Nuevos ataques del Poder Ejecutivo contra la enseñanza pública

Una vez más desde el gobierno nacional se lanzan acusaciones y reproches contra la enseñanza pública.

Esta vez a propósito de la movilización juvenil desarrollada en torno a la presencia en el país de un conjunto argentino de rock y la realización de un par de conciertos en el Estadio.

Autoridades de gobierno, en un tono absolutamente descomedido e irrespetuoso, han hecho referencia a que el episodio de estos días demuestra la existencia de «un proceso de degradación» en sectores de la juventud «que no estudian ni trabajan».

Con frívola ligereza, estas autoridades del Poder Ejecutivo le han endilgado a la enseñanza pública la responsabilidad de resolver la situación a partir de la trasmisión de los valores éticos que –según se sostiene desde el gobierno– la enseñanza pública no realiza.

Las estridentes declaraciones del funcionario parecen indicar que se han perdido los puntos de referencia.

Como es obvio, un jerarca del Poder Ejecutivo no puede actuar como un francotirador, como un gárrulo gacetillero que lanza adjetivos y reproches a troche y moche en un campo tan delicado como los problemas de la juventud, de la educación pública y de los valores morales.

Las referencias ampulosas a la «degradación moral» ¿remiten a un problema circunscrito al área de la educación pública?

En el pensamiento del ministro, en la conformación de las pautas morales colectivas, ¿qué papel cumple la televisión, la grosería, el cinismo, el mal gusto y la violencia que se difunde día a día, hora a hora?

Y la corrupción política ¿cómo opera?

La falta de oportunidades de empleo que genera el modelo económico impulsado por el gobierno, ¿qué efectos tiene sobre los jóvenes nacidos en hogares trabajadores?

Por lo demás, si el jerarca se está dirigiendo a las autoridades de la administración de la enseñanza pública, la primera consideración que hay que hacer es que son funcionarios del mismo gobierno que lo es el ministro.

Efectivamente, liquidado a principios de 1973 cualquier elemento de autonomía de gobierno, los integrantes de los organismos de dirección de la enseñanza pública pertenecen al mismo partido que el locuaz funcionario del Poder Ejecutivo.

Los directores de la ANEP tienen, junto con la nominación por parte del Poder Ejecutivo, la venia votada por el Senado de la República, pero todos pertenecen a los partidos o disfrutan de la confianza política del Presidente y su elenco de gobierno.

Equívocas señales, pues, las que envía el ministro cuando con tanta irritación e insistencia acomete contra los males del sistema público.

En otro orden, tampoco tienen asidero legal ni institucional las invectivas del dirigente herrerista: la ley vigente, al establecer la autonomía técnica de los Entes de Enseñanza, cierra el camino para que desde el Poder ejecutivo se le impongan pautas sobre los contenidos de la labor que se realiza en las escuelas y liceos.

La autonomía, ya bastante recortada, tiene su lógica democrática profunda. Los procesos en el campo educativo son de largo aliento. No pueden estar sometidos a las oscilaciones de los partidos en el gobierno.

¿Qué dirían los señores gobernantes de la coalición blanca y colorada si un presidente progresista lanzara, desde su alta magistratura nacional, una campaña para que en la educación pública se incorporaran más elementos de las concepciones del materialismo histórico, o de la teología de la liberación?

Un destacado sindicalista de los gremios de la educación ha dicho en los últimos días a LA REPUBLICA que estas campañas hechas a nombre de los valores éticos suelen acompañar las ofensivas por obtener subvenciones para las escuelas privadas.

El asunto, especialmente delicado, no viene siendo discutido con el cuidado que merece.

Las declaraciones del ministro no contribuyen en absoluto a examinar estos temas con serenidad, sabiduría y visión de conjunto.