Una revolución político-administrativa

Dentro de pocos días, cuando el Poder Ejecutivo promulgue la Ley de Descentralización, el país habrá dado un paso fundamental hacia la reforma del Estado al tiempo que inaugura un revolucionario régimen de descentalización municipal.

Llama la atención que LA REPUBLICA haya sido el único medio escrito en informar con el destaque que merece la sanción definitiva de dicha ley. El resto de la prensa apenas lo consignó como una información más, perdida entre los recuadros de «breves», o directamente lo soslayó, siendo que se trata de una verdadera revolución política que desplaza el poder desde el centro hacia la periferia al crear autoridades autónomas y electivas para los poblados de más de dos mil habitantes.

En sintonía con la tradición española de los cabildos, pero fundamentalmente concretando una cara aspiración del ideario artiguista, los habitantes del interior profundo –no solamente los de la capital nacional o de las capitales departamentales– tendrán, por ley, la posibilidad de ejercer una democracia más directa y participativa.

Ya a partir de las elecciones municipales de mayo de 2010, en las poblaciones de más de cinco mil habitantes, los ciudadanos elegirán, además de las autoridades departamentales, a aquellos de sus conciudadanos que integrarán el gobierno municipal de su localidad; en 2015, los poblados de más de dos mil habitantes también se integrarán a la nueva modalidad. El poder político central se descentraliza hacia la periferia para otorgar a ciudades y villas la autonomía que hasta entonces no tenían.

Tanto el profesor Rubio (en entrevista publicada en LA REPUBLICA el miércoles pasado) como el legislador Gustavo Guarino han resaltado el único antecedente que registra nuestra historia de un intento de descentralización municipal. La iniciativa del presidente Bernardo Prudencio Berro data de 1861, época de fuerte supremacía del caudillismo, cuando la nación no estaba aún consolidada y las prácticas democráticas, muy acotadas por disposiciones constitucionales. Como señala Barrán en el tomo 6 de la colección Historia Uruguaya, la intención de Berro era profundizar la democracia e impulsar la participación política de los ciudadanos, para lo cual proponía la creación de alcaldías y juntas locales cuyos integrantes serían electos por voto secreto. La iniciativa no prosperó, y siete años más tarde Berro moría víctima de un atentado político, el mismo día en que también era asesinado Venancio Flores.

Pero en fin, todo eso es historia, y si lo traemos a colación, es para mostrar el nulo interés de los partidos tradicionales en impulsar la descentralización democratizadora y propiciatoria de la participación ciudadana. Con la excepción de una propuesta en ese sentido, contenida en el programa de gobierno de Wilson Ferreira Aldunate, Nuestro Compromiso con Usted, el Partido Nacional olvidó prontamente a Bernardo P. Berro y no fue capaz de ser coherente con los ideales y postulados que le dieron origen y que abrevan en el ideario artiguista. El Partido Colorado, en cambio, ha exhibido una coherencia absoluta con sus principios. El Partido de la Defensa, fundado por Rivera, mantuvo siempre, desde sus orígenes, una total fidelidad al ideal unitario, amigo del centralismo y enemigo del federalismo y de la descentralización. En resumen, diremos que fue necesario aguardar a que la izquierda llegara al poder para concretar una idea que, en Uruguay, estuvo adormecida desde el nacimiento a la vida independiente.

El Frente Amplio demuestra, una vez más, su profunda vocación democrática y artiguista.