Cuando la campaña electoral llega al Senado

El Parlamento nacional no escapa al carnaval electoral que vive el país con vista a las internas primero, y a las nacionales, después.

Parece que no bastan la propaganda clásica ni las campañas publicitarias diseñadas por agudos creativos; no alcanzan los jingles pegadizos, los spots, los cortos televisivos; no es suficiente publicar artículos de opinión, ser entrevistado por los medios, o participar en programas periodísticos. No. La oposición –más concretamente el Herrerismo y su aliado, la Correntada Wilsonista, que juntos conforman la UNA– eligió otro escenario donde desplegar toda su pirotecnia y una nueva forma de hacer propaganda electoral.

Ese otro escenario es el Senado; y la nueva forma de hacer propaganda es la que se realiza bajo la inocente apariencia de un llamado a Comisión General a un miembro del gabinete. Nos referimos, claro está, a la instancia del pasado miércoles 27, ocasión en que el ministro de Economía debió comparecer ante el pleno de la Cámara alta.

Nada irregular o extraordinario puede verse en una práctica parlamentaria bastante corriente, sin embargo, tratándose de un proyecto de ley (que finalmente resultó aprobado) que se hallaba a estudio en la correspondiente comisión senatorial, no se entiende muy bien por qué no se convocó al ministro al ámbito reducido de dicha comisión, y en su lugar se montó el circo en el plenario. No es preciso hilar muy fino para colegir que en rigor no se trató del legítimo interés de la oposición de conocer detalles y razones del proyectado aumento de los topes de endeudamiento, sino que hubo allí un propósito claramente destinado a dar a publicidad las críticas que la política fiscal del gobierno genera en los partidos del llano.

El Herrerismo y su aliado usaron, pues, un mecanismo parlamentario para promover un debate a propósito del manejo de la deuda y de la política económica impulsada por el gobierno progresista.

Seguros de la solidez de su argumentación, los legisladores herrero-wilsonistas quisieron poner en aprietos al equipo económico y, por su intermedio, al propio gobierno. Y, naturalmente, quisieron que el circo montado tuviera la difusión deseada. Para ello inventaron una supuesta inconstitucionalidad –rápidamente desvirtuada en el transcurso de la sesión– en que habría incurrido el gobierno al superar un cierto límite de endeudamiento. La inconsistencia y la endeblez de este argumento quedó demostrada cuando el senador Rafael Michelini argumentó que si realmente hubiera existido una violación a la Carta Magna, correspondería promover un juicio político.

Toda la sesión del Senado se convirtió, así, en una suerte de instancia judicial. Convertidos en severos fiscales, los legisladores promotores del llamado a sala sentaron en el banquillo la política económica del gobierno al que atribuyeron imprevisión e imprudencia.

Pero todo el esfuerzo fue vano, ya que el equipo económico exhibió en todo momento una solidez que echó por tierra y tornó inoperante toda la batería preparada por los interpelantes. Y por si esto fuera poco, la carta enviada por Danilo Astori y leída por Susana Dalmás constituyó un resumen inmejorable del comportamiento de la economía nacional desde que asumió el gobierno actual: los logros, el cumplimiento de las metas fijadas, la responsabilidad fiscal, la credibilidad lograda por el país en los ámbitos crediticios internacionales, la implementación de políticas sociales, los aumentos sin precedentes de los recursos asignados a la educación, la salud y la seguridad.

En fin, para concluir y para demostrar que el proyecto de ley que autoriza elevar el límite de endeudamiento no supone ni violación de la Constitución ni un error financiero, basta tener en cuenta que el mismo fue votado favorablemente por los senadores del sector Alianza Nacional.