Se acabó la Ley de impunidad

La algarabía de los derrotados y las caras largas de los triunfadores no son más que una de las paradojas del pasado domingo electoral. Lo que está ocurriendo con el plebiscito sobre la Ley de impunidad es otro contrasentido mayor y más grave.

Con el paso de las horas y los días, lo electoral se va captando mejor. Los desanimados reparan en que han ganado tres departamentos más, han hecho milagros inverosímiles como en San José y están por ganar el gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento. Y los festejadores archivan las motosierras para sacar de la galera el invento patético del «equilibrio».

Pero con el plebiscito sobre la Ley de impunidad es menos fácil superar la desubicación y la visión desenfocada.

La primera razón obvia es que el tema es más complejo, nos guste o no. En la elección hay ganadores y perdedores, o avances y retrocesos, que quedan a la vista. Con el plebiscito empezaba por no ser evidente lo que estaba en juego, y no faltó quien entreverara las cosas difundiendo patrañas. Era forzoso que eso tuviera algún efecto porque el tema involucra conceptos y disquisiciones que no son de dominio universal. Cuando afirmamos que se trataba de algo muy simple, como la opción entre la justicia y la impunidad, o entre la igualdad de todos y el privilegio de los que avasallaron las libertades, lo que decimos es verdad. Es verdad en última instancia, porque también es cierto que para comprender realmente lo que se discutía y lo que se iba a votar hacía falta entender cosas tan poco obvias, y tan poco al alcance de todos, como la diferencia entre la derogación de las leyes y su anulación, o la legitimidad de una declaración retrospectiva de inexistencia de una ley. Que nuestras razones fueran impecables no quita que la cuestión tuviera que parecer oscura.

No cabe duda de que todo esto pesó en la votación, una vez que la Corte Electoral impuso la triquiñuela deleznable de su ingenioso invento: el de que no hubiera votos por NO, y los votos por SI tuvieran que competir no sólo con quienes se opusieran a la iniciativa, sino también con todos los que no se pronunciaran.

Esa misma complejidad hace que subsistan todavía ahora los desenfoques, incluso entre quienes tienen las cosas claras y entre quienes las explican públicamente.

Con diferencia de seis días ocurrieron dos cosas respecto de la Ley de impunidad. El plebiscito fue la segunda de ellas.

La primera fue una sentencia unánime de la Suprema Corte de Justicia que, a pedido de una fiscal, declaró inconstitucionales los mismos artículos de la Ley de impunidad que se buscaba anular mediante el plebiscito.

Tenemos ahora, por lo tanto, una situación en que hay dos hechos nuevos. Y sin embargo, la nueva realidad se comenta como si el fracaso del plebiscito fuese la única novedad, o mencionando lo otro a lo sumo como un dato menor.

Toda clase de observadores, e incluso personas con grandísimos y notorios méritos en la lucha perseverante contra esta ley, tienden a coincidir en una visión sombría. Lo más positivo que parecen encontrar para levantar los ánimos consiste en proclamar un compromiso de seguir buscando caminos para derrotar de algún modo esta ley que, según nos recuerdan, no es posible tolerar.

Ahora bien: la Ley de impunidad ha sido declarada contraria a la Constitución e inaplicable. Las cosas que desde siempre hemos predicado para señalar sus aberraciones han sido afirmadas por la unanimidad de la Suprema Corte. Tardíamente, sí, pero ha ocurrido. Se acabó. Murió.

(Sí, claro: la sentencia sólo se aplica al caso concreto de una víctima, Nibya Sabalsagaray, porque la Constitución no permite darle alcance general. Pero, establecido este precedente, no se concibe que la Corte, todos cuyos miembros tienen mandato hasta 2012 por lo menos, modifique su posición en otros casos. Los fundamentos que desarrolló no tienen nada que ver con peculiaridades del caso de Nibya: todos ellos son de validez general. También se ha hablado de temores por los casos en que nadie puede representar a las víctimas ni tiene un «interés personal y legítimo» para invocar la inconstitucionalidad; pero la sentencia de la Corte analiza esto declarando que los fiscales tienen esa competencia en nombre de «los intereses generales de la sociedad».)

El panorama de frustración que se observa es desconcertante y obliga a replantearse cuál es el objetivo. Es legítimo extraer del plebiscito conclusiones sobre la actitud de la ciudadanía o su sensibilidad respecto del problema, y esas reflexiones pueden ser de interés. Pero si el objetivo es, como en tantos comentarios se afirma, sacarnos de encima esta ley, entonces no se comprende el menosprecio, y hasta el olvido de lo esencial. Lo esencial es que la ley ha recibido su golpe de gracia.

Es absurdo cavilar ahora sobre cuáles podrán ser nuestros próximos pasos para retomar la lucha sobreponiéndonos a la depresión. Nuestro próximo paso, ya retrasado absurdamente, debe ser el alborozo y el festejo. Con alivio y con satisfacción. El reconocimiento respetuoso al órgano judicial que estuvo dignamente a la altura de una responsabilidad histórica. Y el homenaje de admiración que merece la magistrada que promovió y defendió esta causa.

Más aún: en realidad es particularmente satisfactorio que la ley haya sido derrotada por esta vía. ¡Claro que habría sido mejor que el plebiscito se ganara! Pero también hay que pensarlo con otra perspectiva. El Parlamento, en deplorables circunstancias, aprobó una ley ignominiosa. Era contraria a nuestros valores y nuestros principios, y por eso la hemos repudiado siempre. Pero se trata de valores y principios que no son sólo de una parte de la ciudadanía, son valores que la Constitución consagra. Y para esta situación, la de una ley que viola la Constitución, ella misma prescribe el remedio normal: la Suprema Corte debe declararla inaplicable. En 1988, por un solo voto, no lo hizo. Ahora lo ha hecho. Por tardío que haya sido este desenlace y por mucho que duelan las consecuencias de tantos años en que dejaron de estar con nosotros tantas víctimas, familiares y militantes, no deja de ser un hecho feliz que la ponzoña se haya extirpado por el camino que institucionalmente correspondía transitar.

La impunidad ya no tiene ley. Es hora de celebrar.