Arinsa: extorsiones varias

Marcelo Jorge Filomeno

 

La historia de esta desgraciada empresa la hemos ido desgranando en innumerables notas durante 15 años, historia conocida para quien se haya tomado el trabajo de leerlas, con material documental contenido en voluminosas carpetas y testimonios de muchas personas vinculadas, de una u otra forma, al emprendimiento desde su nacimiento hasta su triste final. Las mismas están a disposición del departamento de Soriano, especialmente de quienes me lincharon por luchar por ella, dentro del Frente Amplio, y hoy no saben para dónde rumbear con el tema. Clavo ardiente para buscadores de cargos, no de soluciones para el departamento. Estos nada pueden saber, porque no los vimos nunca en las movilizaciones por la fábrica, tildándonos de locos y demagogos a quienes estuvimos, así como nada pueden sentir ante el denigrante espectáculo de las máquinas e instalaciones destrozadas, no por el tiempo, sino por los inversores, supuestamente reconversores. Después descargan su conciencia –si es que la tienen– hablando contra el neoliberalismo…

En esa historial hay varias extorsiones, incluida la última contenida en la carta de «Ugalur SA», al ministro de Educación y Cultura, expedida en Montevideo el 14 de febrero de 2001, que merecerá un comentario. Pero previamente –y como aporte a la memoria de Soriano y del país–, recordamos otras dos clamorosas extorsiones sufridas por la empresa «Arinsa», determinantes en el resultado final de su clausura de actividades, independientemente del destino de la agroindustria azucarera en el Uruguay.

La primera gran extorsión le fue practicada a la empresa «Arinsa» en la Región Militar II de San José, en el año 1974, merced al maridaje existente entre los directores del Banco República de aquel entonces y sus mandantes militares. Estos últimos «ablandaron» durante 30 días a los máximos dirigentes de la empresa para que otorgaran un convenio, firmado finalmente el 20 de noviembre de 1974, en virtud del cual el Banco República pasaría a subrogar, como acreedor, a la firma alemana que había instalado la planta industrial y con la cual la empresa «Arinsa» venía negociando una refinanciación de sus obligaciones, para el cumplimiento de las cuales los alemanes no habían exigido en ningún momento ningún tipo de garantía real, sobre los bienes de la empresa, o personal, sobre el patrimonio de los directores. Como la dictadura tenía interés en colocar unos cientos de miles de pares de zapatos en Alemania, el Banco República le pagó a los zapateros, cancelando con el banco alemán que operaba con la empresa proveedora de la fábrica, subrogándose como acreedor de la empresa «Arinsa» e imponiendo a ésta dos condiciones: una, la de ampliar la hipoteca original, del 5 de diciembre de 1969, constituida a favor del BROU en virtud de haber sido éste avalista de diversas letras de cambio, llevando el monto de la misma de un millón 660 mil dólares a ¡15 millones de dólares! Pero hizo más el «Banco País», con la «ayuda» de los militares: les fijó, a los directores de la empresa, en 9 millones de dólares el monto de lo adeudado y les hizo firmar el convenio referido como solidariamente responsables por dicho monto. Más aun, viciosos del abuso –como todos los seres inferiores con poder–, les obligaron a garantizar, en la ampliación de hipoteca que finalmente se otorgó y firmó el 6 de mayo de 1976, «los importes en dólares USA o en otras monedas destinados a preanticipos de divisas sobre exportaciones de productos no tradicionales». Los «burgueses» mercedarios de la rambla –al tenor de los «revolucionarios» de boquilla– llegaron a garantizar ¡hasta los posibles incumplimientos de los exportadores de zapatos!

La penúltima joda del BROU –no hay otra manera de calificar estas cosas– contra le empresa «Arinsa», descerrajándole un tiro en el corazón, fue a fines de 1980, cuando estando preparadas miles de hectáreas para sembrar, le cortó a la empresa todos los créditos, exigiéndole el pago de lo adeudado.

Cabe agregar que la empresa había amortizado 6 millones de dólares entre 1974 y 1976. En el convenio arrancado en la Región II le habían dado 4 años de plazo para la amortización. Con los alemanes tenían 12 años, prorrogables. A Calnu el BROU le dio 20 años. Hasta el más negado puede extraer conclusiones.

Y así, en dictadura y en democracia, llegamos a la situación actual. Sobre la cesión del crédito hipotecario ya opinamos, y no vamos a llover sobre mojado. Pero sí sobre la carta, de contenido extorsivo, que el representante de la empresa «Ugalur SA» le dirige al ministro de Educación y Cultura, amenazando con iniciarle juicio al Estado por aquellos 9 millones de dólares.

Si la misma hubiera sido escrita por el suscrito o cualquier otro ciudadano de a pie, quizás –y sin quizás– ya tendríamos encima a los abogados del Ministerio, para llevarnos a los tribunales. Pero, recordamos que estamos en el país de la impunidad. A todos los niveles y en todos lados. Es como una metástasis que se ha diseminado por el cuerpo social uruguayo, junto con la crisis. Todo aquel que tiene alguna porción de poder, en cualquier ámbito, cree que cuenta con impunidad en el ejercicio del mismo. Quizás a «Ugalur SA» le ha pasado algo de eso. Cabe recordar que, mientras aquellos empresarios pasaban aquellas odiseas, otros empresarios –también del departamento– traían ómnibus llenos de la Región Militar II, para las comilonas con el poder de turno. Por ello, no habrá juicio contra el Estado, pero éste, tarde o temprano, deberá resarcir, no a «Ugalur SA», sino al departamento de Soriano.

* Escribano