Una decision trascendente

Ayer la Suprema Corte de Justicia resolvió considerar inconstitucional la ya famosa Ley de Caducidad, e increíblemente no sólo lo hizo con el dictamen favorable del Fiscal de Corte, sino que además lo hizo por cinco votos, la unanimidad del máximo órgano de nuestro ordenamiento judicial.

Yo no soy avezado ni especialista en Derecho, pero el dictamen, por su respaldo, impacta. Nuestros representantes, en todos los foros, han tenido que avergonzarse de esa Ley, aprobada legislativamente, e incluso respaldada por el voto mayoritario de la ciudadanía. Pero convengamos también, y fundamentalmente, una Ley teñida por el miedo, por un miedo estimulado por el gobierno de turno, viciada entonces en su consentimiento.

Recordemos. La Ley se dictó con un apuro inusual, y que en el fondo, debe haber avergonzado a muchos de sus autores. La Justicia había determinado varias citaciones de militares, y el Tte. Gral. Medina resolvió por sí y ante sí, sucuchar esas citaciones en una supuesta caja fuerte. El gobierno del Dr. Sanguinetti, trémulo, tuvo que recurrir a la oposición y fundamentalmente al hombre político más importante, a Wilson, que fue el que le sacó las castañas del fuego. Y las castañas se estaban recalentando de miedo. Dictaron una ley para proteger en su impunidad a violadores y asesinos, porque las cosas tenían nombres propios. Rompieron con la independencia de poderes y, en el futuro, vergonzosamente, los jueces le tenían que pedir permiso al sargento de guardia, en este caso el Ejecutivo, para saber si podían proceder o no. Algo que si ocurriera en la Venezuela de hoy merecería el llanto de tantos y tantos demócratas de pacotilla.

En aquella oportunidad, también dos grandes magistrados, dos magistrados con mayúscula, la Dra. Jacinta Balbela y el Dr. Nelson García Otero, se pronunciaron en minoría contra la constitucionalidad de esa Ley.

Y destaquemos, los jueces de hoy no fueron designados por el Frente, y el nombramiento del fiscal de Corte fue casi una nominación de la oposición.

Confiemos que ahora no salga un extenso y enjundioso comunicado público de los notables de siempre, que quieran enmendarle la plana a estos seis magistrados.

Recapitulemos, fue tanto el imperio del miedo, cuando aprobaron la Ley a tambor batiente, que hasta en los casos en que la Ley permitía la investigación, los ejecutivos de turno se refugiaron en la negativa.

Yo no soy pitoniso, pero me animo a afirmar que si algún Medina se hubiera enfrentado a don Pepe o a Luis Batlle terminaba en las guascas.

Al principio de autoridad no hay que lacallizarlo cuando es para sancionar a carteristas o descuidistas, hay que hacerlo valer cuando se trata de violadores con armas del Estado en las manos. No es más de lo que pasó cuando el famoso caso del chileno Berríos, donde dos o tres oficiales del Ejército, en actividad, lo secuestraron de una comisaría, ­para volverlo al cautiverio que nadie sabe quien ordenó­, aunque todos lo imaginan. Se fueron campantes, rompieron el libro de novedades. ¿Y qué les pasó?, no les pasó nada, porque los hoy campeones del principio de autoridad estaban distraídos. Y no lo olvidemos, fue un episodio que terminó en homicidio sin homicidas.

Me parece que ahora, la ciudadanía, el domingo, podría sacarnos del índex internacional, decretando nula, írrita, y sin ningún valor para siempre, una Ley arrancada y refrendada por el miedo, violatoria del principio de separación de poderes, que todas nuestras Constituciones reiteraron.

No se trata sólo de un voto por la justicia, se trata de un voto por la dignidad. Una recuperación de la soberanía, que se consumará votando por la papeleta rosada.