Crónica de la brutal represión

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras declaró ayer que proseguirá la lucha hasta lograr la salida de los golpistas y el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia, a pesar de la brutalidad de la represión que se desencadenó contra los participantes de las grandes manifestaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que reunían a los miles de hondureños provenientes de todos los puntos del territorio. El régimen de facto elevó el nivel de la brutalidad represiva y pretende imponer el servicio militar obligatorio.

Ayer proseguían las movilizaciones sin tregua al tiempo que Manuel Zelaya, después de su reunión con el presidente Lula en Brasilia, era recibido en el Palacio de la Moneda por la presidenta Michelle Bachelet, mientras en la plaza contigua una manifestación popular expresaba su apoyo al mandatario constitucional de Honduras.

Vimos las escenas de la policía reprimiendo con furia y a toletazos a los pacíficos manifestantes en Tegucigalpa, donde se registró cerca de un centenar de detenidos.

Entre ellos hay comunicadores, a quienes les decomisaron sus equipos, como también los vimos exponiendo su protesta ante la cámara. Hay otros periodistas detenidos. El diputado Malvin Ponce, de Unificación Democrática, fue herido de bala y está internado en el Hospital Escuela. Organizaciones femeninas y de derechos humanos han hecho la lista de los detenidos en la primera y segunda Estación de Policía, en su mayoría campesinos que provienen de la larga marcha (en particular de Olancho y Marcala) y a los cuales se les pretende endilgar el delito de terrorismo y sedición. En la capital se reimplantó el toque de queda, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. En el operativo se ha visto al frente al oficial Flores Palma, quien estuvo a cargo del batallón policial Cobra, especializado en la represión, quien personalmente arrebató la cámara a un periodista. Según informes de Radio Globo, que se mantiene viva, custodiada por el pueblo y con contactos permanentes, los bajos del Congreso Nacional, hacia donde se dirigió la manifestación, se convirtieron en una cárcel, ya que allí amontonan y golpean a los detenidos. Informa también que la policía ingresó a la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, disparando ráfagas de bala viva. Persiguiendo a los presentes, grupos militares llevaron la represión a la sede del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh) y del Sindicato de Trabajadores de la Industria y de la Bebida y Similares (Stibys), donde se albergaron manifestantes de fuera de la capital.

Simultáneamente, la represión se hacía sentir en San Pedro Sula. Un helicóptero lanza bombas lacrimógenas y la policía tirotea a los manifestantes, hay tres heridos.

Detienen al juez Luis Chávez (según denuncia el sacerdote jesuita Ismael Moreno), a dos miembros de la Dirección del Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Co. (Sitraterco), golpean y encañonan a tres estudiantes de medicina que atendían a los manifestantes y los despojan de sus equipos médicos. En su saña llegaron a hostigar los refugios y colegios donde iba a pernoctar la gente que llegó en la marcha y, en el caso de San Pedro Sula, los obligaron a permanecer a la intemperie bajo la lluvia. Hay videos que documentan la barbarie de las fuerzas represivas.

En medio de estas aguas revueltas, el régimen de facto procura imponer un sistema de servicio militar obligatorio, destinado a aumentar la represión por varias vías. La ley que lo establecía fue derogada en 1994 tras una larga lucha popular, en cuyo seno se distinguió el movimiento de mujeres bajo el liderazgo de Alba de Mejía. La norma está siendo aprobada en un Congreso semivacío, donde sólo asisten los adictos en cuerpo y alma a la dictadura. En teoría, el servicio militar sería obligatorio en tiempos de crisis y facultativo en períodos de paz. Pero uno de sus objetivos inmediatos consiste en el reclutamiento forzoso de jóvenes para alimentar las fuerzas represivas contra el propio pueblo. Se afirma que la ley se propone «otorgar a Micheletti y su camarilla el poder de cazar los miles de manifestantes jóvenes que son factor fundamental, junto a los demás sectores, de la lucha popular. Seguramente, el siguiente paso será declarar emergencia nacional y proceder a los llamados obligatorios, so pena de incurrir en delito civil si la población joven se niega a engrosar la fuerza armada represora».

Por añadidura, se denuncia que el Ministerio Público del régimen de facto está preparando la documentación para acusar de sedición y terrorismo a los dirigentes del movimiento popular. La lucha del pueblo hondureño continúa y el movimiento solidario latinoamericano y mundial debe colocarse a su altura. El lunes, el Parlamento del Mercosur tratará en Montevideo la situación en Honduras.