La impunidad en tiempos de Batlle

Pablo Chargoñia

 

Murió sin saber la verdad». El cartel presente en el entierro de Tota Quinteros, sintetizaba la tragedia del terrorismo de Estado y la consecuencia de la política de impunidad. De alguna manera expresaba también, la crítica a la estrategia del presidente Batlle con relación a los desaparecidos. El cuestionamiento se centra en la carencia de potestades inquisitivas de la Comisión para la Paz. Esa discrepancia ha sido enfrentada con el discurso que etiqueta al opinante en vez de replicar sus argumentos: «Las críticas siempre vienen del mismo sector«, dice el asesor del presidente el Dr. Ramela (El Espectador, 10/1/01).

Los impulsos de la protección internacional de los derechos humanos (el procesamiento de Pinochet, la extradición de Cavallo, los juicios en Italia) constituyen un contexto que cuestionan especialmente, la estrategia del Presidente.

La política de impunidad posdictatorial evita la perturbación de las FFAA. Esto supone no procesar, no condenar ni identificar a los autores de delitos, no esclarecer los crímenes, no investigar y contribuir a la interpretación histórica del pasado autoritario que oscile entre la versión de los propios autócratas y la teoría de los dos demonios.

La actual estrategia de Batlle se encuadra en esa política. Se trata de poner punto final al reclamo de verdad y justicia y lo hace con la habilidad que su veteranía política le concede. Extiende su telaraña. Y tiene éxito… por ahora. En el caso de la nieta de Gelman, el presidente Batlle, que ya sabía que el escritor la había localizado, jugó rápidamente una carta destinada a causar impacto en la opinión pública. Seguramente sabía, antes del análisis de ADN, que Gerardo Vázquez no era Simón Riquelo y con ese dato decidió intervenir. Es que el Presidente tiene quién le informa, claro.

Ante la opinión pública el Presidente ya no es aquel que defendió la Ley de Seguridad del Estado en 1972 o la Ley de Caducidad en 1986. Logró generar unas expectativas infundadas. Sin embargo, su «política con relación a los desaparecidos» sigue tan vinculada al encubrimiento y la impunidad como la de sus antecesores.

 

Realismo y discreción Un coro de voces repite una y otra vez, que el tema de los desaparecidos hay que encararlo con prudencia y discreción. Es el estilo uruguayo de hacer las cosas. Cabe preguntarse, sin embargo ¿por qué tanta insistencia en el cuidado para tratar el tema? Por cierto que la discreción, cuando se trata de salvar la intimidad de la nieta de Gelman está justificada. Pero, cuando no es el caso, cuando se invoca la prudencia y el silencio en general, ha de verse la causa de tan insistente invocación en la política de impunidad: no molestar a los terroristas de Estado.

Dice la resolución presidencial que crea la Comisión para la Paz que «VISTO: que se entiende necesario para consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos, dar los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto. (…).» Los pasos posibles, no los debidos. El Presidente (y su partido y su socio en la coalición) admite que forma parte de la naturaleza de las cosas que lo que las FFAA no toleran no puede, siquiera, pretenderse. Esta sumisión de quien ejerce el mando superior de todas las fuerzas armadas (Art. 168, 2º de la Constitución) ya se expresó legislativamente en la Ley de Caducidad de 1986 y lo manifestó el gobierno de Sanguinetti ante la Comisión de DDHH de la OEA y ante una petición que los familiares formularon en 1997: «Esta convicción (se refería a la supuesta imposibilidad de dar con el paradero de los desaparecidos) tiene sólidos fundamentos. Está basada en investigaciones ya cumplidas, en declaraciones públicas de calificados portavoces de las Fuerzas Armadas y ellas han sido confirmadas por conversaciones mantenidas en ámbitos reservados con sus máximas autoridades durante más de diez años. No hay documentos ni registros oficiales que puedan arrojar luz sobre los hechos denunciados(…).»(1)

El concepto de «pacificación nacional», disfraz de la impunidad, también fue esgrimido por el gobierno de Sanguinetti en 1986 al intentar justificar la infame Ley de Caducidad. La exposición de motivos del proyecto de ley decía del «propósito y la esperanza de alcanzar la completa pacificación del país».

El dolor de los familiares de los desaparecidos es otro componente de la estrategia del Presidente. Ha dicho que ellos tienen «el derecho natural a decidir qué es lo que quieren saber». Ahora se acude a la voluntad de las víctimas razonando en forma exactamente contraria a los argumentos favorables a la caducidad de la acción penal. (2) Atando la cuestión de los desaparecidos, a decisiones que puedan asumir los familiares, se pretende restar voces que reclamen toda la verdad relacionada con los actos de terrorismo de Estado y la individualización de los responsables. El Dr. Ramela ha elogiado ciertas actitudes, según su versión, de algunos familiares «con mucho sentido práctico y realista» (El Espectador, 10/1/01), en clara alusión a los pasos que por «imposibles», fatalmente deberán resignarse.

Esta lógica se vincula a otra igualmente perversa: aquella que sostiene que si no se los condena ni se los identifica públicamente, ellos hablarán en privado, dirán dónde están sus víctimas. Esta forma de ver las cosas condena a todo un país a aceptar la extorsión de una mafia criminal. Temas, todos estos demasiado trascendentes y merecen seguir reflexionado sobre ellos.

* Abogado de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT

(1) Cuadernos de Denuncias. Desaparecidos, PIT-CNT, 1998, P. 67

(2) «… los particulares no son dueños ni titulares de la acción penal (…). La titularidad de la acción pública, cabe reiterarlo, pertenece a la sociedad organizada como Estado, por tanto, sólo a esta sociedad corresponde la facultad de renunciar al ejercicio de dicha acción«. (Respuesta del Gobierno de Uruguay al Informe 29/92 de la Comisión Interamericana de DDHH)