Otras víctimas del brote de aftosa

Cuando no ha transcurrido una semana de la aparición de nuevos focos aftósicos, parece pertinente hacer un pequeño análisis de la situación creada pues son muchas –y de diversa índole– las consecuencias derivadas de la crisis.

En efecto, más allá del ya tristemente famoso rifle sanitario y de la pertinencia o no de su aplicación, la contaminación del ganado con el virus presenta otras facetas sobre las que vale la pena detenerse.

Sin que ello implique adentrarse en un asunto eminentemente técnico, ni menos tomar partido a favor de una u otra posición, creemos que ya son demasiadas las voces que se han levantado contra el drástico rifle. Voces de sectores políticos (notoriamente grupos del Encuentro Progresista), una considerable mayoría de productores y últimamente el Congreso de Intendentes se han pronunciado categóricamente contra el recurso extremo y sugieren una vuelta a la vacunación.

A nadie escapa que los nuevos e incontenibles brotes de fiebre aftosa ya han provocado daños irreparables. No sólo en la disminución de cabezas de ganado, sino también en las inevitables dificultades para mantener los precios de exportación y en las eventuales pérdidas de mercados. Por estos conceptos ya puede estimarse en 250 millones a 400 millones de dólares lo que el país percibirá en menos en el correr de los próximos cuatro años. Una cifra nada despreciable para una sociedad empobrecida y sin expectativas de mejoras.

Otro aspecto nada desdeñable –y de ribetes dramáticos– son las consecuencias sociales entre los asalariados. Ya se calcula que un 75 por ciento de los trabajadores de la industria frigorífica (aproximadamente unos siete mil operarios) irá al Seguro de Paro engrosando las nutridas filas de desocupados que el país ostenta. También los trabajadores de la industria lechera se verán afectados por la previsible merma en la comercialización de los subproductos lácteos. Quiere decir que no solamente los productores agropecuarios (sobre todo los medianos y pequeños) y los peones rurales directamente afectados por el problema son las víctimas de la crisis; otros sectores, más vastos aún, de la sociedad habrán de padecer las consecuencias del mal.

Entendemos que la situación amerita no solamente la instalación de un comité de crisis. El problema nos afecta a todos directa o indirectamente, y resultaría adecuado que el gobierno convocara a dirigentes políticos y sociales para escucharlos en serio, para discutir entre todos las soluciones propuestas y entre todos salir adelante.

Se trata de una emergencia nacional de cuya gravedad debemos tomar conciencia todos los habitantes de la República. Pero tampoco corresponde que la coyuntura de crisis sirva de pretexto para pedir más sacrificios a la sufrida población; no es cuestión de que esta crisis también sea sorteada –una vez más– a expensas de los asalariados, sobre cuyos hombros (y bolsillos) la clase dominante deja caer todo el peso de las catástrofes. Y si hacemos esta advertencia es porque en el editorial de El Observador de ayer se vislumbra esa tendencia inocentemente disfrazada de llamamiento a mancomunar esfuerzos para derrotar el flagelo. Tras la inobjetable sugerencia de dejar de lado mezquinos intereses, el editorialista propone lisa y llanamente que se abandone sine die la convocatoria a un referéndum para derogar la disposición que habilita la privatización de Antel (o mejor dicho, la ‘desintegración’ como atinadamente sostenía el contador Lombardo en su artículo del pasado domingo). ¿Mediante qué curioso razonamiento puede vincularse la lucha contra la aftosa con la voluntad de someter a referéndum una norma legal ajena al sector agropecuario?

A no mezclar bagres con tarariras. A no confundir. A no aprovechar una emergencia para pontificar sobre las mágicas recetas neoliberales, porque los virus no saben de economía. No debemos aceptar que se creen falsos dilemas mediante razonamientos sofísticos, y menos que se exijan más sacrificios a la castigada población.