El antidemocrático criterio de los 2/3

De acuerdo a una decisión política de un sector colorado y de algunos legisladores del mismo, se habría planteado a nivel del gobierno la decisión de que la Corte Electoral quedara congelada en su actual integración. Ello con el fin de contar la coalición de gobierno con dos tercios en ese organismo, lo que le posibilitaría hasta la anulación de una elección nacional, tal como establece la Constitución de la República.

Esta información, a modo de pregunta, aparecida en Surmedia, diario digital que se edita en Maldonado ( quizás determine una alguna reacción política. La gravedad de la eventual decisión de ese sector del Partido Colorado de conservar en poder de la coalición de gobierno los dos tercios de la Corte Electoral, violentando así la propia Constitución de la República, que establece que dicho organismo debe ser integrado en proporción a los votos obtenidos en la última elección nacional, está sugiriendo que existen varios personajes siniestros y antidemocráticos enquistados en el ambito político.

Tanto los legisladores mencionados como el propio Foro Batllista deberán aclarar esta información que, de confirmarse, marcaría un precedente más que negativo para el país, para el funcionamiento de la democracia y, por supuesto, para la convivencia de todos los uruguayos.

Tanto la Corte Electoral como el Tribunal de Cuentas todavía se mantienen con sus integraciones históricas, a más de un año de establecido el nuevo gobierno. Este hecho por sí solo es grave, especialmente cuando trascendió que en torno al punto se había arribado a un acuerdo entre el Frente Amplio-Encuentro Progresista y Partido Colorado sobre la base del que la Corte Electoral se integraría de la siguiente forma: Partido Colorado 3 integrantes (2 miembros neutrales y un partidario), Partido Nacional 2 integrantes ( 1 neutral y 1 partidario), Encuentro Progresista-Frente Amplio 3 integrantes (2 neutrales y 1 partidario) y Nuevo Espacio 1 integrante partidario.

Obviamente con la integración acordada por los negociadores del EP-FA y del Partido Colorado (senadores Reinaldo Gargano y Alejandro Atchugarry), los partidos tradicionales no contarían con los dos tercios de votos necesarios como para emprender una acción tan inopinada como absurda, de anular una elección.

El tema es de tal magnitud, está tan reñido con las tradiciones uruguayas que, verdaderamente, sorprende y alarma. ¿Cómo es posible que alguien inserto por su actividad en las instituciones del país maniobre políticamente para tener en sus manos un instrumento «legal» con el fin de vulnerar una decisión soberana del pueblo? Claro, esa «legalidad» estaría cuestionada desde el pique por el conocimiento de estos hechos. Si la Corte Electoral verdaderamente es mantenida en esta especie de congelamiento, parece evidente que la legalidad de sus decisiones quedaría cuestionada desde el pique.

¡Y que no se venga con la argumentación de que son posibles en nuestro país procesos electorales fraudulentos, como algún senador sostuvo a propósito de la convocatoria del pasado 18 de febrero! Ese sectarismo absurdo daña a las instituciones. También hay que tener en cuenta que, en todo este proceso, existe otra cosa que es también grave.

¿Cómo es que el gobierno del presidente Jorge Batlle es capaz de aceptar tamaña cosa? ¿Es posible que se mantenga desintegrada la Corte Electoral por más tiempo, así como también el Tribunal de Cuentas, especialmente cuando el gobierno está ingresando en una etapa de reformas económicas que, por la tranquilidad de todos, deberían hacerse con las más estrictas garantías de cristalinidad?

Son hechos demasiado graves para pasar por alto. Los mismos están cuestionando, en su esencia, al sistema que a todos nos rige y que debemos defender. No valen palabras, ni ratificaciones, ni desmentidos. Hay una única forma para aventar la preocupación que están causando, especialmente cuando los mismos están llegado a la opinión pública: resolver de inmediato la integración definitiva de estos organismos.

Que las mentes calenturientas y antidemocráticas queden rumiando su malestar por no tener en sus manos un mecanismo que evite lo que temen, el fin de sus privilegios políticos. Mientras tanto, los demás, afiancemos la democracia.

El gobierno tiene la palabra.