Elecciones y reformas

Mucho se ha hablado, en los últimos meses, de la posibilidad de volver a reformar la Constitución; incluso entre las propuestas del Frente Amplio se mencionó la idea de instalar una Constituyente.

Esta idea sirvió para que el Partido Nacional disparara artillería pesada contra José Mujica y pusiera el grito en el cielo ante la perspectiva de que dicha Constituyente elaborara una nueva Carta que aboliría el derecho de propiedad. ¡La propiedad privada es sagrada, sacrosanta, intocable y no se debe cuestionar! ¡Cuidado, uruguayos; atención, viejitos jubilados: les van a quitar todos sus bienes, la casita, el autito, el lavarropas y todo lo que tanto les costó obtener al cabo de una vida de trabajo y sacrificios!

Es el reiterado y obsoleto discurso de la derecha, tratando de confundir a un pueblo que ya hace tiempo aprendió la lección y no se deja engañar.

Pero volviendo al tema de una reforma constitucional, digamos que la Carta actual, vigente desde 1967 (lleva más de cuarenta años rigiendo la vida institucional del país), merecería ser revisada de modo de corregir ciertos aspectos que la práctica ha revelado como obstáculos a un desempeño fluido del quehacer político. No hay que tener miedo a las reformas; hay que tener disposición a cambiar. Si no estuviéramos abiertos a los cambios y a las reformas, no tendría sentido apostar a un nuevo gobierno de izquierda que se ha propuesto profundizar los cambios que introdujo el actual. Entre otras cosas, por ejemplo, habría que rever la forma de elegir a los miembros de los organismos de contralor como la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. La práctica ha demostrado que la exigencia constitucional de mayoría especial para las venias se ha tornado un obstáculo para que la integración de dichos organismos represente fielmente el mapa político surgido de los comicios.

Ahora bien, hay algo que ha quedado de manifiesto en los 13 años de vigencia de la enmienda constitucional de 1996. Se trata de una reforma del régimen electoral que introdujo nuevos mecanismos, algunos de los cuales se han revelado inapropiados. Veamos. No tiene sentido separar en el tiempo las elecciones nacionales de las departamentales; esta novedad ha implicado un gasto extra innecesario, además de someter al ciudadano a un bombardeo de propaganda electoral que, con algunos paréntesis, se prolonga por un año (desde las internas hasta las municipales). Bastaba, para dar más libertad al elector, permitir el voto por un partido para los cargos nacionales y por otro partido para el gobierno departamental en un mismo sobre de votación.

La reforma tuvo la virtud, hay que reconocerlo, de eliminar el doble voto simultáneo al obligar a los partidos a presentar un único candidato a la Presidencia. Pero la segunda vuelta prevista para el caso de que ningún candidato haya obtenido la mayoría absoluta, ha sido reglamentada de manera demasiado rígida al exigir más del 50 por ciento sobre el total de votos emitidos. En ese sentido, es acertada la sugerencia de Rodolfo Nin Novoa de que se otorgue la Presidencia al partido que en la primera vuelta haya logrado la mayoría parlamentaria aunque no haya superado el 50 por ciento de los votos emitidos. En primer lugar, porque es lógico y hasta deseable que el Poder Ejecutivo esté en manos de la fuerza que tiene mayoría en el Legislativo, sea una única fuerza política, como es el caso del FA o de una coalición, pero siempre asegurando la mayoría parlamentaria, no al revés.