Juan Carlos Blanco y los DDHH

Gabriel Mazzarovich

 

En el Uruguay parece haberse instalado un clima de amnesia completa, como si alguien hubiera decidido que aquí vale todo y todo es gratis.

Ayer el doctor Juan Carlos Blanco en su editorial habitual en El Observador tiene el tupé de hablar sobre los derechos humanos en el Uruguay.

Lo hace desde un ángulo que es hasta compartible cuestionando la autoridad de EEUU para juzgar unilateralmente a los países de América anualmente.

El problema no es ese, el asunto no es que EEUU desde su pretensión imperial se arrogue el derecho de juzgar a todo el mundo. El asunto es que esta vez EEUU se refirió al tema de los desaparecidos, cuestionó que los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle no hayan investigado nada y destacó la actividad de la Comisión para la Paz.

El problema es que Juan Carlos Blanco, ex canciller de la dictadura, cómplice de la represión, las torturas y las desapariciones no tiene autoridad moral para hablar sobre los derechos humanos.

Juan Carlos Blanco tuvo directa participación en las discusiones sobre la suerte de Elena Quinteros, su firma está en el memorándum secreto de la Cancillería donde se debatía «¿Qué hacer con la mujer?» y las opciones eran «entregarla o no entregarla» a las autoridades venezolanas que la reclamaban.

La actitud de quienes apoyaron la Ley de Impunidad y la ampliaron hasta más allá de sus límites, ya que la ley excluye explícitamente a los civiles de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ha impedido, hasta ahora, que Juan Carlos Blanco haya tenido que responder ante la Justicia por sus acciones.

En el fondo a Juan Carlos Blanco lo que realmente le preocupa es que se investigue aquí y que se desclasifiquen documentos en EEUU. No le cierra que el «gran patrón» haya cambiado el discurso y ahora pueda deschavar algo de lo mucho que sabe.

Juan Carlos Blanco tiene un problema, sabe que al final la verdad va a surgir y entonces está nervioso.

Es su problema, mientras tanto y por un decoro elemental que hasta los funcionarios de la dictadura debieran tener, no debería hablar de derechos humanos.

Se lo exige la convivencia democrática y el dolor de los familiares de las víctimas de la dictadura que él integró.

* Secretario de Redacción de LA REPUBLICA