La pobreza, la propiedad privada y la democracia

«La situación en una democracia capitalista se resuelve así: la pobreza utiliza la democracia para vencer en la lucha contra la propiedad o bien la propiedad, temiendo a la pobreza, destruye a la democracia.» El pensamiento de Aneurin Bevan ­minero galés, dirigente de la izquierda laborista y ministro del gobierno británico de la segunda posguerra­ mantiene plena actualidad.

Si se recorren barrios montevideanos o de otras ciudades, a días de la instancia electoral, se observa la presencia multitudinaria de banderas partidarias. La roja, azul y blanca prevalece entre los que viven en la pobreza, mientras que la blanca y celeste, o la colorada, predominan en barrios y residencias en que sus moradores se oponen a limitar la gran propiedad y los privilegios que derivan de ella. Uruguay presenta la expresión de los dos bloques de clases enfrentados y las grandes concepciones ideológicas que los sustentan.

Para quienes son trabajadores ­en fábricas, medios de transporte, bancos, comercios, escuelas y liceos, hospitales, chacras, estancias­ o están desocupados, sus aspiraciones radican en asegurar su alimentación, salud, vivienda, educación, recreación. Quieren mantener u obtener la propiedad de sus bienes individuales (casa, auto, moto, etc.) y si disponen de una pequeña o mediana propiedad como medios de producción o de cambio, asegurar su estabilidad y no ser arruinados por las crisis o la expropiación de grandes capitalistas. Cuando la propiedad es del Estado (UTE, OSE, Antel, Ancap, etc.) saben que, bien administrada, contribuye al bienestar colectivo. Cuando ellos acceden a formas de propiedad de los medios de producción o de cambio autogestionarias, cooperativas, etc. saben que contribuyen al bienestar de la sociedad. Saben además, que cuando se expropian propiedades de nacionales o extranjeros para estatizarlas o distribuirlas entre miles de propietarios individuales o colectivos, esas expropiaciones benefician a las grandes mayorías. Por ende, las apoya; por ejemplo, cuando se recupera plenamente la administración y gestión del agua.

Para las clases populares que viven en la pobreza o próximas a ella ­aunque el Estado ejerce el poder al servicio del gran capital (con su Constitución, leyes, normas, etc.)­ los gobernantes de sus instituciones políticas temporales (Poder Ejecutivo, Legislativo, Intendencias, etc.), es decir del régimen, no le son indiferentes. La democracia liberal permite su elección e implica el formal reconocimiento de la igualdad ciudadana y mayores márgenes de libertades. Por lo tanto, las clases populares luchan en esta democracia para enfrentar y doblegar a la gran propiedad, lo que está pasando en los países de América del Sur y con mayor énfasis, donde hay gobiernos motejados de «populistas». Estiman que para hacer efectiva la libertad hay que terminar con la pobreza.

Para quienes, en cambio, viven del «corte del cupón» de acciones en empresas de producción o financieras, o son propietarios de grandes establecimientos rurales, industriales, comerciales, etc., o son tecnócratas o funcionarios civiles y militares privilegiados, la democracia representa un régimen satisfactorio, mientras los «de abajo» no confundan «libertad» con «libertinaje». Los de «abajo» serán alabados por sus «sólidas convicciones» si votan a los grandes propietarios o sus partidos en el gobierno. Estos partidos difieren en cuestiones secundarias, pero unen esfuerzos para defender el sistema capitalista, la hegemonía del libre mercado, y otras «libertades» que distan de ser realidades para las grandes mayorías. Además, cuando las circunstancias lo requieren, sin pruritos destruyen la democracia liberal, como sucedió con Pacheco y Bordaberry.

El 25 de octubre, la pobreza y la ética solidaria con quienes la padecen, se enfrentan a la concentración de la riqueza y la desigualdad, y la ética del individualismo egoísta propulsora del país dependiente y fracturado. Cada ciudadano, define cuestiones vitales. Define si volveremos a la democracia liberal , sepultando esta democracia tutelada por los militares, la de la desigualdad jurídica entre quienes somos pasibles de la acción de la justicia, y quienes amparados en su uniforme, pueden eludirla y ocultar sus crímenes de lesa humanidad. Define si todos los compatriotas tendrán derecho a decidir, vivan donde vivan, terminando con la diferencia para los que viven en el exterior de que pueden votar sólo los que tienen recursos y posibilidades de viajar. Define si gobierna el Frente -aún con imperfecciones e incoherencias – o si retrocedemos a la condición de la Colombia de Uribe. Y los frenteamplistas definimos qué Frente Amplio gobernará: si el anti-imperialista de sus orígenes y del programa resuelto en el Congreso, o el de quienes se oponen a él. Para reafirmar lo resuelto, parece lógico votar las opciones que se presentan en el sub-lema «Por un presidente para todos». (609, 711, 1001, 1813, 9393, etc.).