A Dios rogando y con el mazo dando
León Lev
El reciente aumento de los combustibles ha significado un durísimo impacto para los bolsillos de productores, transportistas y a corto plazo para los usuarios del transporte colectivo.
A esta altura está claro que la medida obedece más a necesidades fiscales que a costos reales. El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, manifestó en la Comisión Permanente del Poder Legislativo:
«La previsión de la contribución de Ancap a Rentas Generales para este año la hemos fijado en U$S 25.000.000. Es obvio que esta ampliación de U$S 10.000.000 con respecto a nuestra previsión del año pasado obedece, justamente, al tiempo transcurrido en estos tres o cuatro meses desde aquel momento, a las vicisitudes por las que debimos pasar respecto a la evolución de la recaudación y a las necesidades que hemos fijado de cumplimiento en cuanto al déficit fiscal.»
A confesión de parte, relevo de prueba.
Mientras por un lado el oficialismo manifiesta «la sociedad no admite más estos precios de los combustibles» y propone desregular y desmonopolizar el mercado de los combustibles, debilitando a Ancap, en la práctica aumenta los precios al consumidor.
Al que no quiere sopa, dos platos.
No caben dudas de que esta medida alcista ha significado un duro traspié para la credibilidad del gobierno nacional.
Mucho menos es admisible justificarla por los ajustes presupuestales, ya que los mismos fueron financiados manteniendo tasas diferenciales para las empresas públicas respecto al sector privado: Icome (Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera), aportes al BPS y otros, como el 14% del IVA a los servicios médicos no mutuales o el aumento del IRP a los profesionales universitarios.
Si se trata de abrir a la competencia las empresas públicas, lo primero que corresponde es ponerlas en condiciones equitativas con el sector privado en el área impositiva.
La necesaria reforma del Estado
El tema central que está en cuestión es el de la reforma del Estado.
La cuestión es entre un Estado eficiente, dinámico, regulador de los agentes económicos en competencia, de un pequeño país jaqueado por poderosos países vecinos y mucho más por las superpotentes empresas transnacionales o si buscamos el Estado mínimo, donde los intereses privados y extranjeros se adueñen de los negocios públicos como sucedió en la Argentina menemista y hoy se pagan duramente las consecuencias.
En el documento de los trabajadores de Ancap entregado al Encuentro Progresista-Frente Amplio se expresa:
«En 1992 la ciudadanía votó SI a la reforma del Estado, que pasaba no por el cambio de propiedad de las empresas públicas, sino, por la mejora de la gestión.
Esto aún está pendiente en Ancap. En estos días asistimos al choque de una gestión históricamente dirigida a la recaudación contra el reclamo del país productivo y consumidor. Es necesario pasar a una gestión basada en la eficiencia profesional y moderna, no partidizada, con calificación y participación creciente del personal.»
«Por el futuro del país y de la propia empresa, en su carácter estatal es imprescindible BAJAR LAS TARIFAS DE LOS COMBUSTIBLRES. Para ello se debería acordar un plan concreto y plazos para realizarlo. Es imprescindible darle los instrumentos y quitar las cargas que impiden la máxima eficiencia.»
» En este sentido LAS INVERSIONES en lo productivo y comercial son indispensables para acceder a la escala de producción y ventas, de tecnología y calidad, de costos y precios, que hagan una Ancap competitiva en un mercado crecientemente exigente.»
Resultan inteligentes y plausibles las opiniones de los trabajadores de la empresa, que no expresan un lobby laboral sino un interés nacional y social.
Los sectores progresistas y de izquierda estamos ante un desafío y no podemos rehuirlo.
Mejorar y modernizar el Estado, insertar nuestra economía en la nueva realidad económica internacional, buscar potenciales socios estratégicos para empresas mixtas pero salvaguardar bienes históricos que le han dado al Uruguay una identidad nacional y son factor estratégico para su desarrollo futuro.
Aquí quiero traer a colación un interesante y sugestivo trabajo del economista Luis Porto, aparecido en BITACORA del 25.2.01, bajo el título «¿Qué se votó el 18 de febrero?»
» …el Presidente aspira a que sus reformas provocarán un cambio en la clase empresarial uruguaya provocando la aparición de nuevos empresarios dinámicos (empresas multinacionales aliadas a empresas públicas, uruguayos exitosos en el exterior), sustituyendo de esa forma a aquellos empresarios que durante años tuvieron un comportamiento oportunista, de búsqueda de rentas, capturando a los reguladores de turno para aprovecharse de los beneficios que la estructura social genera. Es más, la simple amenaza de reducción de las rentas y de desplazamientos por nuevos grupos, a través de las reformas podría generar un cambio de comportamiento en los grupos empresarios nacionales.»
Este concepto es complementado más adelante en el artículo con las siguientes afirmaciones:
«El punto es que los grupos que pueden debilitarse con la reforma del sector público han tejido sus relaciones con el Estado no a través de la izquierda sino a través de los partidos tradicionales y en particular de un sector del Partido Colorado y es por eso que el Presidente puede tener problemas para avanzar en su objetivo de cambio de la clase empresarial.
Tampoco es evidente que la izquierda sea su aliada, porque en el proceso también se pueden debilitar los gremios relacionados y además sigue aquella vieja e ingenua idea de que si el Estado se mantiene como está, cuando la izquierda gane pondrá la estructura del Estado en beneficio de las clases populares.
Lo más seguro que, caso por caso, el Presidente tenga que elaborar las alianzas que le permitan avanzar en su objetivo. Sabiendo esto, la izquierda debía mostrarse como un referente fuerte y la forma de hacerlo era mostrar que podía frenar la forma que ha elegido el Presidente para gobernar. «
Lo interesante de este análisis, más allá de matices, es que obliga a la izquierda a pensar, a discurrir que se encuentra frente a una forma de gobierno distinta de la del doctor Sanguinetti y del doctor Lacalle, con muchos peligros pero también con posibilidades.
El modelo económico imperante sigue siendo capitalista y dependiente, concentrador y excluyente, digitado por los organismos financieros internacionales de contralor, por eso somos oposición.
Pero, también es necesario percibir una mayor dinámica política, nuevas oportunidades, si no nos dejamos aislar y tenemos capacidad de diálogo en temas puntuales.
Explorar, tantear, buscar caminos de aproximación y avance.
El camino se hace andando, no está hecho.
* Alianza Progresista EP-FA
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