A cinco años de la creación del Mides

El 21 de marzo de 2005 se promulgaba la Ley N° 17.866 de creación del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de instrumentar el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes) y «sin perjuicio de las competencias de otros Ministerios y organismos formular, ejecutar, supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo social en general».

Por otra parte, la Ley de referencia también establecía entre otras competencias, que el Ministerio debía «coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales, implementados por el Poder Ejecutivo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la no discriminación».

Así pues, la historia reciente dejó inaugurado con el Mides, un proceso de transformaciones en varias dimensiones; por un lado, se introdujeron innovaciones en la estructura institucional del Estado Social, tanto por la propia creación del ministerio como por la instauración del Gabinete Social y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales por mencionar las más destacables; también cambiaron de manera sustantiva las orientaciones programáticas y estratégicas de las políticas públicas sociales. Y eso es lo que ­más allá del relevo de los elencos de gobierno­ seguramente continúe con este segundo período de gobierno de izquierda.

Si durante décadas se desplegaron políticas sociales exclusivamente compensatorias y subsidiarias de las políticas económicas, fue a partir del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez que las políticas sociales se sustentaron en la concepción de los ciudadanos como portadores de derechos y ya no más como «objetos de la asistencia pública». Enfoque conceptual que se conjugó con una perspectiva integral del desarrollo humano, en donde políticas económicas y sociales resultaron imbricadas para garantizar niveles crecientes de bienestar, avanzando en el plano de la igualdad y de la equidad. Precisamente durante la segunda fase y concretamente a partir de 2008, se produjeron varias y significativas reformas sociales en el marco del Plan de Equidad, como eje articulador de las políticas sociales de largo aliento.

Ante opiniones de autoridades de gobierno divulgadas hace dos semanas atrás, es bueno recordar que ­habiendo aún una proporción importante de la población en situación de pobreza y en mucho menor medida en la indigencia­, el núcleo y corazón de las políticas sociales se concentra en el campo de la educación, de la salud, de la vivienda y el hábitat, del trabajo y de la seguridad social, con marcada tendencia a su universalización.

Vale decir que, por un lado son absolutamente necesarios los programas sociales dirigidos a los sectores sociales más vulnerables en tanto se robustezcan y extiendan las estructuras de oportunidades muy especialmente para este sector; y por otro, también son imprescindibles aquellas políticas públicas estructurales destinadas a toda la población en su conjunto. Para ser más claros, la focalización se aplica con el criterio de favorecer el acceso de los sectores sociales vulnerables a las prestaciones, bienes y servicios sociales, asegurando así el pleno ejercicio de los derechos sociales.

Entiéndase bien, las políticas sociales universales suponen incluir a todas las clases y grupos sociales asumiendo que las asimetrías existentes exigen abordajes diferenciales, precisamente atendiendo a las dificultades que tienen miles de familias para subvenir a sus necesidades básicas. Pero hay que tener claro que las políticas sociales no se constriñen ni agotan en aquellos programas transitorios o de medio plazo dirigidos prioritariamente a la atención de la pobreza. Tal fue el origen y el propósito fundamental del Plan de Equidad; reconstruir una matriz de bienestar adecuada a las realidades diversas y complejas que presenta nuestra sociedad contemporánea.

Y la edificación y reconfiguración del sistema de protección social implica necesariamente combinar la dimensión asistencial (provisión de bienes y servicios) con la dimensión promocional (desarrollo de procesos socioeducativos) y el polo no contributivo (organizado en la red de asistencia social) con el polo contributivo (básicamente constituido por la seguridad social), a fin de lograr la integración, la equidad y la justicia social.

Políticas sociales hay en todo el mundo, malas, regulares o muy buenas, de las unas y de las otras, en Colombia, España o en Suecia, y las hubo desde hace más de un siglo y las seguirá habiendo. El diseño, formulación e implementación de políticas sociales es inherente a las funciones de un Estado moderno que tenga como finalidad asegurar a todos sus ciudadanos y ciudadanas un completo estado de bienestar y calidad de vida digna. De eso se trata el desarrollo, que es humano o no es desarrollo.

Por todo lo antedicho: políticas sociales siempre. Al Mides le correspondió y lo hizo bien, la difícil tarea de legitimarse como autoridad social en el marco de las diversas agencias públicas que comparten la misma finalidad. Es en su rol de articulador y coordinador del conjunto de las políticas públicas sociales que expresa su esencia y misión institucional.