Concentración del poder en Argentina

Finalmente, el Congreso de la República Argentina ha aprobado, con algunos recortes al proyecto inicial, la asignación de poderes extraordinarios al nuevo ministro de Economía, doctor Domingo Cavallo.

El proceso político y económico de nuestro vecino platense importa en estos pagos. No sólo por la proximidad geográfica y económica, ni por los efectos que sobre nuestra economía y sociedad tienen las turbulencias de ese país, sino por las analogías profundas de ambos procesos históricos.

Analogías tan viejas como los Estados mismos, surgidos de un común tronco histórico, acrecidas con similares aportes migratorios y pautadas por similares influencias culturales.

Lo que pasa en Argentina nos importa porque a menudo muestra una versión de nuestros propios problemas y con frecuencia enseña por su demasía, por su desenlace extremo, como ocurrió en otros tiempos y parece ahora reiterarse.

Hace apenas unos días citábamos largamente un trabajo del politólogo Guillermo O’Donnell, que se preguntaba angustiado si su país no estaría transitando una fase de «muerte lenta de la democracia».

En el trabajo del analista, escrito antes de la designación de Domingo Cavallo como ministro de Economía, el politólogo argentino anota cómo las fuerzas económicas y sociales dominantes en la Argentina están cada vez más solas y cómo se apela cada vez más a un discurso autoritario.

Y agregaba: «Este discurso insiste con que la píldora amarga del eterno ajuste hay que imponerla a una población que en realidad no sabe lo que le conviene, no les habla a ciudadanos sino a sujetos, cuyo descontento interpreta, claro está, como confirmación de su irracionalidad e ignorancia.»(…) «la política pública, incluso aquella que afecta profundamente a una inmensa mayoría, es sustraída de la discusión pública; sólo algunos, los que saben y tienen los contactos adecuados, pueden decidir».

El proceso, formalmente encuadrado en la Constitución argentina, por el cual el Congreso renuncia –en forma en cierto sentido limitada y por un tiempo acotado– a una porción significativa de sus potestades y soberanía está mostrando el rumbo extremadamente riesgoso previsto por el autor citado.

Y si se puede concluir que el doctor Cavallo ha sido dotado de poderes impensables en las tradiciones democráticas de nuestro vecino, contrario sensu la concentración inaudita de poderes en manos de un ministro por lo demás encarnado en una figura electoralmente perdidosa en reiteración, se asemeja a las penosas y repetidas alteraciones del orden constitucional a través de los «salvadores» procesos militares ora bautizados como «revolucionarios», con Onganía, ora como «de reconstrucción nacional», con Videla. Tras la figura de Cavallo arrojan su sombra los Alvaro Alzogaray y los Martínez de Hoz cuyas gestiones plenipotenciarias sembraron la desolación y la miseria en Argentina.

Las facultades que el Congreso ha resignado, alteran con profundidad no sólo el socorrido «equilibrio de poderes» de las tradiciones constitucionales de los países del Plata. En su caída, la dejación parlamentaria arrastra también a los partidos, cuyo papel en la crisis se desdibuja, cuyos liderazgos se ensombrecen y confunden.

Para la oposición progresista uruguaya, el curso de la evolución de las políticas económicas argentinas y sus efectos institucionales debe ser un llamado de atención. Nuestro país ya conoció los gobiernos de Ejecutivos con poderes extraordinarios. A partir de junio de 1968 y hasta junio de 1973 Uruguay vivió bajo un régimen que –por otras razones, en nuestro caso de naturaleza política–, mantuvo un Parlamento desprovisto de potestades y gravitación.

El resultado de ese régimen con fachada constitucional fue el crecimiento no sólo del autoritarismo que culminaría en dictadura plena: también lo fue de la corrupción, de la agresión al entretejido social y a la creación cultural y al caos institucional.

Las conquistas de la democracia política –aún con sus limitaciones– son un valor en sí mismas, no constituyen un patrimonio declinable, capaz de ser «suspendido» por razones contingentes a riesgo de volver frágil y precario todo el sistema de derechos y garantías que regulan nuestra convivencia.