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El nombre que recibe la Ley 15848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, resulta intimidante. Evoca, de alguna manera, el clima que se vivía al momento de su aprobación. Su contenido es más simple y fácil de comprender: ampara a todos los funcionarios militares y policiales que cometieron diversas violaciones a los Derechos Humanos ­los llamados «crímenes de lesa humanidad»[1]­ en la época de la dictadura, e impide que se los juzgue.

En el año 1989, a pocos años de la restauración democrática en Uruguay, se realizó un referéndum que permitió a la ciudadanía manifestarse con respecto a la informalmente llamada «Ley de Impunidad». Sin embargo, la campaña llevada a cabo en los meses previos a la elección estuvo teñida por el miedo y por las presiones de diversos actores que impidieron que el electorado decidiera con total libertad. Georgina Mayo, periodista de Televisión Nacional, considera que este es uno de los motivos por los que se debe anular la ley (2009, p.16).

El entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, fundamentó la necesidad de esta ley a partir de las amenazas de desacato militar y planteó una oposición entre justicia y paz, subordinando la primera a la segunda. El militante colorado a favor de la anulación de la ley Diego Fau opina que «en un Estado de Derecho ­y entonces vivíamos en él­ no existe esa falsa oposición. Es paz «y» justicia, no «o» (2009, p.10). El miedo ya no es un factor en la coyuntura actual, la paz ya no se ve en riesgo y la oposición a la nulidad ya no puede ser argumentada con la frecuente alusión al plebiscito de 1989, a través de la común expresión: «Ya se decidió».

Una ley que ha sido declarada inconstitucional por la unanimidad de la Suprema Corte de Justicia no puede permanecer en la Constitución (Pérez, 2009, p.4). La Ley de Caducidad viola la independencia de poderes en la que se basa la República, coartando la libertad de acción del Poder Judicial, que puede realizar su tarea únicamente si el Poder Ejecutivo se lo habilita ­permiso que depende, inevitablemente, del gobierno de turno­. Se contradice, además, con la igualdad ante la ley que el Estado debe garantizar a toda su población. Por último, quebranta términos de los tratados de Derecho Internacional en cuanto a Derechos Humanos firmados por el Estado uruguayo.

El Uruguay apareció ­en el año 2008­ entre los 30 países más democráticos del mundo, el primero en América Latina. Una cifra que, para cualquier ciudadano uruguayo, es motivo de orgullo. Sin embargo, según encuestas de opinión respecto al próximo 25 de octubre, aproximadamente la mitad del electorado está dispuesta a permitir que esta extremadamente antidemocrática ley continúe presente en nuestro sistema penal.

La ley de impunidad es una vergüenza para el pueblo oriental. Es una constante negación del valor de la justicia. Implica la paulatina construcción de una cultura de la impunidad, en la que la igualdad pierde importancia y los delitos no se penalizan. Significa una muestra de indiferencia ante las violaciones a los Derechos Humanos y ausencia de respeto por todos aquellos cuyo paradero se desconoce. Es evidencia de egoísmo y falta de solidaridad para con los familiares de detenidos desaparecidos que, incluso luego de casi cuatro decenios, miran a cada desconocido que pasa con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. El periodista Diego Muñoz expresa esta noción en la última edición de Brecha: «Se puede vivir con una cicatriz, pero no con una herida abierta» (2009, p.17).

«Un individuo sabe quién es porque tiene memoria; un pueblo sabe quién es porque tiene historia» (Loy, 2009).

La historia la construimos día a día. No incluir la papeleta rosada en los próximos comicios es construir un futuro que no repudia la injusticia y que siente un precedente de impunidad, que deja abierta para los uruguayos la posibilidad de repetir una de las etapas más oscuras de su historia y garantiza que sus responsables no sufrirán castigo alguno. Es crear un Uruguay infame y vergonzoso para el pueblo que mirará hacia atrás y no encontrará más que una mancha imborrable en su pasado. El 25 de octubre es el momento de borrar esa mancha y de honrar a la nación de ese futuro en el que tantos insisten en concentrarse.

[1] «Según la Corte Penal Internacional son los crímenes que se cometen mediante el ataque generalizado y sistemático contra una población civil y menciona entre otros: asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y la desaparición forzada de personas» (Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, 2009).