De la ética y la política

Víctor Rossi

 

El presidente Batlle ha salido con entusiasmo –y por qué no admitirlo también con coraje– a estimular la práctica de los valores éticos en la política, en los negocios y en toda actividad de vida.

Es así que ha promovido una actitud oficial de honestidad política, no encubriendo el brote aftósico en el departamento de Artigas; se ha puesto a la cabeza en la lucha contra la evasión impositiva y el contrabando; impulsa un sinceramiento desde «el estado del alma» en el tema de los desaparecidos durante la dictadura, propone en la agenda política del país el tema de los funcionarios públicos, publicando sus remuneraciones en Internet; e impulsa la discusión abierta de temas tan sensibles como el aborto y la legalización de la droga.

Una de sus últimas acciones consistió en reclamar a banqueros y hombres de negocio, reunidos en un foro empresarial, la cristalinidad y la transparencia a la hora de dar a conocer los balances y resultados, sin maquillar gestiones ni sobrevaluar activos, comprometiéndose a comenzar por la misma banca oficial.

De más está decir que acompañamos y compartimos estos postulados del Presidente de la República. Porque al fin y al cabo la defensa de los valores éticos es una de las premisas fundamentales de nuestra fuerza política.

Etica y política no sólo pueden transitar juntas, sino que es imprescindible que así sea, si de veras aspiramos a concretar un país de real justicia social para todos.

Por eso mismo no debe quedarse en los grandes títulos o en el anuncio de buenas intenciones, pero incapaces de profundizar realmente en los temas que se mencionan y promueven.

Apuntando en el mismo sentido que el señor Presidente, nos permitimos sugerirle que instruya a sus ministros de Estado a contestar los pedidos de informes que desde el cuerpo legislativo les han sido formulados.

Porque también la Constitución está a favor de la cristalinidad, la transparencia y la ética y, por ejemplo, cuando en su artículo 118 faculta a los legisladores –en tanto representantes de la ciudadanía– a recabar informaciones del Poder Ejecutivo, lo hace en el entendido de que las mismas servirán para aclarar conceptos; para arrojar luz respecto de determinadas cifras, situaciones o hechos que representarán elementos de juicio necesarios a la hora de elaborar proyectos de ley; pero que en todos los casos servirán para el mejor cumplimiento de la tarea del representante del pueblo y para la necesaria información con que debe contar la ciudadanía.

A la fecha, sólo en la Cámara de Diputados existen varios cientos de pedidos de informes sin su debida respuesta. Algunos de ellos –y sin ánimo de desconocer la calidad de los restantes– se refieren a temas controvertidos y poco claros, como el monto de recaudación y el destino del impuesto a las retribuciones personales; el inventario obligatorio de los bienes e inmuebles de todos los organismos del Estado; montos de lo adeudado por los grandes deudores al sistema financiero y en particular al BROU; la cantidad de contratos de obras realizados por éstos y por qué montos; una rendición de cuentas en el tema de las viviendas para jubilados, etcétera.

Como seguramente el señor Presidente coincidirá, se trata de temas sobre los que es necesario aportar la cuota de transparencia y cristalinidad que nos permita a todos los uruguayos gratificarnos con la confirmación de que la ética defiende con fuerza su lugar en el sistema político del país. En eso estamos.

* Representante nacional – Encuentro Progresista – Frente Amplio