Cuando después de las elecciones de 2004 se iniciaron conversaciones entre el gobierno electo y la oposición, se generó una saludable expectativa en la opinión pública, que vio con satisfacción la posibilidad de acuerdos en políticas de Estado.
Por primera vez en muchos años, el partido mayoritario ofrecía a los partidos del llano integrar el gobierno. Con excepción de la primera administración de Sanguinetti, a la salida de la dictadura, cuando el Frente Amplio fue invitado a integrar con un representante los directorios de algunos entes y empresas públicas, la izquierda no tuvo participación en ningún cargo de gobierno. El gobierno del doctor Lacalle (1990-1995) ignoró a una fuerza que, si bien minoritaria, había logrado por primera vez el gobierno de Montevideo y crecía en adhesión del electorado. El segundo gobierno del doctor Sanguinetti, cambiando la actitud de diez años atrás, ninguneó al Frente a pesar de que éste había casi igualado a los dos partidos tradicionales y retenía la Intendencia de Montevideo.
Así llegamos a las elecciones de 1999, cuando la izquierda pasó al frente y resultó el partido más votado, aunque en el posterior balotaje la fórmula Tabaré Vázquez-Rodolfo Nin Novoa fue derrotada por Jorge Batlle-Luis Hierro con el apoyo explícito del Partido Nacional. Luego de su triunfo de noviembre, el doctor Jorge Batlle visitó a los líderes de las restantes fuerzas políticas en busca de apoyos y acuerdos, pero su actitud respecto del Frente Amplio fue terminante: “A la oposición la quiero en la vereda de enfrente”, sostuvo el recientemente electo presidente de la República, enterrando definitivamente cualquier posibilidad de participación del Frente Amplio en la conducción de entes, servicios y empresas estatales.
En cambio, como queda dicho al comienzo, muy otra fue la postura del doctor Tabaré Vázquez luego de su triunfo inapelable en la primera vuelta electoral de 2004. En una demostración de generosidad y de vocación por acordar con los partidos tradicionales derrotados, ofreció a ambos participación en el gobierno.
Se iniciaron gestiones, hubo conversaciones, y llegó un momento en que parecía que por lo menos el Partido Nacional integraría los organismos estatales en proporción con su caudal electoral y en calidad de fuerza minoritaria. No obstante, la pretensión de contar con dos cargos en el BCU y no con uno solo como ofrecía el gobierno, así como la exigencia de tener mayor participación en los organismos de la Enseñanza Pública se convirtió en un obstáculo que echó por tierra los posibles acuerdos.
Hoy, las cosas se presentan de otro modo. El presidente electo proclamó, la misma noche del triunfo en el balotaje, su intención de buscar acuerdos con la oposición, al tiempo que el líder blanco Luis Alberto Lacalle pronunciaba un discurso también de tono conciliador. Allí quedaron echadas las bases para futuros acuerdos. Habiendo obtenido la mayoría simple en ambas cámaras, el partido de gobierno no está obligado a negociar con la oposición, salvo para los casos en que se requieren mayorías especiales.
Sin embargo, el presidente electo está exhibiendo su convicción política de lograr acuerdos para políticas de Estado. Y el Partido Nacional, con buen tino, ha confiado al doctor Jorge Larrañaga la misión de entablar las primeras conversaciones con ese fin.
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