Hacia una nueva consulta democrática

El acto de constitución, el día 20 de marzo, de la Comisión de Defensa del Patrimonio en la sede del Sindicato de Trabajadores de Antel, está llamado a constituirse en un punto de referencia importante en la agenda ciudadana.

El propósito de los impulsores de la iniciativa cívica es la anulación de dos artículos de la Ley de Presupuesto que sustancian reformas fundamentales en la Carta Orgánica del ente de las telecomunicaciones.

La campaña emprendida se encamina a la recolección de las más de seiscientas mil firmas exigidas por la ley para llevar a consideración de toda la ciudadanía los artículos 612 y 613 del último Presupuesto.

¿Qué importancia tiene esta movilización cívica?

¿Es razonable oponerse a este tipo de debate ciudadano en nombre de la «eficiencia gubernamental» o a la necesidad de «no perder el tiempo» o a «los costos» que supone una convocatoria de la Corte Electoral?

Creemos que no. Pensamos, más bien, que el esfuerzo emprendido por las organizaciones sindicales y políticas y las personalidades que impulsan el plebiscito, constituye un factor de reafirmación de la democracia, un mecanismo de corrección hacia la gente, con la ciudadanía, de las falencias evidenciadas en el tratamiento de los artículos objetados.

Vale la pena recordar que cuando se discutió la delicada cuestión de la apertura y privatización parcial de Antel, habilitada por los dos artículos mencionados, el texto de los mismos fue ingresado al Parlamento cinco días antes del vencimiento de los plazos.

Como es obvio, el Poder Legislativo no tuvo oportunidad de examinar con un mínimo de atención el contenido y las consecuencias que se derivarían de las mencionadas normas.

En ese aspecto, la actual acometida contra Antel, desde el punto de vista de su discusión seria y con todos los protagonistas, está muy atrás de cómo, en 1992, se discutió la ley de Empresas Públicas impulsada por el doctor Luis Alberto Lacalle y que finalmente fuera cancelada por el referéndum de diciembre de ese año.

En aquella oportunidad, el Parlamento tuvo la posibilidad de oír a los gremios de trabajadores, a los sectores empresariales, las opiniones de analistas y técnicos universitarios de diversas disciplinas, y durante semanas se sopesó el valor y la eficacia de los distintos argumentos.

Se puede decir, razonablemente, que en 1992, apenas aprobada legislativamente la ley de signo privatizador, un sector relativamente amplio de personas: sindicalistas, políticos, periodistas, expertos en telecomunicaciones y demás conocían las grandes líneas argumentales de uno y otro lado.

El año pasado en el tratamiento legislativo de los artículos 612 y 613, lamentablemente, no ha sucedido lo mismo. La lectura de las actas del diario de sesiones de ambas cámaras, permite verificar que los argumentos  de «urgencia», de «oportunidad única e irrepetible», de «los riesgos de perder definitivamente la carrera por la renovación tecnológica»– no tenían validez.

Una vez más, pero de acuerdo a otros parámetros de actuación, alcanzar el 25 por ciento del padrón electoral –que en nuestro país es la sexta parte del total de su población–, es una tarea ardua, dilatada.

Se trata de un esfuerzo por interesar y convencer a una multitud de uruguayos que constituyen una porción sumamente significativa del conjunto de la nación.

El camino elegido, el de una movilización cívica parsimoniosa, serena, conceptual, de convencimiento, que dispone de un año de plazo, permitirá reparar los errores y los «baches» dejados por un tratamiento legislativo antológicamente mal llevado y peor resuelto.

El camino elegido no excluye las posibilidades de diálogo en la búsqueda de otras soluciones, pero, como se ha dicho con claridad por parte de las autoridades de la Comisión fundada el día martes, cualquier negociación requiere, como requisito previo, la sanción de una ley que deje sin efecto los artículos rechazados.