¿Adónde va el gobierno?

La actitud del gobierno de coalición con relación al futuro de Antel se viene caracterizando por marchas y contramarchas. Y también por la muy dudosa constitucionalidad de los caminos legales para procesarlas.

Como se recordará, las propuestas emergentes del Partido Nacional fueron y vinieron, y unos artículos del Presupuesto Nacional, remitidos al Parlamento apenas cinco días antes del fin de los plazos, levantaron la airada protesta de los legisladores del Encuentro Progresista.

Para éstos resultaba evidente que las disposiciones que establecían modificaciones a la carta orgánica de Antel violaban las disposiciones consignadas a texto expreso en el artículo 188 de la Constitución.

Las recientes declaraciones formuladas por el Presidente a su regreso de Santiago de Chile muestran con cierto patetismo las idas y venidas del gobierno en algunas cuestiones de fondo. No sólo en la cuestión de los derechos humanos, donde sus ataques al juez Baltazar Garzón por sus acciones contra Pinochet resultan poco compatibles con el «estado de alma» al que se convoca cuando se crea la Comisión para la paz.

En lo referido a Antel, las expresiones de Batlle resultan difícilmente conciliables con los argumentos esgrimidos durante la discusión parlamentaria del asunto: «El Poder Ejecutivo no considera por ahora la venta de un porcentaje de Ancel. Es un instrumento que existe que de pronto algún Poder Ejecutivo más adelante lo considera, o que este Poder Ejecutivo podría considerar bajo la forma de acciones a disposición de los ciudadanos –como un capitalismo popular– pero hoy no es un tema que tengamos prioridad».

¿Dónde quedaron las argumentaciones de urgencia en la necesidad de salir al mercado? ¿En qué quedaron las perentorias admoniciones tendentes a utilizar las acciones de Ancel para atraer a la inversión extranjera?

Realmente, la presentación pública de las cuestiones por parte del Presidente, hecha con originalidad y hasta simpatía ante las cámaras de la televisión, parece estar siempre empezando. Sobre ningún tema se hace mención a los antecedentes, a los compromisos políticos contraídos durante su discusión y sanción parlamentaria.

Como por arte de magia han desaparecido los argumentos y fundamentos de voto exhibidos en el tratamiento legislativo de la Ley de Presupuesto, en la que se decidió la venta parcial de Ancel, sobre la que hoy existe un pronunciamiento contrario y un anuncio de recolección de firmas por parte de los gremios involucrados, con el apoyo del Encuentro Progresista.

Cuando la accidentada discusión parlamentaria de los artículos referidos a Antel, el diputado Ronald Pais, a nombre del oficialismo, respondió a una serie de dudas planteadas por los legisladores de la oposición.

Entre otras cosas afirmó: «¿Por qué vendemos una parte de Ancel? Para juntar fondos frescos y poder volcarlos a inversiones que generen empleo y reactiven al Uruguay. Ese es el circuito del razonamiento, y éstos son los temas del más al menos importante. El primero es la generación de empleo. ¿Cómo lo hacemos? Desregulando las telecomunicaciones. ¿Cómo hacemos, al desregular, para que Ancel pueda competir? La convertimos en una sociedad anónima. Como no tenemos capitales, vendamos parte de Ancel y generemos fondos frescos».

Si bien esta fase de la argumentación del diputado Pais ha quedado por el camino, lamentablemente el presidente Batlle sigue defendiendo otra que es sumamente discutible: «Al haber sido aprobadas en un Presupuesto, sostiene, y dado que la ley es un todo, ningún artículo de una ley de Presupuesto puede ser sometido a plebiscito«.

Como es sabido, la constitucionalidad de las normas que desde un presupuesto modifican las leyes orgánicas de las empresas del Estado, ha sido seriamente objetada y en ese terreno será la Suprema Corte la que dará la sentencia definitiva.

En cuanto a los pasos inmediatos que el gobierno se propone dar en materia de telecomunicaciones, el panorama es por demás confuso.