La impunidad tiene quien la defienda

El 25 de octubre además de elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados, los uruguayos dirimiremos también dos plebiscitos: una para decidir la anulación de la Ley de Caducidad y otro para definir si el voto además de obligatorio es efectivamente universal y abarca a todos los uruguayos, estén donde estén.

La semana pasada la Comisión Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad lanzó la campaña hacia octubre. En la convocatoria se reconoce, como no podía ser de otra manera, que la Ley de Caducidad fue refrendada en un referéndum, pero recuerda las condiciones en las que ello ocurrió.

«En aquel entonces ­señala la proclama leída en el Paraninfo­ la información que teníamos sobre los crímenes de la dictadura era escasa y fragmentada. Las denuncias que se formulaban por entonces eran sistemáticamente desacreditadas y tildadas de fantasiosas o políticamente interesadas. Hoy ­lamentablemente­ se ha confirmado de manera rotunda lo que en aquel entonces se negaba enfáticamente: la existencia de un plan coordinado entre las dictaduras del Cono Sur para exterminar toda forma de oposición y disidencia en la sociedad. Un plan que apeló a los más crueles recursos posibles, que usó la tortura, la violación, el asesinato y la desaparición de personas, el secuestro de niños a quienes se les robó su identidad, matando además a sus padres».

La ley de impunidad se impuso con mentiras, miedo y desinformación; mentiras especialmente desde el poder político, en particular por el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien repitió en todos los medios que le dieron generosamente espacio y que nunca lo cuestionaron: «En Uruguay no hay niños desaparecidos». Miedo sustentado en las amenazas de cuartelazos y desacatos proferidas públicamente por los militares, que no sólo no fueron censuradas desde el gobierno, sino que fueron toleradas, cuando no promovidas.

Es un importante pronunciamiento político por tres factores: por quiénes lo dicen, por dónde lo dicen y por lo que dicen.

Sanguinetti y Aguirre representan dos referentes de la derecha tradicional e histórica del Uruguay, de la que hegemonizó la conducción del país en los últimos 30 años; hoy están en decadencia en su influencia personal, pero siguen siendo fieles a los espacios desde donde construyeron su poder: los militares son claramente uno de ellos.

Esta vez el lugar también es importante, ya no lo hacen como tradicionalmente desde las páginas de «El País» o «Búsqueda», que siempre se abren generosas, esta vez van más allá y lo hacen desde la revista «El Soldado», órgano oficial del Centro Militar.

Pero Sanguinetti es el que va más allá, cuestiona a Tabaré Vázquez por «estirar la ley más allá de su espíritu», por habilitar los juicios que terminaron con la prisión de varios de los más connotados violadores de los derechos humanos. Juicios que Sanguinetti, cuando fue presidente, impidió a cualquier costo, incluso atropellando a jueces y maniatando a fiscales.

Por último Sanguinetti señala que las condenas a algunos de estos violadores de derechos humanos son «arbitrarias» y sólo comparables a las aplicadas en «regímenes fascistas y comunistas».

Extraño argumento, esgrimido justamente para defender una vez más, como siempre lo ha hecho Sanguinetti, a los operadores más siniestros de un régimen, ese sí fascista, que asoló nuestro país durante 13 años.

Aguirre y Sanguinetti son dos voces cada vez menos escuchadas en la política nacional. Ninguno será candidato en estas elecciones seguramente, sus propios sectores políticos quieren que formen parte del pasado.

Pero aun así conviene registrar claramente quiénes son los que defienden la impunidad y quiénes son los que no pondrán la papeleta rosada en octubre: está claro que no lo harán Aguirre y Sanguinetti; por supuesto tampoco los directivos del Centro Militar; y según lo han dicho; tampoco lo harán Lacalle, Larrañaga, Bordaberry y De León.

Mientras tanto, miles de uruguayos de todos los partidos, sin miedo y con convicción democrática recorreremos el camino que señaló en el Paraninfo Eduardo Galeano: «Hay abolir esta ley infame que nos condenó a la infamia perpetua y al perpetuo olvido. Ese era un país enfermo de miedo, recién salido a la democracia y ahora ya no porque el Uruguay cambió y no es el paraíso de la impunidad que era».