijas que, por otra parte, rara vez cierran, o el objetivo es su gente?

* Representante Nacional – Encuentro Progresista Frente Amplio-738