Sobre la etiología del aumento del delito

Llama la atención la insistencia de los partidos tradicionales, sobre todo del candidato nacionalista, sobre el problema de la inseguridad. Desde la asunción del gobierno actual, en marzo de 2005, la estrategia opositora se centró principalmente en atacar al gobierno progresista por la falta de seguridad en las calles. Se presentaba el fenómeno de la inseguridad e incremento de la violencia delictiva magnificando los hechos policiales y acusando al gobierno de omisión en el combate al delito. Basta ver los informativos televisivos en los que los cronistas reportean a las víctimas o vecinos de algún hecho delictivo e, invariablemente, les formulan preguntas en las que va implícita la respuesta; por ejemplo: «¿Cuántas veces van que lo asaltan? Esto ya no se tolera más, ¿verdad? ¿Tienen miedo de salir a la calle?». Y, naturalmente, los encuestados ­impactados por la circunstancia de haber vivido una peripecia más que desagradable­ no vacilan en dar rienda suelta a sus sentimientos y en reclamar mayor presencia y mayor eficiencia policial.

Desde esta página hemos reconocido más de una vez que la inseguridad no es solamente una «sensación térmica», sino que está justificada por la realidad. Es imposible negar que haya habido un incremento de la actividad delictiva ni que hayan surgido nuevas formas de delito, al tiempo que los delincuentes actúan con una especial agresividad.

No obstante, debemos rechazar la acusación de inercia policial o de ineficacia en su accionar. No solamente la Policía ha multiplicado sus esfuerzos, sino que ha logrado, en el transcurso de los últimos años, mejoras notorias en su eficacia. Para corroborar lo que decimos, basta comprobar los duros golpes asestados al gran contrabando, al delito organizado, a las grandes organizaciones mafiosas. Pero más allá de estas acciones espectaculares, también es notoria la mejora de la actuación de la Policía en la represión de los delitos cotidianos, que son los que más alarma causan en la población. Rapiñas, asaltos a locales de pago o a comercios, arrebatos, son en un alto porcentaje resueltos eficazmente: se logra detener a los autores, a la vez que se obtienen pruebas suficientes para que el juez actuante pueda decretar el procesamiento de los delincuentes.

Esto no es poca cosa, y creemos que el Frente Amplio debería ser más explícito en resaltar esta realidad como forma de contrarrestar las andanadas muchas veces mentirosas de la derecha. Pero lo que hoy nos interesa destacar es que desde tiendas conservadoras se presenta el problema de la falta de seguridad como si fuera resultado de la acción del gobierno actual, como si éste fuera el único responsable, como si el Ministerio del Interior mirara para otro lado u omitiera actuar contra el delito, como si no le importara la protección de los ciudadanos o como si le importaran más los derechos humanos de los delincuentes.

Al respecto, es preciso tener en cuenta que la inseguridad no es un problema de hoy ni de ayer. Es el resultado de cuarenta años de políticas aperturistas que empezaron a aplicarse ya desde los años sesenta, bajo los gobiernos blancos, bajo la predictadura pachequista; que se profundizaron bajo la dictadura y que siguieron aplicándose alegremente bajo los gobiernos democráticos que la sucedieron. Particularmente, bajo el gobierno de Lacalle, durante el cual se procedió a desmantelar cuidadosamente el aparato productivo, se cerraron fuentes de trabajo, se redujo el nivel salarial, aumentaron la desocupación y la marginación.

Somos conscientes de que para resolver el delicado problema del aumento de la delincuencia no basta con atacar sus causas, pero tampoco es pertinente olvidar quiénes son los verdaderos culpables del fenómeno.