La salud es lo primero

Víctor Rossi

 

El gobierno ha propuesto algunas modificaciones a la Ley de Presupuesto, entre ellas la de derogar el IVA del 14% a determinados servicios que brindan las instituciones médicas. Impuesto que no fue votado por el Encuentro Progresista-Frente Amplio.

Pocas horas después de ser promulgada la ley, las instituciones médicas estudiaron la viabilidad de ese impuesto y la repercusión que tendría en sus finanzas.

La primera dificultad que encontraron fue que se vieron obligadas a buscar en un mar de imprecisión que impedía determinar con exactitud a quién le correspondía aportar. En una segunda etapa de su análisis concluyeron que el impacto sobre las cuotas de los usuarios del sistema podría no ser muy sustantivo, pero sí sería un factor más de desestabilización financiera de las instituciones.

Como era de esperar, la protesta comenzó a escucharse y el malestar llegó hasta los oídos del Poder Ejecutivo, quien, por ello, realizó una nueva propuesta.

Ahora se sustituyó ese gravamen del 14%, que no discriminaba al mutualismo y otras instituciones de asistencia sin fines de lucro de las empresas lucrativas, por un impuesto directo a pagar por el millón y medio de afiliados al sistema, que van a ver aumentadas sus cuotas, tiques y órdenes en un 3% que irá directamente a Rentas Generales. Con este nuevo impuesto predomina el objetivo de recaudar entre 25 y 30 millones de dólares.

Y como ya ha pasado otras veces, de sus imprecisiones y fe de erratas el Poder Ejecutivo salió por el camino de fortalecer sus posturas recaudadoras y, lo que es peor, apuntando siempre a la generalización de los impuestos que terminan perjudicando a los sectores de menores ingresos.

Esto ocurre en medio de una aguda crisis del sistema, donde muchas mutualistas están ante una crisis terminal, con las consiguientes consecuencias de incertidumbre en la asistencia y de pérdidas de fuentes de trabajo. Incertidumbre que llega a los propios usuarios, que no saben cuál será su futuro asistencial.

Con este tipo de políticas se sigue deteriorando un sistema que en otras épocas fue de referencia y no sólo para los uruguayos, sino también para otras colectividades del exterior del país. Deterioro que se expresa en las desafiliaciones masivas, como consecuencia de la situación económica que viven los usuarios del servicio. Deterioro que a la vez repercute dentro del sistema mutual, pero que como una onda expansiva va a golpear a los servicios de Salud Pública, aumentando sus demandas.

Una Salud Pública que no está en condiciones de recibir nuevos usuarios, como tampoco hoy puede hacerlo con los que ya están dentro del sistema estatal.

En el programa de gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio se hace la propuesta de levantar las exoneraciones fiscales a las empresas de salud con fines de lucro, para que con esos recursos se cree un fondo para financiar el desarrollo de planes de atención de primer nivel, en temas de prioridad sanitaria.

Simultáneamente proponemos fortalecer al mutualismo, extendiendo la cobertura de salud a todos los trabajadores del Estado. Punto en el que coincidimos todos los partidos que en la última campaña electoral, pero que el gobierno parece haberse olvidado.

Una vez más, como pasó con el Impuesto a las Retribuciones Personales y al aumento de los combustibles, el gobierno de coalición sigue apostando a los menguados recursos de la población como forma de recaudar con rapidez, poniendo en este caso al sistema mutual al borde de una enfermedad terminal.

De seguir por esta ruta gubernamental el país parece apuntar a un modelo económico cargado de impuestos que se transforma en un verdadero chaleco de fuerza para el desarrollo de la producción y el bienestar de los uruguayos, aunque esté adornado de buenos chistes y gestos distendidos que provienen del Poder Ejecutivo. Y esto no es lo que quieren los uruguayos, porque la salud es lo primero.

Representante Nacional – Alianza Progresista 738 – Encuentro Progresista-Frente Amplio