Una interpelación inesperada

José Luis Blasina

 

Cuando se votó la Ley Nº 17.294 en la Cámara de Diputados el 23 de enero próximo pasado por amplia mayoría, tal como había ocurrido pocos días antes en el Senado de la República, no quedó ninguna duda sobre lo que establece en la eventualidad de que no se llegara a un acuerdo y, como consecuencia, surgiera más de una lista en el orden empresarial.

Salvo la especulación de un legislador del Partido Nacional acerca de sus alcances, quien suscribe sostuvo en esa oportunidad que «se podía estar de acuerdo o no con la Ley pero lo que no se podía hacer era tergiversar su contenido».

Esta aclaración no suscitó ningún comentario posterior.

Es que el texto de la Ley es «más claro que el agua clara» cuando establece fundamentalmente en su Artículo 2º lo que sigue: «Si en algunos de los órdenes mencionados –afiliados activos y empresas contribuyentes al BPS– existiera multiplicidad de organizaciones gremiales y no resultara posible formular una lista de acuerdo, se aplicará el Art. 1º de la Ley Nº 16.241 del 9 de enero de 1992″. Es decir, que se dirima la representatividad por medio de elecciones.

Ese Artículo 2º continúa diciendo: «Las listas de candidatos incluirán un titular y cinco suplentes, y serán presentadas al Poder Ejecutivo con una antelación de, al menos, treinta días de la fecha mencionada en la disposición referida en el inciso precedente».

Resaltamos: » Presentadas al Poder Ejecutivo» y aclaramos: cuando dice «treinta días antes de la fecha mencionada», se refiere a la fecha de la elección, el domingo 25 de marzo del 2001.

Lo que sucede posteriormente en el ámbito empresarial, como se ha hecho público, es que no se logró acuerdo y se presentaron en tiempo y forma –esto ha sido fehacientemente aclarado con pruebas documentadas que destruyeron todos los intentos confusionistas– dos listas para disputar la representatividad a través del voto de los 126.765 empresarios habilitados para sufragar.

Demás está decir que tanto la aplicación del texto de la Ley como la decisión del soberano en elecciones libres, no pueden ser alteradas por ningún decreto, salvo mejor opinión del Sr. Juan María Bordaberry.

No obstante, lamentable e inesperadamente, para quienes actuamos –como debe ser– de buena fe se ha generado una situación absurda y aparentemente inexplicable que nos llevó –junto con el Nuevo Espacio– a echar a andar el recurso de la interpelación al ministro Cr. Alvaro Alonso.

En realidad el llamado a sala debió haberse votado por unanimidad, al desconocerse olímpicamente una Ley por parte del Poder Ejecutivo. Sencillamente porque, luego de votada, pasaba a ser una norma que involucraba a todos los componentes de la Cámara, los que hicieron mayoría, los que votaron en minoría y los ausentes.

Y además, por la situación de deterioro que esto genera hacia el futuro en la relación entre dos de los tres Poderes del Estado. Deterioro institucional que sólo se podía –y se puede– recomponer con actitudes firmes y lejanas a la soberbia por parte del Poder Legislativo.

 

¿Por qué lo sucedido es aparentemente inexplicable?

Líneas arriba mencionábamos este aspecto. Aclaramos de antemano –aunque sea sobre abundante– que lo inexplicable o explicable no es sinónimo de justificable.

Dicho esto, creemos tener el derecho a especular, como lo tienen todos, acerca de cuáles pueden haber sido las razones, si se quiere entrecomíllese el término, que llevaron al Poder Ejecutivo a cometer tamaña ilegalidad.

La secuencia de hechos anteriores en torno a medidas de diverso tipo sobre la seguridad social, fundamentalmente por la dirección unívoca de las mismas, nos hacen pensar que se preparan o ya están definidas, nuevas y gruesas medidas que, avanzando en la desprotección social estatal, sigan abriendo camino hacia la privatización del sistema de seguridad social.

Y lo digo así, con crudeza, no solo porque tengo la convicción   aunque no obviamente las pruebas   del nuevo embate que se avecina, sino porque me siento en la obligación de decir- y advertir- las cosas como las pienso, valga la exhortación en ese sentido del propio Presidente de la República.

Entonces, retomando el hilo del razonamiento especulador, creo que para el impulso de las medidas que se avecinan   y ojalá me equivoque en esa predicción- no es lo mismo que en el Directorio del Banco de Previsión Social se siente Roberto Acle o Elvira Domínguez. Y no solo por ellos, sino por lo que cada uno de ellos representa.

Desde mi punto de vista, ese es el «gran cangrejo» debajo de la piedra, tan grande que ha llevado al Dr. Jorge Batlle a dar los pasos que dio, nada menos que contradiciendo su plausible prosapia de viejo liberal, como él justamente se ha autocalificado.

Por fin, y en cuanto al previsible desarrollo de la interpelación, ya hay síntomas claros en el sentido de «entreverarla» para que el apoyo al Ministro aparezca lo más disimulado que sea posible.

En cambio, creo que el centro debería ubicarse en reivindicar la Ley vigente, rescatar la menoscabada autoridad del Parlamento, y reafirmar lo elemental: los derechos de los empresarios, amparados por la Ley, no tienen nada que ver con su poder económico. En las urnas cada voto vale uno, allí no se los puede categorizar entre empresarios de primera y de segunda.

* Representante Nacional