Nuestras relaciones con Argentina

Desde el fondo de la historia entre Uruguay y Argentina se registraron tensiones, controversias, incluso agudos conflictos, pero a la larga prevaleció un sentimiento de hermandad, como dos amigos íntimos que, cuando tienen divergencias, son conscientes de que subyace un vínculo indestructible, el cual, en este caso, se condensa en la palabra «rioplatense».

En los últimos años vienen reiterándose episodios por todos conocidos, el último de los cuales derivado del Decreto del 8 de mayo de la Comisión Nacional de Valores del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina, que agrega un artículo 8º del Capítulo XXII ­Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo­ de las Normas (N.T. 2001 y mod.) que ­para mencionarlo de la manera más sintética posible­ limita las operaciones de determinadas categorías de sujetos en función de su domicilio o residencia y restringe ciertas operaciones que se desarrollan dentro del ámbito de la oferta pública, salvo que el organismo de su jurisdicción de origen haya firmado un memorando de entendimiento, cooperación e intercambio de información con la precitada Comisión.

Más llanamente ­algo conveniente dado el ropaje legal de estilo para mi gusto «barroco» adoptado en la redacción del Decreto­, el primer aspecto se refiere a países de los llamados «paraísos fiscales» que, en cuanto a Uruguay se refiere, Argentina limita a las SAFI (ya en 2001 Argentina las incluyó en la lista de jurisdicciones de baja o nula tributación). De todos modos, las SAFI uruguayas habrán de desaparecer en 19 meses. En cuanto al segundo aspecto, que en sí mismo es más trascendente, afectaría, al parecer, a un número limitado de sujetos.

Hay quienes opinan que las repercusiones registradas son exageradas y el presidente del Banco Central expresó, según la prensa, que no hay que dramatizar y no cree que (el tema) sea un elemento de preocupación. Esto pareció avalado cuando se anunció que los países integrantes del Mercosur, en el ámbito del subgrupo con competencia en asuntos financieros, suscribirían un memorando para intercambiar información pero supeditado a que esto no viole la legislación ni afecte el interés público.

Cuando ya se daba el problema por superado, dos días más tarde del anuncio anterior, trascendió que el gobierno argentino desconocería el memorando precisamente por estar sujeto al ordenamiento jurídico de cada país y al momento de escribir estas líneas se anunció que «de todas maneras Uruguay planteó su compromiso de intercambiar información como si el convenio estuviera firmado». Decisión inteligente en el entendido ­y esto va por cuenta nuestra­ de que mantendrá en pie las salvaguardas del preacuerdo del subgrupo financiero del Mercosur.

En medio de estos vaivenes, hay razones para preocuparse, las cuales van más allá del episodio en sí mismo. Es notorio que en Argentina hay una profunda crisis de confianza. Obviamente, esto se traduce en una limitada inversión extranjera y una fuga de capitales.

Las autoridades argentinas sabrán si hacen todo lo necesario para crear el clima propicio para atraer inversiones, en el supuesto caso de que este sea uno de los objetivos de su política económica. No es tema en el cual debamos inmiscuirnos.

En cuanto a la fuga de capitales, lo que puede eventualmente llegar a nuestro país es un porcentaje ínfimo en relación al volumen de los retiros, con un aspecto que le da además un matiz de irracionalidad a la controversia dado que los mismos pueden hacerse por múltiples vías. En otras palabras, lo que no se haga vía Uruguay podrá hacerse por cualesquiera de los vehículos legítimos que abundan en el mercado internacional.

Si todo eso fuera poco, y aun en el caso de que Uruguay acceda a estos planteos, ¿qué seguridad hay de que mañana no surgirán otras exigencias? A menudo determinada concesión, en lugar de generar la recíproca, es el punto de partida de un nuevo reclamo, como podrían ser incentivos tributarios, lo que queda del secreto bancario o lo que fuere. Se hace muy difícil, y hasta peligroso, seguir el juego.

Sin comprarnos nuevos problemas, nuestra prioridad es la defensa del interés nacional, el cual puede ser dañado con cada concesión pretérita o futura que no tenga una clara justificación. Que Argentina defienda su interés nacional como lo entienda conveniente, pero no a costillas nuestras. ¿Acaso somos chivo expiatorio de problemas en lo que no tenemos arte ni parte?

También es nuestro interés mantener las mejores relaciones con nuestros vecinos teniendo presente las múltiples pasarelas entre nuestras relaciones bilaterales y la importancia que tiene para el país contribuir a intensificarlas. Todo lo que se haga en ese sentido será bienvenido, pero sin afectar las bases de una política económica que desde la reinstitucionalización democrática ha buscado por todos los caminos crear el clima propicio para atraer inversiones con instrumentos varios, como por ejemplo certeza jurídica, incentivos fiscales, acciones al portador, preservación de una esfera de intimidad inherente a la libertad del ser humano, etc.

Eso se hizo sin desmedro de la sanción de una legislación en materia de lavado de dinero, narcotráfico y materias afines, que fue objeto de reconocimiento por parte de los organismos internacionales especializados y que llevó al límite principios básicos de nuestro derecho penal liberal.

En resumen, prosigamos el diálogo a todo nivel, en forma silenciosa y sin interrupciones, sin olvidar que las relaciones entre Argentina y Uruguay son tema prioritario, pero no más que la defensa del interés nacional, la cual, en determinadas circunstancias ­por lo habitual ingratas­ termina por ser un tema de dignidad.