Frente a la crisis, más derecho laboral

Si existe una relación particularmente compleja y difícil en la economía, es la que sostienen las relaciones de producción con el mundo del trabajo.

Es una relación en la que se cruzan miradas y aproximaciones ideológicas opuestas, muchas veces antagónicas, cargadas de un grado importante de subjetivismo, y ­también­ de defensa de intereses legítimos.

Una de esas aproximaciones es la del liberalismo. Fue la visión hegemónica que dominó el mundo de las relaciones laborales en nuestro país y la región la mayor parte de la década de los 90 y parte de la actual.

Básicamente, esa visión sostiene que las relaciones del mundo laboral deben ser lo más «libres» y desreguladas posibles, que el Estado no debe intervenir (o intervenir lo menos posible) en relaciones entre particulares, como es un contrato laboral.

Llevado a su extremo, ese discurso liberal permitiría ­por ejemplo­ que existieran jornadas laborales de 16 o 18 horas, el trabajo infantil, e incluso formas nuevas de esclavitud o servidumbre. Porque desde la mirada las mismas serían «libres».

De hecho, durante muchos años lo permitió: esa era la situación de la inmensa mayoría de los trabajadores del mundo a mediados del siglo XIX, hasta que el marxismo y otras corrientes sociales denunciaron las paupérrimas condiciones materiales y sociales en que se encontraban los trabajadores.

La otra gran visión que existe (podría hablarse de una tercera visión, que sería la anarquista) es que frente a la evidente asimetría de poder que existe entre patronos y empleados, el Estado debe intervenir para establecer reglas que prohíban situaciones como la de mediados del siglo XIX, y garantizarle a los trabajadores unas condiciones de vida y un desempeño laboral lo más dignos posible.

Por supuesto que dentro de esta visión hay matices: desde la tradición más clasista, que pretende eliminar en última instancia la lucha de clases mediante la abolición de la propiedad privada, hasta la tradición más socialdemócrata (por llamarla de algún modo), que plantea un avance paulatino y sin retrocesos, en el que se eliminen las contradicciones entre capital y trabajo.

Esta última visión es la que este gobierno ha impulsado desde el 1º de marzo de 2005, y en la que he intentado aportar mi granito de arena desde la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, que tengo el alto honor de integrar.

Fue así que en este gobierno, como ninguno de los gobiernos post dictadura, se aprobó una serie de leyes que han ayudado a modernizar, actualizar y restablecer el equilibrio en las relaciones laborales; equilibrio que se había perdido en forma sistemática en la década pasada, debido a sucesivas desregulaciones y leyes de flexibilización laboral.

Es así que hoy en día, luego de 15 años, se ha vuelto a instalar los Consejos de Salarios, fue aprobada y está vigente la Ley de Fuero Sindical, después de casi 100 años fueron reglamentados el trabajo doméstico y el rural, se ha avanzado en la adecuación de nuestra normativa interna a la de la OIT, y hay otros proyectos que están a estudio en las dos comisiones laborales del Parlamento.

Pero además, y pese a críticas que desde la oposición y sectores empresariales se manejaron, en estos 4 años y pico de gobierno el desempleo no paró de bajar y los salarios reales aumentaron.

Todo ello con la nueva forma de relaciones laborales que pretendemos impulsar.

Sin embargo estos logros, tan largamente anhelados, no tienen el carácter de definitivos.

Es que con el surgimiento de la crisis mundial nuevamente han comenzado a escucharse voces que critican la «excesiva» regulación y reglamentación del mercado de trabajo, vuelven a viejos argumentos que sostienen que la normativa laboral entorpece la contratación de mano de obra porque «encarece» los costos. Nada nuevo bajo el sol.

Hablan de la complementariedad entre capital y trabajo, sin embargo, apenas se vislumbra una crisis, su reacción instintiva es pedir menos derechos laborales y más flexibilización. Lucha de clases en versión liberal.

Con ese discurso pretendidamente «racional» que apela a los costos que supuestamente genera la intervención del Estado en el mundo de las relaciones laborales, y al más emotivo que sostiene los puestos de trabajo que supuestamente se pierden por los mismos, pretenden generar una corriente de opinión ­entre los trabajadores inclusive­ que sea favorable a sus intereses, muy legítimos y respetables, pero en definitiva de ellos, por más que los quieran presentar como un interés nacional.

Para comenzar, habría que informarles a quienes así opinan que la actual crisis no se produjo a causa de un elevado costo de la mano de obra. ¡No! La crisis actual tiene su origen en Estados Unidos y fue producto de la especulación financiera.

Para seguir, habría que recordarles que el argumento que ahora manejan fue el mismo que manejaron (ellos mismos, o gente que pensaba de similar modo) en la década pasada; y cuáles fueron los resultados de la desregulación laboral: desde el año 94 comenzó un proceso de concentración de la masa salarial favorable a los poseedores del capital y contrario a los trabajadores (que es honesto reconocer, no hemos podido revertir en el actual período), hasta el año 98 creció el PBI pero se distribuyó cada vez peor; no se generaron muchos puestos de trabajo, y los que se generaron en general fueron de mala calidad, pero era más fácil despedir trabajadores; aumentó considerablemente la cantidad de trabajadores en «negro», que no tenían cobertura social frente a cualquier imprevisto o desgracia (el despido, un accidente, el cierre de la empresa, etc); se desincentivó la actividad sindical y el salario de los trabajadores fue usado como variable de ajuste frente a la crisis anterior.

Como vemos, entonces, con la desregulación laboral en la década pasada no se generaron ni más ni mejores empleos, los salarios disminuyeron, y lo único que aumentó fue la cantidad de quienes no tenían acceso a la protección social.

Eso sucedió tanto en un contexto de crecimiento de la economía (comienzos de los 90 hasta 1998) y en contexto de crisis (años 1999 a 2003).

Y la otra cosa que generaron esas políticas fue un aumento continuo y sostenido en el tiempo de la concentración de la riqueza a favor de los propietarios de capital en detrimento de los trabajadores.

Por estas, y seguramente otras razones más, es que tenemos que salir a responder a las voces críticas que ahora presentan como «novedad» frente a la crisis recetas ya conocidas y caducadas, exitosamente ineficaces en sus resultados.

Muy por el contrario, lo que debemos hacer es profundizar la regulación y las relaciones laborales: transitar el camino ­más difícil, pero a la larga más constructivo­ de la negociación colectiva, de buscar alternativas que no pasen exclusivamente por usar el salario de los trabajadores como primera variable de ajuste, cuando no lo es su puesto de trabajo directamente, de articular, discutir, negociar, plantear alternativas.

Y, fundamentalmente, de no empeorar la situación de algunos, para intentar mejorar la situación de otros, que es una medicina que ya probamos y mostró su ineficacia.